Cada 22 de julio en diversas partes del mundo comunidades en resistencia conmemoran el Día mundial contra la megaminería a cielo abierto. Ecuador, Colombia, Brasil, México, son tan solo algunos ejemplos de países que han padecido los efectos negativos de un modelo extractivista de muerte y daño a la Tierra.
Fuente: La Jornada – Guerrero
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en esta fecha las resistencias salen a manifestar y visibilizar su repudio contra la megaminería porque, “justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de selectos empresarios que recurrentemente violan las leyes –sin que existan consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial”.
Guerrero es un estado que es ofertado por el gobierno estatal como una especie de gran lote disponible para inversión minera. En febrero de este año, el gobernador Héctor Astudillo Flores fue designado como vicecoordinador de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
En contraparte, el sábado pasado en territorio comunitario se celebró la asamblea 29 del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) que cumplirá cinco años de existencia. El Consejo es un esfuerzo organizativo que respondió a un primer intento en 2012 por parte del gobierno estatal y federal de turno en una alianza con el entonces rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, para dar entrada a un proyecto de una Reserva de la Biosfera en la Montaña, vista como una estrategia de despojo que conlleva la extracción de plantas endémicas, uso de recursos hídricos y finalmente la terrible devastación e impacto social negativo de la megaminería.
Ya en 2010 la Policía Comunitaria de la Crac-PC rechazó el ingreso de empresas mineras que buscaban explorar el territorio e incluso desarrolló en conjunto con otras organizaciones y colectivos una campaña en contra de la entrada de empresas mineras rechazando los sobrevuelos de helicópteros e incursiones.
Hace algunos meses, hubo denuncias de que militares estaban colocando estacas y placas metálicas en varios cerros de la Montaña, parecidas a las encontradas hace años colocadas por gente de una minera.
Dentro de las participaciones de la asamblea, un investigador resaltó la importancia de la Cosmovisión para los pueblos originarios de la Tierra. Por ejemplo para la gente de las tierras rojas (me’ phaa) descendientes de los Yopes y cuyo caminar llegó incluso hasta el territorio de la actual Nicaragua, el mundo es un ser animado con vida.
A pesar de que la Montaña es una de las regiones más protegidas del país, tomando en cuenta cuestiones como: la lucha legal de la comunidad de San Miguel el Progreso acompañada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dos actas de cabildo abierto (Iliatenco y Malinaltepec) que rechazan la minería así como varios procesos organizativos y comunitarios; la región está en peligro.
Se conoce que actualmente están en trámite nuevas concesiones mineras que abarcarían casi dos millones de hectáreas. Además de las 22 concesiones vigentes, está una alarmante solicitud de nombre Don Julio fracción 1 que pide 550 mil hectáreas. Otra es la 7 leguas fracción 1 que pide 169 hectáreas ante lo cual se sabe que cancelando no se detiene la amenaza al estar vigente el interés de las empresas y los gobiernos por devastar la Tierra para obtener minerales como oro y plata.
Además de las reformas constitucionales, así como a diversas leyes y reglamentos como ha pasado con la ley agraria, de agua y minera para la legalización del despojo que se han desarrollado a lo largo de varios períodos gobernamentales se encuentra un entreguismo en las altas esferas político-empresariales.
Es una tarea de los comisariados de bienes comunales (encargados de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea; de la representación y gestión administrativa del ejido o la comunidad) así como de los comuneros (persona física titular de derechos agrarios quien los posee en común con otros individuos o propietarios), estudiantes y pobladores conscientes informarse, organizarse y tomar en cuenta que las concesiones se autorizan hasta por 50 años renovables a otros 50. Además de estar alertas a la postura del próximo gobierno federal y de los gobiernos municipales para evitar la dañina minería a cielo abierto.
