Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril de 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.
Por Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA
¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitándoles toda prebenda que la industria extractiva exige, para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, las premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad misma de sus territorios?
La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.
La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.
La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública.
La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.
Se aduce que a partir de la reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado.
