Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH Filial Matagalpa estuvo presente este 15 de agosto en reunión de convocatoria pública y directa por la Alcaldía de Rancho Grande con la participación de representantes de instituciones del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Alcaldía de Matagalpa, representantes del Proyecto Minero Pavón Rancho Grande, representantes de la iglesia Católica y evangélica organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
Fuente: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
La reunión fue convocada con el propósito de discutir la viabilidad del proyecto minero Pavón Rancho Grande y dilucidar inquietudes sobre el proyecto. No obstante, pese a ser una situación que involucra toda la población según Carlos Siles técnico de la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC), organización de la zona, la convocatoria fue conocida con 15 días de anticipación por aquellos ciudadanos que están a favor de la minería, en su mayoría beneficiarios de pequeños proyectos financiados por la empresa minera, habiendo un trato desigual de aquellos que están en contra de la minería.
Pese a ello, aproximadamente 1500 personas que rechazan el proyecto se presentaron a la cancha del polideportivo de este Municipio, lugar al que también asistieron unos 400 habitantes de comunidades de Rancho Grande y Waslala con camisetas de color verde, pancartas y consignas en favor de la minería. Esta situación generó tensiones entre ambos grupos, lo cual culminó en un enfrentamiento a pedradas, resultando cinco personas con heridas en la cabeza. La situación no pudo ser controlada por los diez oficiales de policía que resguardaban el lugar donde se realizaba la reunión.
Según algunos pobladores entrevistados ya que el día 13 de agosto antimotines, policías y civiles armados impidieron su traslado hacia Managua para pronunciarse en contra de la minería, en el marco del Primer Congreso Internacional de Minería realizado en Nicaragua, el espacio propiciado por la Alcaldía de Rancho Grande fue valorado como la oportunidad para expresar su rechazo pacífico a este proyecto minero.
Asimismo, se entrevistó a pobladores que se manifestaron a favor de la minería quienes afirman ser beneficiarios de proyectos de granos básicos, reparación de caminos, préstamos sin intereses, proyectos de educación, así como la posibilidad de tener trabajo, en un municipio que vive en condiciones de extrema pobreza.
El CENIDH pudo constatar el amplio rechazo de la población de este municipio al proyecto minero, promovido por la empresa minera B2gold. La actividad contó con una amplia población de origen campesino que manifestó su desacuerdo a cualquier concesión minera en la zona. Sin embargo, también es evidente un creciente apoyo a la minería de pobladores en su mayoría beneficiarios de pequeños proyectos promovidos por la empresa minera, es decir, un apoyo mediado o condicionado por un beneficio o la promesa de ser beneficiado.
Los hechos de violencia ocurridos el 15 de agosto en Rancho Grande dejan en evidencia que la falta atención por parte de las autoridades locales y centrales a los planteamientos de la mayoría de la población alimentan una problemática que puede derivar en hechos de violencia mayores, lo que es más grave si se considera la intención de las autoridades gubernamentales de imponer un proyecto que no cuenta con el apoyo de la población.
Para el CENIDH la inversión y generación de ingresos para la población es saludable para el desarrollo local y nacional siempre y cuando no esté reñida con bienes jurídicos de interés mayor. Cualquier obra o proyecto que degrade y/o contamine los recursos naturales es incompatible con cualquier noción de desarrollo sostenible, fundamentalmente cuando afecta los recursos hídricos de un país donde una parte importante de la población carece de agua potable, de ahí que es deber del Estado rechazar este tipo de proyectos que no solo deterioran la calidad de vida de las actuales generaciones sino que comprometen la calidad de vida de las generaciones venideras.
La Constitución señala que Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa cuya soberanía reside en el pueblo por lo que el gobierno nacional, regional y local debe someterse a la voluntad popular. En el caso concreto el CENIDH constató que una amplia mayoría de la población de Rancho Grande se opone a este proyecto. Al respecto, la Ley 217 señala que en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en los municipios respectivos, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, antes de autorizarlos por lo que considerando el sentir de la población el Estado debe rechazar el Proyecto Minero Pavón impulsado por la transnacional B2GOLD.
Por lo antes expuesto, el CENIDH demanda al Estado de Nicaragua se respete la decisión de la población de Rancho Grande. Asimismo, demandamos cumplimiento del gobierno en relación a su deber de proteger y preservar los recursos naturales, pues el apoyo a la actividad minera bajo el discurso de la generación de empleo se contrapone de forma absoluta a este deber.
