Ante la amenaza de que se extienda la actividad minera en su territorio, los habitantes de este municipio son categóricos en su rechazo, pues 95 por ciento de su superficie fue concesionada a empresas privadas, infringiendo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues no fueron consultados. Por ello establecieron la prohibición de la minería en su estatuto comunal, aprobado por unanimidad hace pocos días.
Fuente: La Jornada
En esta zona de bosques de pino, encino y laurel, donde todavía transitan pumas, jaguares, venados y jabalís, los comuneros tienen, desde hace al menos tres décadas, como principal actividad el aprovechamiento forestal, además de una embotelladora de agua, el ecoturismo y la elaboración de artesanías.
Aunque por largo tiempo fue una comunidad minera, el pueblo tiene ahora conciencia ambiental. Antes no se decía nada, ni siquiera existía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (creada hace 20 años) ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señala Saúl Aquino Centeno, presidente de bienes comunales.
Entre este municipio y la Trinidad está la mina Natividad, de la empresa canadiense Continuum Resources, la cual permanece cerrada desde hace casi 10 años. En 2005, los habitantes de Capulálpam se manifestaron en contra de la actividad minera, porque, entre otras cosas, acabó con 13 manantiales y detectaron que contaminaba el río Natividad con agua proveniente de los desechos peligrosos. En 2007, la Profepa la clausuró temporalmente. El año pasado, los comuneros presentaron un amparo y un juzgado federal suspendió las actividades de la mina, en tanto se resuelve el recurso jurídico.
Alrededor de ella crecieron viviendas y negocios. Ahí viven unas 800 personas, muchas de ellas trabajaban en la mina; son las únicas que apoyan este proyecto. Desde la carretera, la mina luce abandonada. No se distingue movimiento a su alrededor.
De acuerdo con Francisco López Bárcenas, la mina de oro y plata la Natividad comenzó a operar desde el siglo XIX, y a partir de 1993 American Smelting and Refining Company (Asarco), subsidiaria del Grupo México, realizó actividades de exploración minera en la zona.
Los comuneros también se ampararon en contra de las concesiones mineras, ya que a la población, que posee 3 mil 843 hectáreas, no le preguntaron si estaba de acuerdo, pero sí se concesionó la mayor parte de su territorio. No se cumplen acuerdos internacionales porque el artículo 169 de la OIT señala que los pueblos tienen que dar su consentimiento; nosotros no lo dimos, señala Aquino.
Entrevistado en sus oficinas, en el centro del pueblo, explica: estamos bien organizados, es parte de nuestra defensa. Las empresas operan dividiendo a la comunidad; se están matando unos a otros, mientras ellas siguen trabajando. Pero aquí no. La comunidad aprobó el estatuto comunal de manera urgente y éste es la ley del pueblo. Explicó que se trata de un arma de defensa del territorio porque está reconocido por la ley agraria.
Indica que las empresas lo único que dejan a la comunidad es contaminación, y en Natividad la mina la quieren explotar a tajo abierto, lo que afectará los bosques, que son la fábrica de agua, y también dañarán los manantiales que abastecen a la comunidad. Señala que las concesiones que otorgó la Secretaría de Economía tienen vigencia de 50 años.
