Grandes carteles con frases contra la minería se observan en viviendas de Junín, mientras grupos de policías juegan voley y baraja en la pequeña comunidad en la que varios moradores dicen sentirse incómodos ante la presencia de los uniformados. En realidad, los 220 policías ocuparon la localidad para permitir el ingreso y asegurar la permanencia de personal de la Empresa Nacional Minera, Enami, que pretende explotar cobre y otros metales en la región.
Fuente: El Norte
Resguardo. Los uniformados ingresaron a Junín el 8 de mayo, día en el que sucedió un enfrentamiento entre antimineros y la Policía.
220 policías, según información oficial, ingresaron en la zona de Íntag para evitar contratiempos entre la comunidad y técnicos de la Empresa Nacional Minera, Enami.
Desde el 8 de mayo hasta el pasado jueves 22 los técnicos tomaron muestras de suelo y agua, realizaron el monitoreo de aire, ruido, flora y fauna, además de recibir el criterio de la población; estos datos servirán para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Llurimagua liderado por la Enami, que cuenta y coordinado por la empresa chilena estatal Codelco, la mayor productora de cobre a nivel mundial.
Rechazo. Junín, perteneciente a la parroquia García Moreno, es la única zona poblada que forma parte de las 4 839 hectáreas de la concesión minera.
José Cueva, vocero de la conservación ecológica de Íntag en declaraciones para Ecuavisa, dijo que no existe socialización sobre el proyecto minero en la zona.
“Lo que están haciendo es entrando a ofrecer a la gente obras, infraestructura y camionetas… estamos hablando de un proyecto que va a afectar la vida no solo de una sino de dos o tres generaciones de la zona de Íntag… lo mínimo que puede hacer el gobierno es dialogar”, enfatizó.
Para Cueva, la única salida es la consulta popular para definir cuál es el futuro de la zona de Imbabura, pues al momento se genera división Íntag, sostuvo.
Agregó que un informe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, en 1996, reveló que, de darse la explotación minera a cielo abierto en Íntag se verán afectadas dos sistemas hídricos y una infinidad de pequeños riachuelos y quebradas. “Las consecuencias pueden ser terribles”, aseguró.
Licencia ambiental para explorar. El jefe del proyecto de Llurimagua, Germánico Guilcapi, en entrevista con Diario EL NORTE, explicó que la consigna de los técnicos de la Enami es obtener toda la información base para la elaboración del estudio ambiental.
Comentó que al realizar el muestreo de la opinión en Junín existe un apoyo para el proyecto. “Son 9 familias las que se oponen de las 35 existentes”, agregó.
Sobre el estudio de JICA, Guilcapi dijo que en 1996 no se hablaba del impacto ambiental y que ni siquiera existía el Ministerio del Ambiente.
Al consultarle sobre la protección policial a los técnicos dijo que “aquí (Íntag) fue un sitio sin Dios ni ley, hubo secuestros agresiones físicas… nadie decía nada, nosotros intentemos ingresar dos ocasiones… no se ha podido trabajar de manera normal”, especificó.
Y agregó que el 6 de abril intentaron ingresar pero dos personas fueron agredidas. Aunque finalizó la toma de muestras, los técnicos continuarán en la zona de concesión, mientras se viabiliza el estudio de impacto ambiental que estaría aprobado en el lapso de 4 a 6 meses para obtener la licencia ambiental, con la que se puede iniciar formalmente los estudios de la exploración para obtener información del subsuelo, a través de perforaciones que revelarán si se puede o no realizar la explotación minera en la zona de concesión.
A cielo abierto. De darse la explotación minera tiene que ser a cielo abierto, que significa que las personas podrán observar el hoyo en la superficie.
A lo que se suma la inversión para la perforación; un metro cuesta alrededor de 250 dólares.
“Si hablamos de 10 mil metros son 2 millones y medio de dólares solo para la perforación”, ejemplificó Guilcapi.
Asegura que la población no será afectada y que no existe el mito de la contaminación, “Mucho más va a contaminar una vaca que una máquina de perforación; la ley es muy rigurosa para nosotros”, enfatizó. “Estamos 15 días acá y lo que viene es mucho más interesante”, recalcó.
Califica a los antimineros como pseudo líderes beneficiados por organizaciones no gubernamentales.
Sobre detención. Ileana Torres, esposa de Javier Ramírez, cada semana viaja durante más de cuatro horas desde Junín hasta Ibarra para realizar trámites y apoyar a su esposo Javier Ramírez, detenido desde el 10 de abril. “Es una injusticia y también están violando los derechos humanos, la comunidad está con cuánto policías y no hay necesidad de eso”, enfatizó.
Ileana dijo que los policías solicitaban la cédula e incluso revisaban las pertenencias de personas que ingresaban a Chalguayacu Alto, en García Moreno y Peñaherrera.
Ella dice que además está al frente de la actividad agrícola de su esposo, que se dedicaba a la cosecha de café.
Ya llevó a sus cuatro hijos a visitar a su padre en la cárcel y comentó que les costaba despedirse de él. Ileana asegura que Javier Ramírez, que además es presidente de Junín, no participó en ningún maltrato contra técnicos, pues no se encontraba en el lugar del incidente. Afirmó que a su esposo lo detuvieron en Nanegalito tendiéndole una trampa, mientras viajaba a Quito para asistir a una reunión.
