40 millones de litros de lixiviados tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre -propiedad de Grupo México- se derramaron en los ríos Bacánuchi y Sonora en el norte de México en 2014. La contaminación afectó a más de 25,000 personas que dependían del agua de los ríos para consumo, riego y sustento. Durante el 2015 y 2016 los afectados presentaron acciones legales en México y en esta nueva acción legal las comunidades buscan respuestas en la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre, la estadounidense Southern Copper Corporation. Southern Copper cotiza en bolsa en Phoenix y es propietaria de varias mineras del conglomerado multinacional Grupo México, el cual a su vez es la minera más grande de México.
Ver también: Derrame minero del 2014 en el Río Sonora está afectando la salud de la población aledaña
Fuente: Earth Rights International
Con la ayuda del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Despacho Jurídico de Lynn Coyle PLLC y la organización EarthRights International (ERI), estas comunidades solicitan el apoyo al tribunal federal de los Estados Unidos de América para su proceso legal en curso.
“Esto es el peor desastre minero en la historia reciente de México. La contaminación cubrió casi 300 kilómetros de río”, afirma Benjamin Cokelet, director ejecutivo de PODER, una organización no gubernamental de América Latina que ha representado legalmente a las comunidades en México. “La gente y los animales se han enfermado, y algunos animales han muerto, así como los cultivos. Las comunidades afectadas buscan respuestas acerca de los responsables y exigen que haya una remediación”.
Durante el 2015 y el 2016 los afectados han presentado una serie de acciones legales en México para intentar que la minera y el gobierno mexicano limpien el derrame y repararen económicamente a las comunidades que durante dos años han continuado sufriendo los impactos.
En esta nueva acción legal las comunidades buscan respuestas en la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre, la estadounidense Southern Copper Corporation. Southern Copper cotiza públicamente en bolsa con sede en Phoenix y es propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado multinacional Grupo México, el cual a su vez es la minera más grande de México y la cuarta cuprífera más grande del mundo. Como empresa matriz Southern Copper tiene información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico.
A través de una ley estadounidense los afectados del derrame pueden solicitar la ayuda del tribunal federal en estas acciones. La ley de Asistencia Legal a una Corte en el Extranjero (FLA, por sus siglas en inglés), 28 USC § 1782, otorga a los tribunales federales estadounidenses la autoridad de recabar documentos y testimonios para ayudar en procesos judiciales en el extranjero. Las comunidades agrícolas y ganaderas afectadas esperan usar estos documentos y testimonios en sus acciones legales en México.
Una serie de factores contribuyeron a la causa del derrame: la falta de una válvula de seguridad para prevenir la fuga, trabajar sin estanques de desbordamiento ni geomembranas impermeables, y no tener permisos ambientales, entre otros. Todos ellos se le pueden atribuir a la falta de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Buenavista del Cobre.
La información que Southern Copper puede proporcionar mostraría no sólo lo que causó el desastre, sino lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables que conducen a él, y si sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños. “Las empresas mineras como Southern Copper mantienen una estrecha vigilancia sobre las operaciones de sus subsidiarias, incluyendo información sobre los lapsos en los protocolos y los permisos ambientales y de seguridad”, dice Marco Simons, el representante legal de ERI.
Los afectados confían que esta información les ayudará a obtener la remediación que han buscado durante los últimos dos años. “Creemos que la información obtenida a partir de la acción FLA será fundamental para apoyar los casos de nuestros clientes en México”, dice Christopher Benoit, el abogado de los afectados.
La acción se denomina In re Application of Alberto Salcido-Romo, Francisco Ramón Miranda, Francisca Garcia-Enriquez, and Oscar Ramírez Gamez for an Order Granting Leave to Issue Subpoenas for the Taking of Discovery Pursuant to 28 U.S.C. § 1782, con número de expediente MC-16-0035-PHX-DLR, ante el Tribunal de Distrito de EUA para Arizona.
contact:
Marco Simons (EUA) (202) 466 5188 x103 marco@earthrights.org
Christopher Benoit (EUA) (915) 532-5544 chris@coylefirm.com
Benjamin Cokelet (Mexico) (646) 593 2390 bencokelet@projectpoder.org
Abril 11, 2016, Phoenix, Arizona
