En un nuevo intento para arrebatarles los ricos terrenos del ejido El Bajío, las mineras Peñoles y Penmont acusaron a 11 campesinos de “asociación delictuosa” ya que se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro.
Fuente: Proceso
En el expediente penal 112/2016 que interpusieron las empresas en el municipio de Caborca, Sonora, el pasado 19 de abril, un juez giró órdenes de detención contra 11 ejidatarios por el “robo con violencia” de vehículos mecánicos y robots que estaban en los terrenos del ejido, donde las mineras se habían apropiado de esos terrenos ilegalmente para sacar oro.
Lo absurdo de la demanda es que también se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro, que si se maneja sin equipo puede causar la muerte, y que para moverla se requieren al menos 15 mil camiones cisterna.
“Es un intento más de despojo a los ejidatarios del Ejido el Bajío por parte de Rafael Pavlovich Durazo”, tío de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, de la empresa estadounidense Penmont y Peñoles que dirige Alberto Bailleres, comentó a Apro el abogado Jesús Thomas.
“Al día de hoy ya se les dictó auto de formal prisión a los campesinos que fueron acusados de despojo por Rafael Pavlovich y el mismo juez ordenó la aprehensión por otros cuatro delitos contra seis ejidatarios más”, abundó el abogado en entrevista telefónica.
Especificó que la solución fue sacada por la minera Penmont desde la primera mitad de agosto de 2014, ya que el ejido El Bajío interpuso una denuncia ante la Agencia segunda Investigadora del fuero común de Caborca, con el número de averiguación previa 0987/2014.
“El Ministerio Público se presentó en el lugar y constató que la solución fue sustraída mediante una manguera de más de ocho kilómetros de largo que descargaba el líquido en un planta de la Mina la Herradura, propiedad de Penmont”, dijo Thomas.
“A pesar de la denuncia nunca se hizo nada. Todo quedó en nada, pero ahora que quieren encarcelar a todos los ejidatarios curiosamente el Ministerio Público sí trabaja de manera exprés y usan un delito cometido por la propia minera en perjuicio del Ejido”, condenó.
El abogado destacó que en la orden solicitada para detener a los 11 campesinos no se consigna ni un solo elemento de prueba, “sólo los dichos de la minera”.
“Lo raro es que la Procuraduría General de Justicia del estado le ponga tanto empeño y atención a convertir a las víctimas de despojo en delincuentes, y sean los delincuentes las víctimas y quienes les ordenen qué hacer y actúen por encargo”.
Jesús Thomas recordó que existen 137 homicidios en Sonora en lo que va de 2016; además de muchísimos robos, y no se ve que las autoridades sean tan rápidas para integrar las averiguaciones.
“A casi siete años del trágico incendio de la Guardería ABC no hay nadie sujeto a proceso judicial”, dijo a manera de ejemplo.
Mencionó que el ejido El Bajío y sus ejidatarios son víctimas de la empresa Minera Penmont, S de RL de CV, del Grupo Peñoles, cuyos dueños se aprovechan de la necesidad económica y grado de analfabetismo de los campesinos para ocupar sus tierras y apropiárselas.
