Londres, 22 de mayo de 2013. Amnistía Internacional denunció “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y torturas y otros malos tratos” por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas contra proyectos mineros en Perú.
En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2012 presentado en Londres, AI también destaca que los progresos sobre casos de violaciones de derechos humanos relativos al conflicto armado interno (1980-2000) “fueron lentos”, y expresa preocupación por la ausencia de consultas con los pueblos indígenas.
Entre otros casos de víctimas de violencia, AI menciona el de seis hombres, uno de ellos de 17 años, que murieron “por disparos presuntamente realizados por las fuerzas de seguridad” en Espinar, departamento de Cuzco, y en Celendin, departamento de Cajamarca, así como el de Nemesio Poma, quien murió en una manifestación contra una empresa minera en Huaraz, departamento de Áncash.
La ONG también denuncia que defensores de los derechos humanos fueron “víctimas de amenazas, detención arbitraria y malos tratos”.
AI destaca los casos de la defensora de los derechos humanos Amparo Abanto, abogada de la ONG local Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y el de Genoveva Gómez, empleada de la Defensoría del Pueblo peruana, quienes fueron presuntamente golpeadas por policías del departamento de Cajamarca.
Ambas habían intentado ponerse en contacto con personas detenidas durante las protestas contra un proyecto minero.
El informe de AI subraya que aunque en mayo el Congreso aprobó legislación que concedía acceso a una reparación para todas las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, al concluir el año esta norma aun no había entrado en vigor.
AI se refiere también a que las mujeres y las niñas encuentran impedimentos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.
La organización humanitaria expresa además su preocupación porque el proceso de consulta con los pueblos indígenas para redactar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios fue “insuficiente”.
El informe de AI recuerda que aunque Perú ratificó en septiembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al concluir el año no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones individuales.
