Con lentitud avanza el diálogo entre la comunidad indígena ngöbe buglé y el gobierno panameño en el interés de llegar a un acuerdo sobre la ley 415, que reforma el código minero.
Fuente: Prensa Latina
14/03/2012. La reunión se reanudará hoy con la mediación de la Iglesia católica, la Universidad de Panamá y Naciones Unidas en su papel de facilitador de las negociaciones que siguen trabadas en el tema de las hidroeléctricas.
Según se dijo, en la jornada de ayer se registraron algunos ligeros avances en la nueva redacción del artículo 5 presentado por los indígenas, el cual es el tema de discordia toda vez que exige la eliminación de las concesiones hidroeléctricas.
El diálogo se ha dividido en dos mesas, una que trata el asunto de la ley propiamente dicha, en particular el artículo 5, y la otra sobre temas técnicos de las hidroeléctricas y su impacto en la comarca, en especial la represa de Barro Blanco sobre el río Tabasará.
Monseñor José Luis Lacunza, obispo de la ciudad de David y vocero de la reunión, leyó un comunicado en el cual se detalla que la mesa que trata la ley analizó una propuesta de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Natural y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesino.
En tanto que en la mesa técnica donde se analiza el proyecto de Barro Blanco, fueron tratados temas específicos relacionados con la naturaleza del proyecto y el estudio de impacto ambiental.
Aunque no se dieron detalles sobre los avances que se lograron, Lacunza dijo que esperan que pronto aterricen para llegar a un acuerdo por el tema minero e hidroeléctrico.
Diálogo minero panameño se estira como una goma
El diálogo entre el gobierno panameño y los representantes de las comunidades indígenas Ngöbe Buglé, iniciado en febrero último, se estira como goma sin llegar a acuerdos y eso está provocando inquietud en las comarcas.
Aunque desde siempre hubo divisiones entre los pueblos originarios, pues el rechazo a la minería y las obras hidráulicas no es unánime pero sí mayoritario, está surgiendo ahora otra dicotomía diferente y más peligrosa para el futuro del diálogo.
Un grupo de indígenas impacientes, liderados por la cacica suplente Mijita Andrade, es partidario de la ruptura de las negociaciones y volver a las acciones de fuerza, en particular el cierre de importantes vías como la carretera panamericana.
Hasta ahora la cacica general, Silvia Carrera, y el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé, Rogelio Montezuma, han podido imponerse a esas presiones y sostener a duras penas las negociaciones.
Estas marchan muy lentamente bajo los auspicios de Naciones Unidas que encabeza su representante residente en Panamá, Kim Buldoc, y la mediación de la Iglesia Católica con el obispo de David, monseñor José Luis Lacunza, y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes.
La piedra de tranca es el artículo 5 de la ley 415 que reforma el código minero, excluido por la Asamblea Nacional dominada por el oficialista Cambio Democrático, lo cual provocó la rebelión indígena de febrero en San Félix, Chiriquí, que terminó con saldo de dos muertos y varios heridos.
Dicho artículo señala concretamente: “Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Nögbe Buglé, áreas anexas territorios y comunidades Ngöbe Buglé fuera de la Comarca y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando acabo dichas empresas”.
Dentro de ese concepto general, las negociaciones se desviaron hacia la represa que se construye sobre el río Tabasará en Barro Blanco, cuyas obras se han ido revalorizando hasta llegar a los 120 millones de dólares y de las cuales ya está en ejecución un 20 por ciento.
Como ninguna de las partes cedía respecto al artículo 5, es decir, ni el gobierno en representación de las empresas privadas, ni la Coordinadora y la cacica en nombre de las bases indígenas, se acordó dividir el diálogo en dos mesas técnicas y sacarlo, además, de los predios de la Asamblea Nacional por falta de garantías.
De esa manera, las comisiones escogieron como sede las oficinas de las Naciones Unidas en la Ciudad del Saber en Clayton, antigua Zona del Canal, y prohibir, además, acceso a la prensa y declaraciones individuales de las partes, sino dar comunicados conjuntos leídos por monseñor Lacunza.
Siguen al frente de las negociaciones por la administración del presidente Ricardo Martinelli, los ministros de Gobierno, Jorge Ricardo Fábregas, y de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, además del presidente de la subcomisión de Comercio de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández.
Desde entonces se ha avanzado poco, lo cual molesta mucho a las bases indígenas deseosas de lograr un acuerdo lo antes posible que lleve tranquilidad a la comarca y aleje los peligros de nuevas represiones si fuera necesario continuar la batalla en defensa de sus fueros.
En cuanto a la mesa técnica que trata específicamente las obras de Barro Blanco, no se ha producido ni un mínimo acercamiento, pues los expertos de Generadora del Istmo (Genisa) la empresa concesionaria, rechazan la idea de reducir el área de embalse, como se les ha sugerido para no afectar zonas anexas a la comarca.
Según ellos, técnicamente es imposible porque ya están realizadas las excavaciones y las maquinarias tienen que operar en profundidades específicas prestablecidas, sobre cuyas reglas y normas ha avanzado el 20 por ciento del proyecto.
Sin embargo, los ngöbes han sido muy transparentes en demostrar, mediante asesores técnicos, todas las irregularidades cometidas por la empresa tanto en el orden técnico como en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, así como con las reuniones sostenidas con caciques no representativos que dieron su aval a Genisa.
Esos caciques, que por ley comarcal respetada por el gobierno no tenían jurisdicción en el caso, fueron castigados por la cacica suplente a la sanción moral muy grave de ser amarrados, según las reglas éticas ngöbes, y apoyada por su superior Silvia Carrera y la Coordinadora.
De tal manera, ante las leyes comarcales el acuerdo de Genisa con ese cacique local carece de validez, con el agravamiento de que la empresa sabía que no estaba tratando con un interlocutor válido, según alegan ambas cacicas.
Los indígenas, en consecuencia, no aceptan las posiciones de los dueños de Barro Blanco ni sus argumentaciones técnicas, y su posición al respecto sigue siendo la contenida en el artículo 5 original.
En cuanto a la mesa que trata la ley 415 en sí misma, y en particular la inclusión del artículo 5, se han registrado acercamientos, sobre todo en lo que respecta al área minera donde las exigencias indígenas se limitan a la comarca y zonas anexas.
Estas últimas son tres y están muy bien definidas en el articulado creado por la comarca hace 15 años, y deben su existencia, entre otras razones, a la población indígena asentada en ellas de vieja data y la influencia que tienen sobre el ecosistema local.
Lo más positivo hasta el momento es el interés entre los negociadores de continuar el diálogo y lograr un acuerdo satisfactorio. El gran problema resulta saber hasta qué punto aguantará la goma que estira la paciencia de las bases. Ojalá esa liga no se rompa si las negociaciones siguen dilatándose.
