Ciudad de Panamá, (dpa) – El inicio de un debate parlamentario sobre un proyecto de reformas al Código Minero, para impulsar la minería, reactivará a partir del lunes la controversia entre los grupos que apoyan y los que rechazan la explotación de minerales a cielo abierto en Panamá.
Así lo reconocieron este sábado ambientalistas que consideran a la minería como actividad de riesgo para el medioambiente y han criticado la forma en que el gobierno maneja el tema de las concesiones a las multinacionales, al margen de la posición de las comunidades y las voces de los grupos defensores de la naturaleza.
Félix Wing, director ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), adujo que los proyectos impulsados por Petaquilla Gold y Minera Panamá, han generado altos niveles de sólidos suspendidos y elevada turbiedad en las aguas de los ríos cercanos a los proyectos mineros, que sobrepasan los límites establecidos.
La advertencia de Wing se produjo después de que grupos indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé se enfrentaran esta semana en las cercanías de la Asamblea Nacional (Parlamento), en la capital panameña, en un intento por hacer valer sus posiciones sobre la minería.
Los indígenas rechazan que Cerro Colorado, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, sea cedido para la explotación a las multinacionales. El área posee un yacimiento cuprífero tipo pórfido, con unas 1.400 toneladas métricas de reservas de roca mineralizada.
El proyecto de reforma al Código Minero vigente prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de 25 centavos a 100 dólares las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten los recursos minerales y extraigan las riquezas de Panamá.
Para el socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), el paquete de reformas a la minería crea condiciones para “asaltar” y “controlar” los yacimientos de cobre, y “entrega” a otras naciones o a las empresas controladas por ellas, una “parte sensible del territorio nacional”.
Pese a ello, el jurista Pedro Sittón, quien respalda la iniciativa oficial, manifestó este sábado en el programa “Al filo de la verdad”, de la radioemisora KW Continente, que “es falso” que las reformas autoricen la entrega a Estados extranjeros de derechos de explotación minera en Panamá para obtener beneficios económicos.
La ambientalista Raisa Banfield dijo al diario local “La Prensa” que compañías mineras desarrollan una agresiva campaña publicitaria para tratar de convencer a la población sobre las aparentes ventajas de la extracción de minerales. “Están haciendo, literalmente, lavado cerebral de cómo la minería los va a sacar de la pobreza”, subrayó.
Banfield instó al gobierno de Panamá a seguir el camino de Costa Rica, donde ha sido proscrita la explotación minera a cielo abierto, debido a los graves y perdurables daños que causa en las selvas y bosques tropicales.
Por su parte, el economista Juan Jované criticó que fuese adelantado el cierre del período de consultas a la sociedad civil en la Asamblea Nacional, y sostuvo que los cambios propuestos “no van a promover el desarrollo y ponen en riesgo la soberanía” de Panamá.
El primer debate parlamentario sobre proyecto de reformas al Código Minero está previsto para el lunes, y podría ser sometido a algunos cambios.
