La asociación civil “Voces Unidas por el Agua” urgió a los tres niveles de gobierno mexicano, a ciudadanos y líderes de sectores productivos, a sumarse por la defensa del vital líquido, pues consideran que hoy está bajo amenaza de la minería, una actividad no regulada a pesar de leyes y reglamentos.
Fuente: Noroeste
Los activistas lo expusieron así a las diputadas electas por el sur del estado, y los primeros acuerdos fueron agenda legislativa para armonizar la Ley federal con la estatal; exponer el caso al Gobernador electo Quirino Ordaz Coppel, y sumar a los ciudadanos.
Ayer, en el encuentro privado, legisladoras y activistas reconocieron que la posible contaminación de la minería podría dejar un impacto grave en la salud pública y afectar sectores productivos que dependen del agua, como agricultura, ganadería y pesca.
Coincidieron que las Leyes existen, pero no se aplican.
“Sabemos que el sector minero pone en riesgo actualmente los sectores productivos y queremos ver qué rumbo le queremos dar a Sinaloa, estamos convencidos que juntos lo podemos lograr”, resumió Octavio Loaiza, presidente del organismo social.
El mes pasado, Conselva Costas y Comunidades A.C., denunció posible contaminación en la Presa Picachos de una mina que opera al pie del embalse. La Semarnat y Profepa lo confirmaron, incluso revelaron que existe una averiguaciones abierta por daño ambiental y probable contaminación de agua.
La semana pasada “Voces Unidas por el Agua” también reveló que la mina está clausurada y sigue operando, y hace tres días expuso este tema a diputados locales, donde su exigencia es vigilar, regular y seguir el trabajo de las minas.
Los activistas de “Voces Unidas por el Agua” expusieron también las omisiones en que opera el sector minero, pues hay vacíos legales y las autoridades ambientales no aplican leyes ni reglamentos.
Octavio Loaiza aseguró que el agua genera el 90 por ciento de los empleos en la entidad, pero hoy el recurso está bajo amenaza de la minería no regulada.
La activista Sandra Guido aseguró que la UNAM tiene estudios donde confirma la presencia de metales pesados en presas del estado, desde el norte hasta el sur.
Y la Diputada electa Margarita Villaescusa, sostuvo que las propias autoridades federales ambientales no llegan a las minas por la inseguridad, por el narcotráfico que controla las zonas.