Como debió hacerlo desde un principio, el gobierno federal canceló el megaproyecto La Pitalla de la empresa canadiense Argonaut Gold, que pretendía explotar oro a cielo abierto en la comunidad de San Antonio, distante 40 kilómetros de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Mientras, otra trasnacional, la estadunidense Vista Gold, quiere sacar dicho metal en la región de Concordia, enclavada en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, a poco más de 30 kilómetros del pueblo mágico de Todos los Santos.
Por Iván Restrepo publicado en el diario La Jornada
Como debió hacerlo desde un principio, el gobierno federal canceló el megaproyecto La Pitalla, que pretendía explotar oro a cielo abierto en la comunidad de San Antonio, distante 40 kilómetros de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. La empresa canadiense Argonaut Gold realizaba ya trabajos de exploración en dicha comunidad, pese a que el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz claramente prohíbe allí actividades industriales. Mientras, otra trasnacional, la estadunidense Vista Gold, quiere sacar dicho metal en la región de Concordia, enclavada en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, a poco más de 30 kilómetros del pueblo mágico de Todos los Santos.
Ambos proyectos han sido oportunamente cuestionados por especialistas y grupos defensores del ambiente, por los daños que causarían a la salud, los recursos naturales y el entorno en general. Destacadamente, por utilizar cianuro en el proceso de obtener el oro.
La minería tóxica recibe el rechazo en todo el mundo y es causa de conflictos, especialmente entre las comunidades y las trasnacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa. No está de más señalar que la península de Baja California se distingue por su aridez. Sorprende entonces que el gobierno federal autorice la extracción de grandes cantidades de líquido destinado a las mineras. Y que no se tenga en cuenta la contaminación que causarían en el suelo y el aire, la afectación a la flora y fauna endémicas, así como a las actividades agropecuarias y turísticas de la región. En esa parte del país está claro que la poca agua que existe debe ser, prioritariamente, para uso humano y para las actividades económicas tradicionales que realiza la población. Por tanto, debe evitarse la contaminación de los mantos freáticos, algo que ocasionan precisamente las mineras durante sus procesos de extracción en los que utilizan cianuro y arsénico. Con el agravante de que sus residuos podrían llegar a las costas del golfo de California y el océano Pacífico afectando su rica y frágil biodiversidad.
Muy negativa es la herencia de la minería en Baja California, actividad llevada a cabo hace siglo y medio de manera irracional. Las comunidades de El Triunfo y San Antonio fueron por décadas emporios mineros que muestran muy bien los daños que ocasiona a la salud de la gente y al medio el uso de sustancias muy tóxicas y peligrosas para extraer metales.
Igualmente crece la oposición a que se permita explotar a cielo abierto los yacimientos de oro ubicados en la mina Espejeras, situada en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla. El proyecto pertenece a la compañía Frisco y se extiende por 100 hectáreas de dicho municipio. Los inconformes alegan que el proyecto causará la contaminación de los mantos freáticos, además de alterar la actividad agrícola y ganadera de la región. Quienes están contra la explotación de Espejeras afirman que las ganancias que obtendrá Frisco (la tercera corporación minera más importante de México) ascienden a 800 millones de dólares
Otra empresa, esta vez canadiense, Almaden Mineral Ltd, anunció que encontró oro y plata en la sierra norte de Puebla, en tierras del poblado de San Miguel Tuligtic, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán. Los opositores a esta nueva explotación minera señalan que el gobierno del licenciado Calderón le dio en concesión a la compañía canadiense casi 90 mil hectáreas para sus trabajos de extracción. La Almaden realiza trabajos similares en yacimientos de Estados Unidos; en México en la mina Trinidad. Para una más, Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, se le negó el permiso. Sin embargo, intenta ganar un juicio de nulidad en el tribunal administrativo de dicha entidad que le permitiría seguir adelante con su proyecto. Si es que la población local lo permite.
Suman cerca de un millón de hectáreas las concesionadas a las compañías mineras en el estado de Puebla durante el gobierno de Calderón. Y una de las más favorecidas es precisamente la citada empresa canadiense. Para disfrazar el origen de su capital hasta utiliza el apellido del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. ¿A quién pretende engañar?
