Un caso concreto de privatización de la justicia. La minera de capital canadiense Inmet nombró al abogado panameño Paul Bouche como su primer Oficial de Quejas para atender a la población afectada por su proyecto minero. Su finalidad es implementar un “mecanismo de alerta temprana” para rectificar, si es necesario, procedimientos de la empresa, y estará preparado para atender “sin formulismos” a un público que describió como básicamente campesino, afrodescendiente y aborigen. Una interferencia planificada desde las empresa para interferir en el ejercicio de los derechos ciudadanos y el estado como responsable indelegable de su tutela.
Fuente: EFE
15/10/2011. Bouche, en una entrevista con Efe en Ciudad de Panamá, tras llegar de sus oficinas en Coclesito, provincia caribeña de Colón y a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, explicó que apenas lleva un mes en el cargo y ya ha recibido 27 expedientes.
El proyecto de Minera Panamá está en una región de rica biodiversidad, perteneciente al Corredor Biológico Mesoamericano, en el extremo occidental de la provincia caribeña de Colón que colinda con la central de Coclé y abarca 13.000 hectáreas de la cordillera, en el distrito de Donoso, el segundo más pobre del país.
El abogado, de 35 años y con siete de experiencia en derechos humanos con la Defensoría del Pueblo de Panamá, adelantó que colocará buzones para recibir las quejas, atenderá en las oficinas de Inmet, que en este país se identifica como Minera Panamá, instalará “líneas calientes” para escuchar a los denunciantes y abrirá cuentas de correo electrónico.
“Estoy seguro y confiado que podemos hacer la labor encomendada, estoy seguro que no me cercenarán funciones, que no seremos una figura decorativa”, enfatizó Bouche al ser cuestionado sobre la efectividad del sistema para corregir anomalías.
“Hemos visualizado recibir todo tipo de quejas, de las que ya hemos recibido están sobre la extracción de una cantera en el poblado de la Pintada, porque los camiones del contratista no cubren la carga y riegan polvo en el camino, también sobre la interrupción del servicio de distribución de agua, entre otras”, detalló.
Aunque el sistema está creado para recibir las quejas de los vecinos al proyecto minero, el oficial de quejas no descartó que los grupos ambientalistas que se agitan contra la explotación minera también lleguen a utilizarlo.
De acuerdo con Paul Bouche, Minera Panamá es la primera empresa en el país, de cualquier tipo, que emprende voluntariamente este mecanismo de autorregulación y rendición de cuentas.
Acotó que está examinando cómo se desarrolla este servicio en empresas mineras de Colombia y Perú, para aprovechar la experiencia acumulada en la resolución de quejas.
El ejecutivo aseguró que aun no ha determinado “cuánto personal o presupuesto” debe solicitar para atender la gama de asuntos que están bajo su cuidado, porque está todavía “en la fase de inducción y divulgación” del nuevo cargo.
No obstante, señaló que no más llegar al cargo recibió los 27 expedientes abiertos por diversas quejas que la población ha presentado a Minera Panamá contra algunas operaciones de sus contratistas o trabajadores, porque los vecinos ya estaban informados por la empresa del inicio de los trabajos previos a la apertura de la mina, anunciada para 2016.
“Tenemos independencia y autonomía para atender quejas legítimas y resolverlas en 30 días, ya sean individuales o colectivas, anónimas o públicas, con la debida confidencialidad”, apuntó.
Con una inversión proyectada en unos 5.000 millones de dólares en los próximos 30 años, Minera Panamá tiene previsto extraer cobre y oro de esa mina y, según Bouche, no va a usar esta instancia como un mecanismo de mejora de imagen porque ello perjudicaría su credibilidad y arriesgaría su prestigio.
Más bien, añadió, será un “mecanismo de alerta temprana” para rectificar, si es necesario, procedimientos de la empresa, y estará preparado para atender “sin formulismos” a un público que describió como básicamente campesino, afrodescendiente y aborigen.
