Al inicio de la administración del contador Tello al frente del gobierno, las compañías mineras que actualmente operan de forma intensiva en Zacatecas (Peñoles, Frisco, First Majestic, Goldcorp) lo emplazaron de manera urgente a desistir del decreto federal por el que se declararía la zona norte del estado como Área Natural Protegida.
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Fuente: Periódico Mirador
Cerca de 2 millones 577 mil 126 hectáreas a lo largo y ancho de municipios como Villa de Cos, General Francisco R. Murguía, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, serían protegidas por dicho decreto para evitar su explotación económica.
En el mismo perímetro, las empresas extractivas habían proyectado ya en sus ingresos el aprovechamiento de importantes yacimientos de plata, cobre y gas, de nuevo descubrimiento. No transigir, por parte del gobierno local, en el resguardo de la reserva ambiental era prioridad para la agenda de los inversores extranjeros y nacionales.
Los argumentos que sostenían los empresarios no son muy distintos a los que exponen hoy como parte de su defensa ante las cargas impositivas “ambientales”: se limita el crecimiento de la actividad extractiva; se generan menos fuentes de empleos o irremediablemente se pierden. En general: se afecta el crecimiento económico de la región.
Ante la mínima variación del discurso de la iniciativa privada, el gobierno estatal presentó ligeras modificaciones, a tomar en cuenta, dentro de los datos que utiliza en su argumentación. De acuerdo al diario Reforma en su nota del 13 de noviembre de 2016 intitulada “Protegen minera; clausuran reserva” el secretario de Medio Ambiente en Zacatecas, Víctor Armas Zagoya, aseguró entonces que “la minería en Zacatecas, representa 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
El número ahí expuesto contrasta con la declaración que hiciera el mismo secretario el pasado 10 de febrero a la periodista Denise Maerker, en su noticiero radiofónico Atando Cabos, donde contrariaba que la misma actividad apenas sostenía el 28 por ciento del mismo PIB.
Cierto es que la minería se encuentra en los últimos lugares de generación de empleo en Zacatecas -como defendió el representante del gobierno ante la periodista- con respecto a las actividades agropecuarias, el sector automotriz, la construcción, y las actividades turísticas y de servicios, de acuerdo a la investigación “Economía política del despojo territorial Megaminería a cielo abierto en Zacatecas bajo el capital global 1982-2014” del académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Federico Guzmán.
El juego de intereses entre el Gobierno Federal, las organizaciones no gubernamentales, el Gobierno del Estado, y las empresas extractivas concluyó luego el 12 de noviembre de 2016, una vez que Alejandro Tello hubo advertido el amplio consenso que los dueños del capital minero habían conjugado en el tema, y días después de reunirse con el multimillonario mexicano Carlos Slim en la Ciudad de México (el 9 del mismo mes).
Como resultado, se privilegió la explotación mineral por encima de los “ecosistemas, tipos de vegetación, hábitats, especies y servicios ambientales; además de proteger a la región de las Planicies del Altiplano Zacatecano-Potosino y diversas especies de flora; fomentar hábitats adecuados para especies migratorias, 16 especies de aves acuáticas, la paloma de alas blancas y la mariposa monarca, entre otras, así como desarrollar actividades de ecoturismo” según un comunicado emitido también en noviembre por el Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace México, el Centro de Derecho Ambiental, Fundar, México Sostenible, entre otros.
Con la patente de nuevos ingresos estatales por concepto afectación ambiental ante manejos residuales fuera de la norma, los intereses han cambiado de manera drástica y las mesas de acuerdos del gobierno estatal con empresas como Peñoles y Goldcorp perdieron el plusvalor acumulado en los últimos meses del 2016.
Se suma además la planta de mayor extracción de agua potable en Zacatecas, para la producción de cerveza, de capital belga-brasileño AbInBev. De acuerdo a fuentes de gobierno estatal en quienes obran distintas evidencias, la empresa maltera tiene como práctica común el derrame de miles de litros de agua contaminada al aire libre, en distintos municipios zacatecanos.
Durante el desarrollo de la actual coyuntura, el Gobierno Federal será un factor decisivo para el robustecimiento político del proyecto recaudador de Tello. Dar viabilidad y respaldo a la facultad impositiva del estado es un escenario de mayor factibilidad que otorgarle bolsas de recursos equivalentes al total de los ingresos proyectados en dicho impuesto. El limitado dispendio público federal y la elección en el Estado de México son, a su vez, otros elementos que apuntalan la pertinencia de fortalecer la base tributaria estatal.
Tello ha prevenido mayor mesura e institucionalidad en la lucha de fuerzas. El panorama proyectado por sus operadores en Finanzas y Medio Ambiente, le permiten ahora moverse con más calma. El día de ayer en Fresnillo mostró esa solidez.
Rechazar el decreto del Área Natural Protegida le compromete ahora a ganar esta batalla.
