Los recientes sucesos de Kañaris muestran que los cambios discursivos del gobierno nacional en el manejo de conflictos, con su énfasis en la prevención y el diálogo, no eran más que un ejercicio de retórica para la tribuna. Y que a pesar de los esfuerzos de algunos sectores por encontrar un mejor consenso entre las industrias extractivas, las comunidades y el Estado, lo que sigue primando dentro del gobierno es una lectura conspirativa del conflicto, que tiene como consecuencia la vigencia de una conducta autoritaria y una práctica represiva.
Por Javier Torres publicado en La Mula
No se explica de otra forma la letanía repetida por varios funcionarios del gobierno durante las últimas tres semanas, acerca de la existencia de un plan antiminero que buscaría generar protestas de manera simultánea en distintos lugares del país, liderado por miembros o exmiembros de grupos terroristas como MRTA o el aggiornado SL en su versión MOVADEF, con la siempre dispuesta colaboración de partidos legales como Patria Roja o Tierra y Libertad.
La operación discursiva es la misma de siempre, primero se afirma que hay algún exterrorista liderando la protesta, luego se dice que son grupos terroristas que azuzan a la población y, finalmente, se acusa a prácticamente todos los movilizados de ser terroristas, lo cual lo único que logra es generar un rechazo todavía mayor de quienes se movilizan en contra de la minería y/o en defensa de sus recursos, llámese agua o tierras.
Pero lo que es peor es que luego de las acusaciones vienen las medidas de restablecimiento del orden a través de la fuerza pública, como el desbloqueo de la carretera el día viernes en la zona de Kañaris, que no solo genera la conocida cuota de heridos, sino que ni siquiera puede ser mantenido por más de 48 horas, volviendo las cosas a su punto de inicio, aunque con una mayor animosidad de las partes.
Y aunque desde la oficina del doctor Huaroc se insiste en la necesidad de (re)iniciar el diálogo, los representantes de las comunidades señalan que para ellos no hay diálogo que valga con el gobierno nacional si es que no se incluye en la agenda el debate sobre las concesiones mineras otorgadas por el Estado en los distritos de Kañaris e Incawasi, y si es que la empresa no suspende antes sus operaciones de exploración. Lo cual solo ratifica el alto grado de desconfianza hacia un gobierno al que los comuneros no ven ni sienten como imparcial.
La desconfianza crece cuando no se termina de aclarar desde el gobierno si es que las comunidades campesinas San Juan de Kañaris y Túpac Amaru tienen derecho o no a la consulta previa, para lo cual bastaría con una declaración pública del Viceministerio de Interculturalidad. Sin duda, el pasado y el presente de estas comunidades nos dicen que los pobladores de estas dos comunidades tienen ese derecho, pero haría bien el Estado en definir su posición al respecto.
La lección más importante que nos deja por el momento el conflicto Kañaris es que en tanto el sector energía y minas aparezca del lado de los intereses de las empresas mineras no habrá manera de generar un auténtico cambio ni una reforma que permita que la ciudadanía recupere la confianza en el Estado. Esta reacción del gobierno nacional le hace, además, un flaco favor a otros procesos de negociación en curso como los de Espinar, donde el Ministerio del Ambiente ha buscado –con dificultades y tensiones– crear otro tipo de relación. O incluso para el diálogo que debe darse entre el primer ministro, Jiménez, y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que esperemos no sea boicoteado por quienes al interior del gobierno solo creen en la santa palabra de las empresas mineras.
