El conflicto de Tía María en Perú, llamado así por proyecto minero del mismo nombre, se ha cobrado ya la vida de cinco personas en más de 60 días de protestas realizadas por los agricultores que dicen se verán afectados por la mina, lo que ha ocasionado que el gobierno peruano decrete el estado de emergencia en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, al sur del país.
Fuente: Global Voices
Antes de revisar los hechos más recientes, demos una mirada a diversas publicaciones que han analizado los motivos de la protesta.
Cuando el paro de los agricultores iba por los 40 días, la revista Actualidad Ambiental publicó en su web un completo informe sobre el conflicto, que incluye la cronología de hechos:
– 2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
– 2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
– 2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
– 2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
– 2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
– 2011-2013 El proyecto es paralizado.
– 2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
– 2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
– 2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
– 2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.
Actualidad Ambiental también reunió para sus lectores la información sobre los principales actores del conflicto, entre quienes están a favor y en contra del proyecto. Entre los primeros están los funcionarios de Southern, la empresa que lidera el proyecto, y los funcionarios del Gobierno central. Y en contra del proyecto enumera los siguientes:
– Jesús Cornejo. Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo.
– Jaime de la Cruz. Alcalde del distrito de Deán Valdivia.
– Richar Ale Cruz. Alcalde provincial de Islay.
– Helar Valencia. Alcalde de Cocachacra.
– José Ramos. Alcalde del distrito de Punta de Bombón.
– Pepe Julio Gutiérrez. Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.
Una pregunta clave que Actualidad Ambiental se hace es ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población? y responden: “por el historial de denuncias ambientales en su contra”:
Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú? En esta nota se ha desarrollado una lista del desempeño ambiental de la empresa desde los años 50.
Concluimos con el informe de Actualidad Ambiental con la siguiente pregunta: ¿En qué puntos Tía María y los pobladores no llegan a ponerse de acuerdo? la respuesta corta es: “que se afectará la agricultura en el valle del Tambo y también se afectará el agua”. A lo cual la Southern responde:
– ¿El proyecto afectará la agricultura del Valle de Tambo?
No. Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no afectarán al valle del Tambo porque el tajo está a 2 km. del poblado más cercano, por la diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la población, porque el material chancado de roca se almacenará en un depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección noreste, dirección opuesta al valle o cualquier centro poblado.
– ¿El proyecto afectará el agua del valle del Tambo?
No, porque se usará agua de mar (desalinizada) para el trabajo de explotación y operación. Además, se menciona que el tajo abierto no afectaría el agua subterránea y que la disponibilidad del agua para la agricultura es de 800 millones de metros cúbicos, de los cuales 500 se van al mar como excedentes y y seguirían estando disponibles para las actividades agrícolas de la zona.
Jorge Páucar, en otro post explicativo sobre el conflicto de Tía María, señala el rol que ha jugado el gobierno central:
La minera Southern Copper se queja de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y cuando Julio Morriberón dijo que Tía María se cancelaba, la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay.
También incide en la falta de credibilidad de la Southern:
La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.
En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica.
Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.
Desde Arequipa, la publicación digital El Buho explora las razones financieras que habría de por medio para que el gobierno no quiera anular el proyecto, y cita al congresista Víctor Andrés Belaúnde:
La huelga se produce el 23 de marzo, al día siguiente la empresa dice que no va, el gobierno corrige dice que sí va. Pasan 30 días con heridos y hasta un muerto, y la empresa emite bonos por 1,500 millones de dólares a 30 años con una taza [sic] de 5,8% para el proyecto Tía María y otros 500 millones para otros proyectos a 10 años a tazas [sic] de 3,6%. Parece que hay empresas peruanas que han comprado esos bonos […] El proyecto lo van a hacer de todas maneras. ¿Nos están engañando? ¿Nos están tomando el pelo? Que digan las cosas de manera verdadera. Yo creo que el Gobierno no nos ha dicho la verdad. El Gobierno está asustado. Va a tener que responder porque la empresa emitió bonos con la garantía del Gobierno”.
No sería ese el único temor del gobierno para detener Tía María. El Buho cita al periodista Gerónimo Centurión quien da una explicación más:
Según el cable de Wikileaks del 20 de enero de este año, el gobierno de Humala, en el marco del acuerdo Trans Pacífico, aceptó que empresas extranjeras que consideran que su inversión está en peligro por protestas de origen ambiental o social (como Tía María), podrían apelar a tribunales internacionales para exigir multimillonarias reparaciones.
Esto no sólo beneficia a las empresas extranjeras frente a las nacionales, sino que les permite pasar por alto el sistema jurídico nacional ya que no requerirían agotar el sistema jurídico interno. […] Parece una ficción. Pero, empresas como la minera Doe Run, amparados en estos acuerdos ya están denunciando al Perú por millonarias sumas.
Concluimos esta primera parte con un video llamado “La verdad de Tía María”, ampliamente difundido en las redes sociales.
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