El gobierno mexicano tiene perfectamente identificados los grandes conflictos agrarios, sociales y ambientales que afrontan las comunidades indígenas del país, y en el caso del pueblo wixárika del Norte de Jalisco y de Nayarit, el registro de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (Codipim) del gobierno de la república, que preside Jaime Martínez Veloz, es de cinco asuntos.
Fuente: Milenio
Eso hace que del total de los casos regionales, quince (ocho de ellos en Jalisco), la tercera parte tenga que ver con las comunidades wixaritari de la Sierra Madre Occidental; por clasificación de problemas, predominan los conflictos mineros (seis), seguidos de agrarios, de derechos indígenas, de seguridad y justicia, medioambientales y de construcción de infraestructura. No es un listado exhaustivo, pero da una idea de lo que el gobierno federal tiene en su radar como mayor prioridad. También permite ratificar que el conflicto por la ejecución de las tierras comunales pendientes de reintegrar a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), si es considerado uno de los más importantes, lo que hace inexplicable que a la fecha no se cuente con la intervención del programa de Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
¿Cuáles son los conflictos indígenas más importantes de Jalisco? Para el estado, tres casos tienen que ver con minería; dos, son agrarios, y uno, respectivamente, para proyectos de presa, para discriminación y derechos indígenas, y para medio ambiente.
Minería. Uno, “autoridades comunitarias del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, han convocado a los comuneros a defenderse de las amenazas y acosos de diversas empresas mineras”. Dos, “los habitantes del ejido Tequesquitlán, en Cuautitlán, buscan expulsar a la minera china Gan-Bo de sus tierras. Obtuvieron un amparo que deja insubsistente la autorización de impacto ambiental”. Tres, “el pueblo wixárika acordó sancionar conforme al propio sistema normativo a miembros de la comunidad que faciliten las incursiones mineras. La amenaza minera es tan grave que la asamblea decidió que en caso de reincidencia, a los comuneros se les retirará el predio que poseen”.
Derechos Indígenas. “Protestas de los ejidatarios de la comunidad indígena de Chanquiahuitl, de Cuautitlán, porque se quedó incomunicada, a partir del inicio de la extracción del mineral de los predios Piedra Imán y Cañada Verde”. Proyectos de presas. “Comunidades ubicadas en la región de Los Altos de Jalisco, donde se pretende construir un acueducto y la presa El Zapotillo, se oponen a esta obra porque dañaría el entorno medioambiental y las actividades de campesinos, indígenas y pobladores. Por otra parte, la comunidad Temacapulín ha interpuesto recursos legales debido a que podría quedar inundada si Conagua y el gobierno estatal desacatan la orden de la SCJN de que la Cortina de la presa sea de 80 metros”.
Problemas agrarios. Uno, restitución de Huajimic para la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic. Dos, “Mezcala, Poncitlán, en la ribera del Lago de Chapala; indígenas cocas que han denunciado que empresas inmobiliarias se han apoderado de tierras comunales (10 mil hectáreas). Sostienen un litigio agrario con la empresa Vista del Lago”.
Medio ambiente. “Cientos de integrantes de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, protestan para que la Profepa clausure la construcción de la carretera estatal Amatitlán-Bolaños-Huejuquilla El Alto, hasta que se revisen íntegramente el proyecto y los estudios de impacto ambiental de la obra, emprendida por el gobierno del estado”. Este juicio de amparo ya fue ganado por los huicholes.
Occidente
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