Organizaciones campesinas y comunidades de la Sierra demandan que la explotación minera no vuelva a reactivarse en el municipio de Chicomuselo, para evitar mayor “depredación” de los recursos naturales, a la vez, consideraron un error haber concedido permiso a la minera canadiense Blackfire.
Fuente: El Heraldo de Chiapas
17/04/2011. El dirigente de la organización Otros Mundos, Gustavo Castro Soto, insistió en que todas las empresas que dañan al medio ambiente deben salir del estado para siempre, y dejó claro que esa región del estado debe ser ejemplo para el país para no aceptar más la explotación mineral que contribuye fuertemente al calentamiento global del planeta.
Mencionó que en el estado existen al menos unos 50 permisos de explotación mineral expedidos por el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público, sin embargo, aunque no todos están siendo explotados en rechazo es generalizado.
Se pronunció a nombre de las organizaciones de la región, por la cancelación de las concesiones y permisos a empresas mineras en carrizal, Ignacio Zaragoza, Niquivil, las Cruces, Tolimán, El Mirador, ejido Motozintla, entre otros, así como los permisos de cambio de uso del suelo y de extracción minera, en la Sierra Madre de Chiapas.
Justificó la resistencia civil de organizaciones y comunidades por el derecho a la vida digna, a vivir en paz, en armonía con la naturaleza, por la importancia en la defensa de los recursos naturales, por la urgencia en la protección de la fauna, por el rescate de los manantiales, por la importancia de la conservación de los ecosistemas.
Insistió que hay una suma de esfuerzos en la lucha por conseguir estos objetivos por parte de las etnias mochó, mame, kakchikel y canjobal, que ancestralmente han mantenido una relación de respeto con la naturaleza, el objetivo central es la defensa de la vida, enfatizó Castro Soto.
También exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alto a los cobros excesivos del servicio eléctrico que encarece la vida en las comunidades rurales marginadas, y ahora con la sustitución de medidores digitales, existe el riesgo de hacer aun más caro el servicio al estado principal generador de este recurso en México.
