En México existen al menos 37 conflictos mineros en procesos, registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la mayoría relacionados con despojos, daños a la salud, contaminación y derechos laborales, qué en el 70% de los casos, son con compañías extranjeras.
Fuente: Noticias en la Mira
En promedio, el 16% del territorio nacional está concesionado a la minería, en contraste con el 13% de áreas protegidas, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica, iniciativa civil enfocada a la defensa del territorio y conservación del medio ambiente.
Según el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía, entre 2013 y 2014 se otorgaron más de 2, 000 concesiones, este sector contribuye con el 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Durante la presentación del informe “Concesiones de agua para las mineras” realizada por CartoCrítica y Fundación Heinrich Böll en mayo de este año, Llano dijo que en el país:
“Tenemos una ley minera en conflicto de derechos con la ley general de aguas. La ley minera en el artículo 19 delimita los derechos que concede al titular de la concesión donde toda el agua que encuentre durante el proceso de las excavaciones la puede aprovechar, la concede y la regala, de esa agua no tenemos ni idea”.
Las personas que viven en regiones mineras ven vulnerados sus derechos de un medio ambiente sano, protección de flora y fauna, además de contaminación de agua, explicó Elena Villafuerte, integrante del área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC).
Además, los defensores de las tierras y la gente del comisariado ejidal enfrentan amenazas, agresiones y hostigamientos por parte de las empresas, dice Villafuerte.
Aquí una recopilación de los casos más emblemáticos para ProDESC:
1) Ejido La Sierrita, Durango
La comunidad del ejido de La Sierrita de Galena en Durango firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa minera Excellon de México S.A. de C. V. filial de la Canadiense Excellon Resources Inc. con el acompañamiento de ProDESC en el año 2008 que contenía cláusulas sociales, económicas y medioambietales importantes, que no fueron cumplidas por Excellon.
Después varios intentos de dialogar con la empresa y sin éxito al hacer uso de diversos mecanismos internacionales de mediación, en 2013 inició un juicio por rescisión del contrato.
Actualmente el juicio se encuentra en su etapa final y esperamos que la decisión del tribunal sea apegado a derecho y bajo los más altos estándares de derechos humanos.
2) Río Sonora
El derrame de 40 millones de solución de cobre acidulada de la mina Buenavista del Cobre (Grupo México) afectó los derechos y modo de vida de las personas de la región. Las autoridades han sido omisas ante los dalos y la empresa no cumplió con la remediación integral y garantías de no repetición, acusó ProDESC.
Además, los Comités de Cuenca de Río Sonora y su defensa han enfrentado distintos obstáculos para acceder a la justicia.
3) Juchitán, Oaxaca
En 2014, la Secretaría de Energía violó el proceso de consulta para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur.
La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) buscó ampararse contra la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa.
4) Unión Hidalgo, Oaxaca
La comunidad Agraria de Unión Hidalgo, Oaxaca interpuso una demanda de nulidad de contratos en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil.
Los procesos de recuperación de tierras agrarias de Juchitán se encuentran en la etapa final del juicio, en la espera de sentencias.
Proliferación de Inversiones
Desde el Tratado de Libre Comercio, México, abrió la puerta a las empresas trasnacionales y grandes proyectos de inversión. Desde hace 20 años, no hay un marco legal de políticas públicas que proteja a las comunidades agrarias e indígenas del despojo, dijo la investigadora.
“Es muy evidente en el caso de la reforma energética, donde ya se pone de manifiesto que la actividad prioritaria para el uso de la tierra va a ser cualquiera que tenga que ver con hidrocarburos, energía eléctrica o minería. Y está por encima de otras actividades como agricultura o la vivienda o la subsistencia de comunidades” señaló.
No hay nada obligatorio para las empresas, dice Villafuerte, incluso una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que las empresas son sujetas de derechos.
“Las ponen en el mismo lugar que las personas y comunidades. También pueden alegar daños en algún momento por violación a sus derechos, todo este marco legal hace que haya una situación de vulnerabilidad”, destacó.
La investigadora relató a En la Mira que la omisión deliberada por parte del Estado y el fenómeno de la captura corporativa evidencia una complicidad muy clara entre funcionarios del estado y las empresas, para fomentar el despojo entre las comunidades rurales e indígenas.
Hay una omisión deliberada por parte del estado y todo el fenómeno de la captura corporativa del estado donde podemos ver la complicidad muy clara entre funcionarios del estado y las empresas para fomentar el despojo entre las comunidades rurales y las indígenas.
Para exponer los casos de violaciones, ProDESC y Project PODER acompañarán junto con las comunidades buscarán una reunión con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas que realiza una visita oficial por México este 29 de agosto.
