Presentado en Conferencia de Prensa, el martes 16 de junio de 2014 en Ciudad de Panamá. La Coordinadora en Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC), el Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE) y miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, considerando el contenido del plan de gobierno de la administración entrante, que se compromete a decretar una moratoria para nuevas concesiones mineras en Panamá y a la revisión de las concesiones vigentes, mineras y energéticas, consideramos que el momento es propicio para sumar voluntades por el bien del país, por lo cual solicitamos la implementación de una moratoria a la actividad de minería metálica en todo el territorio del país, que incluya:
1. La declaración del país como territorio libre de minería metálica a cielo abierto, por ser una actividad que no responde a los intereses de la mayoría del país, causado violaciones a los derechos humanos, insostenible e incompatible con actividades sociales y económicas sustentables.
2. En función de una correcta interpretación de los principios de seguridad jurídica, interés social y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, iniciar el proceso hacia la cancelación de las concesiones de exploración y explotación actualmente vigentes.
3. Obligar a las empresas en operación a reparar hasta el máximo posible los daños sociales y ambientales ocasionados.
4. Cumplir las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos con énfasis a la educación, salud, trabajo, seguridad social y demás derechos, hacia las áreas afectadas o amenazadas por el modelo extractivo minero.
5. Colaborar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país, desde la perspectiva de las comunidades que interactúan directamente con la naturaleza y afectados por conflictos por el acceso y uso de los bienes naturales.
Reiteramos nuestra posición en contra del modelo extractivo minero en Panamá, por las siguientes razones:
1. Las consecuencias negativas de la actividad minera en el plano ambiental, en sí misma y considerando la fragilidad de la naturaleza y las particularidades ambientales de nuestro país.
2. La evidente debilidad legal y política del tema ambiental dentro del marco institucional del país.
3. La relación de la actividad minera con violaciones a los derechos humanos, incluyendo:
a. La utilización de un contexto caracterizado por el incumplimiento de responsabilidades sociales del Estado, en perjuicio de personas y comunidades, para la promoción e inicio de proyectos mineros.
b. El procedimiento inconsulto y en desigualdad de partes para el otorgamiento de concesiones, tal como se encuentra establecido en las normas vigentes.
c. La carga desigual entre beneficios y costos económicos, sociales y ambientales durante y después de la explotación, observable en los antecedentes nacionales y regionales.
4. La valoración de la minería como un problema político, por la desigualdad ya expresada de las partes en los procesos y los efectos diferenciados que tiene la actividad sobre distintos grupos humanos según su posición en la estructura social, reflejando las relaciones desiguales de poder dentro del sistema político y económico.
5. La existencia de actividades económicas alternativas y sustentables, que hacen innecesaria la actividad minera.
Panamá, 16 de junio de 2014.
Ver la propeuesta de Ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en el territorio de la República
