Las dos muertes de manifestantes durante los más de cuarenta y cinco días de protestas en el sur de Perú es otra demostración de lo que es capaz el poder político para amparar los intereses del sector minero intentando vencer las resistencias populares para la ejecución del mega proyecto minero Tía María.
Fuente: El Comercio
“Nos confirmaron el fallecido y dos heridos, tras violentos enfrentamientos en la ciudad de Mollendo”, dijo el martes a la prensa el ministro Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien aseguró que aún investigan las causas de la muerte.
Se trata de la segunda víctima mortal reciente en las protestas contra el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa (1.000 km al sur de Lima), que se iniciaron el 23 de marzo.
El 22 de abril, un choque con la policía dejó un muerto por bala y una veintena de heridos, lo que desencadenó el relevo de los jefes policiales de la zona. Desde el gobierno nacional se afirma que la policía peruana tiene prohibido utilizar armas letales para el control de manifestaciones, sin embargo es una falsedad que se verifica en dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad.
Para el alcalde de Islay, Richard Ale Cruz, el gobierno quiere imponer el proyecto a costa de vidas humanas.
En las últimas semanas, el gobierno ha invocado al diálogo y ha insistido en que esta inversión cuprífera de unos 1.400 millones de dólares a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, no utilizará el agua del valle ni será una operación que suelte relaves.
Sin embargo, nada ha sido suficiente para detener las protestas, y la policía ha incrementado la presencia de sus efectivos en la zona.
-¿Es viable? –
Ya desde 2009 la población se oponía a Tía María. En 2011 murieron 3 personas durante una protesta contra esas obras, que se declararon inadmisibles. Pero, en 2013, bajo una legislación ambiental más flexible, se le dio luz verde.
“No existe la posibilidad de continuar con el proyecto, no existen las condiciones adecuadas. Es evidente que hay una posición mayoritaria contra el proyecto”, dijo a la AFP el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.
Considera que el gobierno ha reaccionado de forma tardía sobre hechos que ya estaban anunciados.”Promueve el diálogo pero sobre hechos consumados, dice que dialoga pero que el proyecto tiene que ir sí o sí”, agregó.
De acuerdo con el ministro Pérez Guadalupe, en estos últimos enfrentamientos se ha evidenciado “ferocidad en los ataques de los manifestantes”, y aseguró que, bajo el pretexto de una protesta antiminera, se ha atacado a la población y a las comisarías.
Según el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el conflicto se le fue de las manos al gobierno.
“No creo que cancelen el proyecto pero estas protestas le han causado un problema al Estado y a la empresa y que creo que le está causando un problema al Perú”, comentó a la AFP.
-Panorama complicado-
Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De estos, casi el 67% son socioambientales.
Debido a las constantes protestas, a fines de marzo, Southern estuvo a punto de abandonar Tía María, pero el gobierno debió intervenir para evitarlo.
Perú es uno de los mayores productores mundiales de oro y cobre, y la actividad minera es clave para su crecimiento, que en 2014 anotó 2,35%, la tasa más baja en los últimos cinco años. Para el 2015, en medio de este complejo escenario, el gobierno espera que el sector minero crezca un 4%.
“El estado, que busca inversiones, no podía dejar caer Tía María, por eso tuvo que reaccionar. Pero ha entrado en una lucha donde no se ha preparado”, dijo Herrera.
Pero hay quienes piden no tener una “visión catastrofista” argumentando que abandonar el proyecto Tía María golpearía a la economía, pues hay otros proyectos mineros que sí avanzan.
“No es que en el Perú estemos locos y nos opongamos a todos los proyectos mineros. Pero cuando un proyecto no tiene licencia social para operar, no avanza, ni en Perú ni en China”, agregó de Echave.
