En asamblea general de pueblos, la CRAC insta a no permitir el daño al entorno. Presentan organizaciones pruebas que amparan la instalación de mineras de compañías extranjeras.
Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 6 de febrero. Denominado territorio comunitario porque cuenta con el sistema de impartición de justicia de la Policía Comunitaria, a Colombia de Guadalupe se llega desde la carretera Tlapa-Marquelia por un camino de terracería. Por sus calles se pueden apreciar pequeños huertos con árboles de café o bien, a jóvenes cortando las semillas para posteriormente ponerlas a secar bajo el sol. Fue aquí donde se realizó la primera asamblea general de pueblos que le dará cauce a la negativa de instalación de mineras.
Ubicada en La Montaña alta de Guerrero, esta comunidad indígena me’phaa es considerada región prioritaria para la conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en 2009, esa institución efectuó dos programas en Colombia; uno para la conservación de maíz criollo y otro llamado Procodes, en el cual se entregó un subsidio federal para “compensar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
Estos datos contrastan con la situación actual, ya que el gobierno federal ha entregado concesiones hasta por 50 años a mineras para la exploración de áreas que podrían cambiar su uso de suelo.
Taurino Hernández, integrante de la Conanp, asumió como “sería terrible el impacto ambiental que ocasionaría el cambio de uso de suelo en la región”.
Asimismo, aseveró que existen otras afectaciones en La Montaña que deben ser estudiadas y atendidas como la deforestación.
El día se tornó nublado. Algunos indígenas escuchaban los datos proporcionados sobre las mineras; en la comisaría, un grupo de madres de familia fueron convocadas a una reunión de otra índole. Cerca de ahí, otras mujeres preparaba las ollas con huevo y frijoles que se sirvieron a los asistentes entre los cuales se encontraron representantes de organizaciones como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes pronunciaron palabras de apoyo a las comunidades de
La Montaña y Costa Chica.
El coordinador del área educativa del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, informó que se tiene documentado un permiso para trabajo en la mina Francisco Javier, que abarca 15 mil hectáreas en las colindancias de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, concesionadas por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa extranjera Camsim, por 46 años.
Otro caso lo presentan las 47 mil hectáreas otorgadas para la minera Salamera, cuyo nombre del proyecto es Corazón de Tinieblas, que abarca parte de Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro y Acatepec, a la minera Hochschild. También diversas concesiones en municipios de La Montaña y Costa Chica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, aseguró que la presencia de las empresas mineras es un hecho y ejemplificó el caso de Paraje Montero, donde ya se acordó la exploración del territorio. También alertó que de concretarse la explotación minera, desaparecerían pueblos enteros, ya que los trabajos a cielo abierto destrozarían cerros y desplazarían a cientos de personas.
Un comunero de Paraje Montero ratificó que recibieron 90 mil pesos por un contrato de cuatro años para exploración y reconoció también que fue auxiliado por la Procuraduría Agraria.
“La ventaja que tenemos es que somos dueños de la tierra desde una profundidad de 40 centimetros hacia arriba, eso faculta, según la ley, a los campesinos a permitir si entran o no las mineras, aunque tengan concesiones no pueden pasar por encima de la figura de bienes comunales y ejidales”, dijo.
Rosales Sierra avisó que se deben efectuar prontamente las asambleas formales en las comunidades para decir “no” a las mineras, tal como ocurrió en Totomixtlahuaca e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional, aunque reconoció que existe división entre núcleos agrarios que dificulta la organización.
“Como pueblos indígenas amamos a nuestra madre tierra no hemos caído en la cuenta que los pobres estamos desorganizados, el gobierno ha traído sus programas procede, procampo, oportunidades para controlarnos debemos cuidar nuestra hogar” apuntó el sacerdote Melitón.
Pablo Guzmán, coordinador de la Policía Comunitaria CRAC, pidió a los más de 70 comisarios y delegados, así como comisariados de bienes comunales y ejidales asistentes a la Asamblea General “no consentir el irreversible desastre ecológico en la región”.
Asimismo, apuntó que se debería pensar en usar tecnología mexicana con asesoría de gente de la UNAM o del Instituto Politécnico para encontrar una manera de explotación que no dañe la zona: “¿por qué no ha de quedarse la riqueza en esta tierra en vez de que vaya a parar en Inglaterra o Canadá?”.
El 17 de febrero, la CRAC impartirá un taller sobre mineras en la colonia Aviación, municipio de Iliatenco. Convocó también a un encuentro de autoridades agrarias de La Montaña y Costa Chica, para el 26 en Paraje Montero, donde se buscará concretar el no definitivo a las mineras.
