En las últimas décadas, América Latina y el Perú en particular, hemos sido testigos del crecimiento acelerado de las industrias extractivas, en particular minería. En Perú, las concesiones mineras crecieron del 7% en 2005 a 22% del territorio nacional en junio de 2014.
Fuente: Mesa de Articulación
No se puede negar la importancia de la minería en el crecimiento económico de Perú. En 2014, luego de tres años de incertidumbre en el sector, el país ha ingresado a una nueva etapa de expansión productiva. En los próximos años se producirá un incremento sustancial en la producción de metales, duplicándose la producción de cobre, con lo que se estima que el PBI de la minería metálica crecerá en un promedio de 7% anual. La importancia del sector minero en la economía se mantiene, a pesar de los menores precios de los metales, de una producción aparentemente estancada[1] y de un aumento de los costos de producción, lo que se ha traducido en una reducción de sus utilidades y por tanto en una reducción de sus aportes tributarios y no tributarios; sin embargo, sus niveles de rentabilidad continúan aún por encima del 30%.
En este contexto y en previsión de los riesgos de desaceleración de la economía, la influencia del sector minero en las políticas públicas se ha incrementado, acompañada de campañas en medios de comunicación presionando al gobierno para que tome medidas referidas a facilitar la inversión, mejorar sus condiciones de tributación y aligerar la gestión ambiental y la mal llamada “tramitología”. En ese marco, en julio pasado se aprobó la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, denominada por la sociedad civil como el “Paquetazo Castilla”.
La norma debilita aún más la incipiente institucionalidad ambiental, por ejemplo restándole competencias a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, condona deudas tributarias, sin hacer distinción entre los grandes y pequeños deudores, amplía innecesariamente el mecanismo de contratos de estabilidad tributaria para las empresas mineras hasta por 15 años y establece mecanismos para acelerar el saneamiento físico legal de las tierras de comunidades campesinas y nativas con la finalidad de facilitar la inversión privada.
No se está tomando en cuenta la estrecha relación entre actividades extractivas y demanda de energía y agua, más aún en un contexto en que el cambio climático nos está afectando directamente.
De esta manera, se vienen afectando los derechos elementales de las poblaciones que se encuentran en los entornos de las actividades extractivas[2]. Los conflictos socio ambientales, a pesar que en los últimos meses han mostrado una tendencia decreciente, pueden nuevamente escalar tanto en número como en intensidad, en la medida en que no se han resuelto las causas estructurales de los mismos.
Sin embargo, los conflictos socio ambientales continúan representando el 50% del total de conflictos y de éstos los conflictos por minería e hidrocarburos alcanzan el 80%, afectando a las poblaciones más vulnerables, de las zonas rurales, campesinos e indígenas, con impactos diferenciados en varones y mujeres, en niños, jóvenes, adultos y personas mayores; sin acceso a servicios básicos y con índices de desarrollo humano por debajo de la media nacional.
Julia Cuadros Falla es Presidenta de la Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo – ANC Perú.
[1] En la medida en que se vislumbra un incremento en la producción de algunos metales como el cobre.
[2]INGEMMET y MINAG, a noviembre de 2012, se estimaba que el 49,6% del territorio de las comunidades campesinas se encontraba bajo concesión minera.
