A pesar de la caída del precio de los minerales, las mineras ganaron millonarias utilidades que superaron la recaudación estatal. Lo curioso: también se inflaron los costos de producción. Especialista asegura que “aprovechando el pánico de la crisis y todo eso, (las empresas) meten mecanismos contables, precios de transferencias, crean costos para declarar utilidades menores”.
Fuente: Convoca
En el Perú, a pesar de los millones que generaron año a año las empresas mineras, los ingresos del Estado por impuesto a la renta no han tenido la misma bonanza económica en la última década. Si se revisa cifras oficiales entre 2004 y 2014, se puede constatar que las utilidades netas de las compañías llegaron a representar hasta más del 44% del valor de la producción minera en 2006 mientras que en ese mismo año el Estado peruano apenas recaudó el 16.8%. Las ganancias de las empresas superan largamente los ingresos del país incluso desde 2011 en que cayeron los precios de los minerales como se puede ver en el último reporte nacional de vigilancia de las industrias extractivas, publicado por el Grupo Propuesta Ciudadana.
El documento que busca responder qué dejó la minería al Perú, fue presentado el 10 de noviembre en una mesa de trabajo que reunió a académicos, representantes de la sociedad civil y de las compañías mineras (Southern, Goldfields y Antamina). Los comentarios estuvieron a cargo del economista y catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, Humberto Campodónico; Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico; Carlos Monge, coordinador regional del Natural Resource Governance Institute y la periodista Milagros Salazar, directora de Convoca.
Uno de los puntos de fondo que cuestiona este reporte es la diferencia entre la ganancia de las empresas y los ingresos del Estado. Epifanio Baca, economista y coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, dijo a Convoca que el “marco tributario de inicios de los 90 prácticamente ha permanecido invariable hasta 2011” sin que el país obtenga “el beneficio que debería”. “El Estado no ha sido consciente de recaudar lo que podía recaudar”, agregó.
El informe, que recogió cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), muestra que en la década analizada, el valor máximo recaudado por impuesto a la renta fue 8 mil millones de soles en 2006 mientras que en 2014 descendió cuatro veces hasta llegar a 2 mil millones de soles, producto de la caída del precio de los minerales.
Sin embargo, Epifanio Baca consideró que la rotunda disminución de la recaudación estatal no se justifica si se toma en cuenta que los precios de los minerales descendieron en un promedio de 30%. ¿Qué puede estar sucediendo? El experto aseguró que la respuesta aún sigue difusa hasta que se logre destapar lo que llamó “la caja negra” de las industrias extractivas, es decir, lo que las empresas están considerando como costos de producción y que se han incrementado en los últimos cuatro años de manera discrecional. Solo Sunat y las propias compañías conocen el detalle de esta información.
Que lo cuenten todo
“Aprovechando el pánico de la crisis y todo eso, (las empresas) meten mecanismos contables, precios de transferencias, crean costos para declarar utilidades menores”, cuestionó Epifanio Baca que elaboró este reporte junto al economista Gustavo Ávila.
Lo que se desconoce – y la mayoría de empresas se oponen a que sea revelado- es el costo detallado de las operaciones. La falta de transparencia no permite un análisis a profundidad respecto a los gastos que declaran las empresas para generar su riqueza. Los especialistas de Propuesta Ciudadana plantean que esta información “debería abrirse” para los ciudadanos.
Si bien las industrias mineras e hidrocarburos no publican información detallada sobre los costos de sus procesos productivos, el Perú forma parte de la Iniciativa para Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), que busca difundir la información sobre los tributos que pagan las empresas mineras y petroleras a los gobiernos. En febrero de 2016, Lima será la sede de la conferencia global de EITI a la que asistirán más de mil participantes. Propuesta Ciudadana, que es uno de los representantes de la sociedad civil en el Perú en esta iniciativa global, impulsará este tema en la agenda junto a otros relacionados al impacto ambiental y social de las compañías.
De acuerdo a las conclusiones planteadas en la publicación de Propuesta Ciudadana, no solo las empresas han debido sincerar sus cifras. La gestión de los recursos en manos de las instituciones públicas (gobiernos regionales y municipalidades) tiene “serias limitaciones”, según Epifanio Baca. A diciembre de 2014, el presupuesto para inversiones de los gobiernos regionales alcanzó los 8 mil 180 millones de soles, un monto que superó en 87% el presupuesto inicial (4 mil 867 millones de soles). Las entidades no han tenido la capacidad para corregir en el camino la fuerte variación de los presupuestos que ha afectado la gestión de las inversiones, sostiene el reporte.
Los investigadores de Propuesta Ciudadana consideran que debe fijarse un tope en el incremento del presupuesto modificado y que el excedente sea transferido a un fondo para que las autoridades locales ejecuten posteriormente la inversión de manera responsable y tomando en cuenta el plan de desarrollo de la región de donde se extraen los minerales.
Durante la presentación del informe, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, planteó que en la distribución del canon (regalías que reciben los gobiernos regionales y locales por la actividad de las industrias extractivas) se priorice a “las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. El especialista también sugirió una medición de eficiencia del gasto.
Obras con fondos públicos
Otro de los capítulos del informe destaca que entre 2009 y abril de 2015, cinco empresas mineras ejecutaron o comprometieron montos de inversión en obras por impuestos en un ranking de diez compañías que se acogieron a este beneficio. Esta modalidad, vigente desde 2008 por la ley 29230, permitió a las empresas financiar y construir obras a cambio de que las autoridades peruanos les reduzcan el impuesto a la renta. En suma, ejecutar proyectos con fondos del Estado.
La lista está encabezada por Southern Copper, empresa que mantiene un conflicto social en la región Arequipa por el cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María que presenta inconsistencias e irregularidades tal como reveló Convoca.
La siguiente empresa minera que aparece beneficiada por esta modalidad es el Grupo Volcan, que agrupa a las compañías con más multas por infracciones ambientales en el sector minero y que ha demandado (a través de su subsidiaria Vichaycocha) a las autoridades peruanas por el cobro del Aporte por Regulación que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) exige para supervisar a estas empresas (ver nota). Completan la lista Antamina, Barrick y GoldFields.
Sobre este punto, la directora de Convoca, Milagros Salazar, puso sobre la mesa la importancia de conocer cuáles son los estándares que maneja el Estado para aprobar proyectos públicos a cargo de mineras (como Volcan) que cuentan con un cuestionado comportamiento ambiental.
