El Estado peruano atribuye los conflictos sociales contra la actividad minera en el país a un complot promovido por idénticas estrategias “antimineras”, concluyó hoy el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.
Fuente: EFE y BN Amércas
El Estado peruano atribuye los conflictos sociales contra la actividad minera en el país a un complot promovido por idénticas estrategias “antimineras”, concluyó hoy el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.
El informe elaborado por las organizaciones civiles CooperAcción, Grufides y Fedepaz señaló que este año la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado “no ha variado mucho”, pues la principal hipótesis que maneja es que se trata de un “complot” que sigue el mismo modelo en todas las regiones en que se presentan.
El Observatorio informó que el 19 % del territorio peruano está dado en concesión para la minería y que las principales regiones donde se presenta esta actividad son Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Cuzco, Piura y Junín.
En la actualidad hay 233 conflictos sociales en Perú, de los cuales el 64 % responde a temas socio-ambientales, tal como se califican a las controversias por actividades relacionadas con la minería, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
En la región sureña de Cuzco, conocida también por su atractivo turístico, el informe señaló que hay una clara preocupación por los impactos del ducto minero del proyecto cuprífero Las Bambas y una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado tras las protestas que dejaron dos muertos en la localidad de Espinar.
En esa localidad se formó una mesa de diálogo colegiada que ha diseñado el método de supervisión ambiental, a raíz de las denuncias de contaminación del agua y la tierra con residuos mineros, pero hay sectores que insisten en pedir la anulación del proyecto.
De otro lado, en la región central de Junín, indicó el documento, “aún hay incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito de plomo del Complejo Metalúrgico de La Oroya, a cargo de un administrador judicial tras la salida de la estadounidense Doe Run.
La puesta en marcha del circuito de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la Dirección General de Salud que reportó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones, indicó el Observatorio.
En el caso de la región norteña de Cajamarca, el 78 % de sus pobladores se oponen al proyecto aurífero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha, que fue sometido a un peritaje internacional para comprometer a la compañía a reducir los daños sobre las fuentes de agua en la región.
Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región, y delegaciones de campesinos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín se reunieron en los alrededores de las lagunas al ser impactadas por el proyecto minero.
Aunque las obras del proyecto se han postergado hasta el 2014, el informe señaló que Yanacocha, y su socio estadounidense Newmont, podría hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano en un arbitraje internacional.
Oposición social a minería en Perú se intensifica durante el 2012
La oposición social a los proyectos mineros en Perú alcanzó nuevas alturas el 2012, de acuerdo con la versión 11 del informe del observatorio de conflictos mineros presentado este miércoles en la capital, Lima.
El estudio describió al 2012 como uno de los peores años en términos de conflicto social del último tiempo, y citó casos de alto perfil como el proyecto de US$4.800mn Minas Conga, controlado por la firma con sede en EEUU Newmont Mining (NYSE: NEM), la iniciativa de US$1.500mn Antapaccay de la multinacional Xstrata (LSE: XTE), además de las protestas en la Región Madre de Dios en contra de los esfuerzos del gobierno por legalizar las operaciones mineras ilegales e informales.
“Los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura”, señaló sub directora de la Ong Cooperacción Emma Gómez en la presentación.
“Hace 10 años era impensable que un conflicto minero de una zona apartada del país llegase a las primeras planas de los principales diarios y estuviera presente por varias semanas en casi todos los medios de comunicación”, añadió.
El presidente Ollanta Humala declaró este año que su gobierno pretendía crear una “nueva relación con las empresas mineras” en el país. Sin embargo, las nuevas normas presentadas en el 2012 son solo un punto de partida para lo que realmente se necesita, según indicaron representantes de diversas ONG que participaron en la elaboración del informe.
“Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales”, sostuvo Gómez.
USO DE SUELO
Unos de los primeros pasos para impedir conflictos sociales y garantizar que el terreno se use de manera responsable y sostenible es establecer una ley de uso de suelo, de acuerdo con los representantes de las organizaciones.
Se esperaba que hacia fin de año se elaborara el proyecto de ley de ordenamiento territorial que regule el uso de suelo a nivel nacional, pero este aún no se ha presentado al Congreso.
Una vez que se promulgue, la ley de uso de suelo asegurará que las inversiones sean “responsables”, algo fundamental para evitar futuros conflictos, agregó Gómez.
Ana María Leyva Valera, representante de la ONG local Fedepaz, dijo a BNamericas que al no contar con regulaciones para ordenamiento territorial, los gobiernos regionales, como Piura, están luchando para iniciar el proceso ellos mismos.
Cajamarca es la única región peruana que ha iniciado el proceso de ordenamiento territorial, en tanto que otras nueve regiones están siendo sometidas a un proceso de zonificación ecológica y económica, lo cual antecede al ordenamiento. De acuerdo con Leyva, Piura finalizó la zonificación, pero la falta de regulaciones a nivel nacional ha obstaculizado el proceso.
A noviembre del 2012, más del 19% del territorio nacional de Perú estaba bajo concesiones mineras, lo que en conjunto ocupa casi el 50% de la región de la cuenca Pacífico del país, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
El Ingemmet también reportó un total de 167 conflictos activos en Perú en octubre, de los cuales 123 estuvieron relacionados con temas socio-ambientales.
La versión 11 del informe del observatorio de conflictos mineros fue elaborada por las ONG Cooperacción, Grufides y Fedepaz, y editada por Hiperactiva.
