No existe desde el Gobierno voluntad política para atacar el problema de la minería ilegal y prueba de ello es la denominada Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, que aprobó el Ejecutivo el pasado 20 de abril.
Fuente: Servindi
Así lo sostuvo Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, en el Foro Agenda Nacional de Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería en el Perú, que se desarrolló el 29 de abril.
Ella señaló que el Decreto Supremo 029-2014-PCM que aprueba la Estrategia lo que hace en la práctica es ampliar los plazos para la formalización, los mismos que según un decreto legislativo del 19 de abril de 2012 debían culminar en un plazo máximo de 24 meses.
Para Cuadros la principal observación a esta estrategia es que no aborda los problemas de fondo que, según ella, tienen que ver con los titulares de las concesiones que no quieren la formalización y con las empresas formales que proveen de insumos a la minería ilegal.
“Lo que está pasando es que los titulares de las concesiones no quieren firmar contratos de explotación porque así pueden alquilar sus concesiones a los ilegales y obtener por lo bajo una regalía o un porcentaje de su producción (…). Les conviene esto a la formalización”, sostuvo.
Indicó que en necesario revisar la política de concesiones mineras y los plazos de su caducidad. Recordó que la Ley establece que si en dos años la concesión no produce, esta revierte al Estado.
Cuestionó en este punto, que lo que señala la ley sea un “cuento chino” ya que el propio Estado le da al titular de la concesión un sinfín de fórmulas para que se siga quedando con la concesión.
El otro tema de fondo que no ataca el gobierno y que merece atención, señala Cuadros, es el de las empresas que abastecen a los informales de insumos como, por ejemplo, explosivos.
“Nosotros hemos hecho un estudio en el que hemos identificado las empresa legales que proveen insumos a los ilegales. Si yo tengo identificado al proveedor, yo me voy contra el proveedor. O sea, el proveedor también tiene responsabilidad por vender a alguien que no está autorizado”, explicó.
Recalcó, además, que estos proveedores están plenamente identificadas por la misma Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Lo mismo sucede con las empresas que venden maquinarias a los mineros ilegales. ¿Quién vende maquinarias Bosch, Cummins, Komatsu, Caterpillar, Volvo?, se preguntó.
Otro aspecto sobre el cual llamó la atención para identificar a quienes trabajan y se benefician con mineral obtenido de forma ilegal, es el de las exportaciones.
Precisó así que en el puesto ocho, algunos lugares a la zaga de empresas como Anatamina o Cerroverde, se ubica la empresa Procesadora Sudamericana. Esta última, curiosamente, no posee ninguna mina, sentenció.
Por todo ello, Cuadros afirmó tajante que “no existe voluntad política para resolver el problema de la minería ilegal, así como para formalizar lo que es formalizable”.
Recalcó al respecto que es urgente abordar diferentes frentes como los cuellos de botella para la formalización, de igual modo el ordenamiento territorial, la zonificación, la consulta previa, la transparecia de la información, erradicación de minería ilegal en todos los ecosistemas frágiles, entre otros temas.
