La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) toma acuerdos con el frente quebequense de organizaciones sociales para que se manifieste en Canadá en contra de Goldgroup a fin de presionar para que la empresa canadiense desista en el proyecto minero Caballo Blanco, además buscan canales de diálogo con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto para exponerle cuál es el riesgo de la minería a cielo abierto.
Fuente:La Jornada
Guillermo Rodríguez Curiel dijo que los miembros de Lavida están convencidos de continuar la lucha, pese a la espada que ha colocado el último decreto de Felipe Calderón (7 de septiembre), que declara que 90 por ciento del territorio es propicio para la minería. Los mineros canadienses ya poseen 37 por ciento de concesión del territorio mexicano.
“La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental mantenemos el espíritu de lucha en alerta y buscamos incidir en el movimiento de Quebec, Toronto y Montreal para movilizar a estas organizaciones a las oficinas de la empresa Goldgroup para exigirle no a la minera Caballo Blanco”, dijo Rodríguez Curiel.
En tanto la abogada Abigail Marín Medina, expuso que el frente quebequense, conformado por organizaciones sociales, lucha para sujetar a que las empresas mineras rindan cuentas sobre sus responsabilidades en el historial de derechos humanos y de sus prácticas ambientales en el extranjero y por mantener el apoyo financiero y político que el gobierno de Canadá les brinda a las empresas mineras oriundas de ese país.
“Nos estamos reuniendo para que exista mayor regulación a la actividad y a las inversiones que están haciendo las empresas canadienses en cuanto a minería en Sudamérica, hay una presión social de los canadienses porque muchos de los jubilados ponen su dinero, se va a inversión, y lo que no saben es que se va a las empresas mineras de Sudamérica; ellos quieren vivir del dinero ahorrado pero no saben cuál es el mal que hacen las empresas canadienses”, dijo.
“Ha habido un gran impulso de los compañeros de la minera San Gabriel con los canadienses, incluso ya ha habido enlaces y foros y visitas de los estados de San Luis, Oaxaca, para conocer el tema de minería. Se tienen enlaces con algunos canadienses y ya tenemos contacto con las organizaciones porque hay un interés porque se apruebe una ley en el Congreso canadiense y además para hacer cruzadas de campañas de información a los canadienses”, sostuvo Marín Medina.
Como antecedente el Frente quebequense, el 27 de octubre de 2010, impulsó la Iniciativa legislativa C-300, intitulada Ley de Responsabilidad de las Corporaciones de Minería, de Petróleo y de Gas en los países en desarrollo, pero fue rechazada por escaso margen en la Cámara de los Comunes bajo la votación de 140 votos en contra y 134 a favor.
En una carta enviada por las organizaciones sociales de Canadá a las comunidades afectadas por la minería canadiense, señalan que “si el proyecto hubiera sido aprobado, habría creado un marco de derechos humanos y de normas ambientales para las empresas extractivas canadienses que operan en países en desarrollo. También hubiera aportado a las comunidades de todo el mundo un mecanismo de quejas. El gobierno federal habría tenido la responsabilidad de investigar las denuncias contra las empresas extractivas canadienses”.
“Si una empresa se encontrara incumpliendo las normas, el proyecto de ley permitiría al gobierno canadiense retirarle el apoyo financiero a esa compañía (por ejemplo, del Fondo de Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) y de retirarle el apoyo político a la compañía (por ejemplo, el de la embajada canadiense en el lugar)”.
Por otra parte, Rodríguez Curiel, señaló que luego que la minera Goldgroup ha pronunciado que continuará su gestión de permisos y autorizaciones con la próxima administración de Enrique Peña Nieto, “estamos buscando una reunión con el equipo de transición para plantearles que asuman el compromiso de defender la naturaleza y exigir que se respete a la soberanía”.
