A unos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emita su resolución sobre el cierre de la Minera San Xavier que explota Cerro San Pedro, San Luis Potosí, debido a que opera sin autorización de impacto ambiental, la empresa solicitó un amparo en contra de inspecciones del organismo, a pesar de que está facultado por ley para realizar estos procedimientos.
Fuente: diario La Jornada
29/09/2010. El 22 de septiembre fue admitido el amparo 966/2010-1 que promovió la Minera San Xavier en contra de los actos de Sergio Eduardo Herrera Torres, director general de Inspección de Fuentes de Contaminación de la Profepa. Esto ocurre luego de que del 26 al 28 de agosto, la Profepa realizó una inspección en las instalaciones de la Minera San Xavier.
La empresa canadiense, a la cual hace un año el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó que se le cancelara la autorización de impacto ambiental para continuar la explotación de Cerro San Pedro, obtuvo también la suspensión del acto reclamado, en este caso que la Profepa anule la inspección y sus efectos legales.
Esto implicaría que el organismo, cuyo titular Patricio Patrón ha señalado que la minera debe cerrar por carecer de permiso ambiental, deje de realizar inspecciones en la planta y no tenga ninguna injerencia sobre la empresa minera, informó el grupo Pro San Luis Ecológico.
Explicó que el juez federal que conoce del asunto es el primero de distrito en San Luis Potosí, José Manuel Quistián Espericueta, quien en noviembre de 2009 protegió a la minera en contra de la clausura de la planta realizada por la delegación de la Profepa.
Recordó que existe una demanda de Pro San Luis Ecológico en contra de Quistián Espericueta ante la Judicatura Federal por presuntos actos de corrupción al otorgar el amparo en noviembre de 2009 y permitir a la empresa seguir trabajando. Ante ello, demandó que el juez federal primero de distrito en San Luis Potosí se excuse de ver el caso, dado que está formalmente demandado, y se remita a otro juzgado la demanda de amparo. El 6 de octubre se convocó a la audiencia constitucional y después de ello el juez deberá emitir sentencia.
