Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
Por Movimiento M4
En El Salvador, al menos cinco activistas comunitarios opuestos a una mina de la corporación canadiense Pacific Rim fueron asesinados entre 2008 y 2011, entre ellos una mujer con ocho meses de embarazo. En Guatemala, once mujeres afirman que fueron víctimas de violación en grupo por parte de las fuerzas de seguridad durante una relocalización forzosa para hacer sitio a una mina de la Skye Resources. En México, en 2008, dos empleados en uniforme de la compañía Blackfire apalearon a un destacado activista opuesto al funcionamiento de una mina. Un año más tarde, este activista resultó asesinado.
El informe del JCAP, un grupo de asistencia legal anexo a la Facultad de Derecho Osgoode Hall, de la Universidad de York, en Toronto, relaciona decenas de asesinatos y golpizas, así como represiones violentas contra los opositores a los proyectos mineros canadienses en la región.
Este informe, titulado “La marca canadiense” [“The Canada Brand”], relaciona acontecimientos ocurridos en trece países entre los años 2000 y 2015. Sus autores subrayan que estos incidentes, si bien terribles en sí mismos, son solo una muestra de la violencia que se perpetra en las minas de propiedad canadiense alrededor del mundo.
“Sabemos que este informe es solo la punta del iceberg”, dice Shin Imai, el profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall que dirige el JCAP. “Debido a las numerosísimas fuentes que es necesario consultar para documentar estos incidentes, no nos ha resultado posible incluir todos los casos de amenazas de muerte, de quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, de desplazamientos forzosos de pueblos indígenas, de denuncias por intentos de asesinato, así como de enfermedades provocadas por la contaminación ambiental, y del trauma sicológico causado por toda esta violencia”.
Las empresas canadienses dominan el sector de la minería en América Latina, y Canadá es el principal país en que es posible encontrar apoyo financiero para los proyectos mineros. El informe del JCAP expone que las actuales leyes y políticas canadienses resultan inefectivas para determinar si puede exigirse responsabilidad a las compañías mineras de este país por los incidentes que se recogen en el informe.
El texto completo de este informe estará disponible en inglés.
Principales hallazgos
En las explotaciones mineras canadienses en América Latina, entre 2000 y 2015:
Se produjeron al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros.
Al menos 44 personas resultaron muertas, y 403 heridas (sin contar las víctimas por accidentes de trabajo).
Más de 700 personas fueron arrestadas o detenidas en relación con hechos ocurridos en torno a las minas canadienses.
Las corporaciones involucradas en estos incidentes solo reportaron 24,2% de las muertes y 12,3% de las lesiones relacionadas con su funcionamiento.
Para mayor información, por favor, contacte con:
Shin Imai (en inglés o español):
simai@justice-project.org; tel: + 647-524-2312
Para comentarios generales:
Professor David Szablowski, Universidad de York, Canadá (Anglais, Español, Français)
davidsz@yorku.ca; tél : + 1-647-463-0735
Lisa Rankin, Rompiendo el Silencio (en inglés o español):
btscoordinator@gmail.com; tel: + 502 4906 5626
Daniel Cerqueira, (en inglés, español o portugués):
dcerqueira@dplf.org
Katya Salazar (en inglés o español):
ksalazar@dplf.org
Fundación para el Debido Proceso, Washington, D.C.
tél: + 1 202 462-7701
ANTECEDENTES
El mundo está tomando nota del mal comportamiento de las
compañías canadienses
Canadá ha sido criticado a nivel internacional por su falta de responsabilidad con respecto a las compañías mineras canadienses. Canadá se destaca por el hecho de tener más grandes compañías mineras domiciliadas en su propio territorio que en cualquier otro país, y 41% de las grandes compañías presentes en América Latina son canadienses.
Cuatro órganos de la ONU han pedido a Canadá que exija responsabilidad a las corporaciones canadienses por sus operaciones en el exterior, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre el particular.
En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Justin Trudeau, en la que solicitan que se cumpla la promesa de la creación de un mecanismo de responsabilidad corporativa.
Las actuales políticas del gobierno canadiense no resuelven el problema
El gobierno promueve la “Marca Canadiense” mediante normas voluntarias, no forzosas, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las dos principales dependencias gubernamentales encargadas de atender el tema de la RSC son la Oficina del Consejero sobre Responsabilidad Corporativa en el Sector Extractivo (CSR Counsellor), y el Punto Nacional de Contacto (NCP, por sus siglas en inglés), ubicado dentro de la estructura de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo. Estas dos dependencias no realizan investigaciones, y tampoco tienen la facultad de imponer directamente sanciones a las compañías, ni de compensar a las víctimas. Su único poder consiste en recomendar la retirada del apoyo de las embajadas canadienses a las compañías.
No hay indicaciones de que se esté realizando actualmente una revisión del comportamiento corporativo, ni existe información disponible sobre si el Consejero sobre RSC ha respondido a las denuncias de violencia, o si está considerando la retirada del apoyo diplomático.
¿Qué importancia tiene este informe?
El presente informe sobre la violencia y la criminalización asociadas a la industria minera, constituye el primer informe que:
Identifica a las corporaciones involucradas, y solicita sus comentarios sobre los incidentes.
Ofrece detalles de los alegatos y de sus fuentes, de manera que cualquier otro investigador puede reproducir nuestras conclusiones.
Metodología
Este informe ha sido corroborado durante los últimos tres años por estudiantes voluntarios de Derecho, quienes emplearon una reconocida metodología para documentar las violaciones de los derechos humanos, incluyendo la localización de al menos dos fuentes independientes que fundamenten cada incidente. Los vínculos web se han preservado mediante el uso del servicio PERMACC de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.
Acerca del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (proyecto-justicia.org)
El JCAP es una organización de abogados voluntarios que brinda apoyo legal a las comunidades latinoamericanas. El presente informe se preparó con el apoyo de estudiantes de varias escuelas de Derecho, incluyendo la Osgoode Hall y las de las universidades McGill y Harvard.
Leer informe completo (en inglés)
