Varios cientos de personas manifestaron el domingo en la capital panameña contra las recientes reformas al código minero promovidas por el gobierno del derechista Ricardo Martinelli y pidieron una moratoria a esa actividad, constató un periodista de la AFP.

 

Fuentes: diario El Universal y La Estrella

20/02/2011. Diversas asociaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos mostraron durante una marcha su rechazo a la minería porque «recursos tan vitales como la gente, el agua y la biodiversidad no son negociables», según un comunicado firmado por decenas de organizaciones.

Los convocantes pidieron una moratoria porque «tenemos el derecho a que democráticamente y de manera informada evaluemos y analicemos los riegos, costos y beneficios que podrán producir las explotaciones de metales» y poder optar «por otras formas de desarrollo menos riesgosas y sostenibles».

«La mayor parte del país rechaza la actividad minera metálica a cielo abierto y sobre todo rechaza la forma en que el ejecutivo ha reformado el código minero para ampliar esa actividad a inversiones de gobiernos de otros países en contra de los intereses nacionales», dijo a la AFP Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible.

La semana pasada el Congreso panameño, de mayoría oficialista, aprobó un proyecto gubernamental para reformar el código minero que aspira a incentivar las inversiones extranjeras en la minería metálica a cielo abierto.

Aunque las reformas aumentan las regalías, cánones y multas a las empresas concesionadas, es rechazada por grupos ecologistas, estudiantes, partidos de oposición y etnias indígenas en cuyas zonas se encuentran varios yacimientos.

Solo en el yacimiento de cobre en Cerro Colorado, en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, habría 17 millones de toneladas, equivalentes a tres años de la producción chilena, la mayor del mundo.

Los opositores a las reformas consideran que atenta contra el medioambiente y que constituye una entrega de la riqueza del país a compañías extranjeras.

Según grupos ambientalistas, el 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.

Grupos ambientalistas, indígenas y educadores de Chiriquí salieron ayer a las calles de David a exigir la derogación de la Ley 8 que reformó el Código Minero.

Los ambientalistas advirtieron de los ‘devastadores e irreversibles’ daños que causa la minería al ecosistema, por lo que hicieron un llamado a la población a concienciarse sobre el tema.

‘El Gobierno se va a encontrar con muchos que demandan la derogación del Código’, dijo Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera.

Pero las manifestaciones no cesarán. Para esta tarde, grupos ambientalistas y de derechos humanos convocaron a una marcha multitudinaria en la Cinta Costera. El movimiento empezará a las 3:00 p.m. frente al centro comercial Multicentro (en la avenida Balboa), y recorrerá toda la Cinta Costera.

Asimismo, agrupaciones obreras convocaron a una protesta para hoy, desde el colegio Benigno Tomás Argote hasta el parque de Bajo Boquete, en Chiriquí.

Este jueves 24, los ngöbes realizarán una protesta indefinida en San Félix, a la que se unirán campesinos colonenses, estudiantes bocatoreños y grupos civiles.