Los temores de daños ambientales ante el inminente inicio de una mina a cielo abierto vuelven a retumbar entre los habitantes de Remance, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

Fuente: Entorno Inteligente

Luego de 16 años del cierre de la mina Remance, ocasionado por el desplome del precio del oro en el mercado internacional, una compañía panameña llamada Greenfield Resources Inc. prepara el terreno para reactivar la explotación minera.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) tiene en sus manos la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) que permitiría reabrir el proyecto, situación que mantiene en incertidumbre a los moradores del área, que han manifestado su oposición a la reapertura de la mina.

En el EIA categoría III, la compañía Greenfield Resources, creada en 2011, sostiene que se invertirán 110 millones de dólares en el proyecto que tendría una vida productiva de 12 años.

La empresa obtuvo en 2012, durante la administración de Ricardo Martinelli, los derechos exclusivos para buscar oro en una zona de 2 mil 400 hectáreas.

No es hasta ahora que la empresa muestra lo que sería su plan de negocio, y en el que calcula que para extraer el mineral se instalará una planta con una capacidad para procesar 5 mil toneladas diarias de material, con proyecciones a incrementarla a 7 mil toneladas.

A pesar de que Greenfield Resources tiene derecho sobre 2 mil 400 hectáreas, la compañía asegura que la operación se concentrará en dos fincas con una extensión de 353 hectáreas.

Como los puntos positivos de la reactivación de la mina, la empresa señala la creación de 900 empleos y una mejora en la economía local.

Pero reconocen siete riesgos, como la contaminación y envenenamiento por el desborde de sustancias químicas, pérdida de área boscosa, erosión y sedimentación.

Durante un foro público convocado por la Anam el 8 de mayo, unos 100 moradores reiteraron su rechazo al proyecto. Alicia Hernández, quien reside cerca de la mina, señaló que temen que se produzcan derrames de las aguas contaminadas como asegura ocurrió en la década de 1990.

Hernández acusa a la Anam y a Greenfield Resources de tener entre sus planes hacer el foro sin la presencia de los moradores, ya que asegura que la actividad se anunció apenas un día antes de la convocatoria.

Durante el foro los moradores indicaron que la actividad minera no ha dejado ningún beneficio en la provincia de Veraguas, y pusieron como ejemplo la extrema pobreza que existe en la comunidad de Cañazas, donde también dejó de operar una mina hace más de 15 años.

Olmedo Carrasquilla, vocero de la agrupación Voces Ecológicas, organización que se opone al desarrollo de la minería en el país, indicó que el principal temor de los lugareños es que se contaminen sus fuentes de agua, en especial el río Santa María.

“La gente está alterada, no le importa los beneficios económicos del proyecto, porque fueron defraudados en el pasado”, indicó.

Comenta que las comunidades ignoran el contenido del EIA, porque al ser categoría III solo se podía consultar en la sede principal de la institución en la ciudad capital.

En el estudio ambiental, la compañía señala que en caso de ocurrir un derrame, cuenta con los mecanismos para minimizar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente, y calcula en 1.2 millón de dólares el costo de implementar el plan de mitigación ambiental.

Oro panameño pierde brillo

El valor de las exportaciones de oro cayeron 96.6% en el primer trimestre, según la Contraloría General de la República.

La entidad reporta que entre enero y marzo, se exportó oro por un monto de un millón de dólares, muy por debajo de los 31.2 millones de dólares en igual periodo del año pasado.

La caída estaría relacionada con la paralización de la mina Molejón, en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón.

Trabajadores de la compañía Petaquilla Minerals LTD señalan que la extracción de oro está paralizada desde el 26 de diciembre.