“El territorio es abajo, arriba”, el territorio no sólo es sólo una parcela de tierra, es el agua, las plantas, los ríos, nuestras familias, nuestros derechos”, coincidieron habitantes de 48 comunidades de Oaxaca y otros países a quienes se les ha violentado su derecho a la información y a la consulta, pues viven en territorios en los que el gobierno federal ha otorgado concesiones mineras sin el consentimiento de sus asambleas comunitarias.
Fuente: Oaxaca Media
A pesar de que el derecho a la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas u originarios está reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Oaxaca existen numerosos conflictos que demuestran que la aplicación del derecho en la práctica todavía no es una realidad para las personas que habitan estos pueblos.
Cerro de las Huertas, 90% concesionado a la minería
Ubicada en la agencia municipal de Ejutla de Crespo, Oaxaca, a tan solo hora y media de la ciudad capital, la población de Cerro de las Huertas reunió a integrantes de 48 comunidades, 30 organizaciones, 2 centros de investigación y 3 radios comunitarias procedentes de los Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo y Cañada, con el objetivo de generar un espacio de reflexión a nivel estatal sobre los desafíos a los que se enfrentan por las minerías.
La población aquí, vive ya el lamentable malestar por el temor del despojo de sus tierras, el daño a los terrenos de siembra y a la salud de las familias.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco Pacheco Barrita, narra que apenas en octubre del 2015 comenzaron a enterarse que la mayor parte de sus territorio está concesionado a empresas mineras, aunque los permisos fueron otorgados cinco años atrás sin que ellos tuvieran conocimiento.
Luego comenzó la falsa idea de que iba a generar empleos dice el comisario.
“Muchos se dejaron convencer por personas extranjeras que les ofrecen dinero, pero no valoran lo verdaderamente importante, la vida de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, nosotros estamos pensando en eso, nos está llegando fuerte y queremos que esto se pare”
“Vienen comprando terrenos a particulares y se empiezan a meter y a meter, comienzan a hacer exploraciones y luego a meter maquinaria”, agrega.
Hasta ahora son 49 mil 743 hectáreas concesionadas, que abarca desde El Tule hasta San José Lachiguiri, todo Valles Centrales, refiere el comisario, quien se ha dado a la tarea de informar sobre las consecuencias de esta empresas en sus comunidades a través de las asambleas comunitarias.
El temor de la población es porque son dos modalidades de minas, a cielo abierto y subterránea que afectaría el agua de la que se proveen, y con la que mantienen vivos sus terrenos de siembra, donde cosechan frutas y legumbres que con las que surten a los mercados en el distrito de Ejutla y Oaxaca.
Pero Cerro de las Huertas no es la única población que se enfrenta a este tipo de proyectos, existen más de 400 concesiones, 35 proyectos mineros, impactando prácticamente las 8 regiones del estado de Oaxaca. Ninguna de estas concesiones y/o proyectos tienen la anuencia de los pueblos y comunidades.
La comunidad de Monte del Toro ubicada también en Ejutla de Crespo denunció en el encuentro al subdelegado de Conciliación Agraria, Alfredo Ramírez , quien mediante engaños y promesas falsas intenta dividir al ejido y exige el respeto a su declaratoria de territorio prohibido para la minería, realizada en noviembre de 2015.
“No vamos a permitir la realización de ningún trabajo o exploración minera en nuestra comunidad” declararon.
En tanto pobladores de Ciudad Ixtepec en el Istmo de Tehuantepec, expusieron en este encuentro su negativa rotunda al proyecto minero impulsado por la empresa Plata Real, Filial de Primero Mining, misma que está presionando a las autoridades para obtener su consentimiento.
De su lado, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. Alto a la campaña promovida por Fortuna Silver para expandir su “proyecto de muerte” en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo.
El Centro de Estudios para la Región Cuicateca (Cerec) denunció que en la región de la Cañada existen 13 concesiones mineras, las cuales han vulnerado el derecho a la autonomía y el territorio. Exigen la cancelación definitiva del proyecto “La Raquelita”, ubicado en el municipio de San Juan Tepeuxila.
Además 14 comunidades chontales de los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita denunciaron que 5 mil 413 hectáreas están concesionadas a las empresas mineras Zalamera y Minaurum Gold, dichas concesiones también fueron entregadas por el gobierno federal sin su autorización, por lo que exigen la cancelación de esos permisos.
A estos proyectos mineros se suman también los proyectos eólicos e hidroeléctricos que a decir de los afectados y organizaciones, son la expresión de un modelo de dominación, basado en la extracción irracional de los bienes comunes de los pueblos, que se sustenta en el despojo, vulnera la autonomía, el territorio y violenta los sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.
La resistencia
Las personas participantes de este encuentro realizado el 29 y 30 de enero, señalaron que las empresas mineras violentan sus derechos utilizando diversas estrategias y mecanismos para confrontar a las comunidades.
Acusaron también que los gobiernos federal y estatal realizan modificaciones legislativas e institucionales en beneficio de los intereses de las empresas trasnacionales tales como el Fondo Minero, dichos cambios -apuntaron- tienen como finalidad el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas.
“A quienes luchan por la defensa de sus territorios se les criminaliza, se les persigue, encarcela y en el peor de los casos se les priva de la vida, el sistema de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron.
Frente a esta problemática común, los representantes de las comunidades señalaron que se organizan por la defensa de sus pueblos “ porque nuestro territorio es arriba, encima, abajo, es el agua, madera, la tierra, árboles, pero también nuestros derechos”.
“Hay que dar la batalla a nivel, regional, nacional y mundial, expuso Francisco Rocael del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala.
“Nuestros territorios sostienen la economía y alimentación comunitaria y regional, los proyectos mineros también amenazan gravemente dichas formas de vida, generan contaminación irreversible”.
“La minería sólo dejó huérfanos, viudas y tristeza en Capulálpam, hay que decir sí a la vida, o a la minería”.
“Debemos desmentir la idea de progreso que promocionan las minerías”, fueron algunas de las expresiones de personas, colectivos y pueblos que este día iniciaron con la articulación de esfuerzos para hacer un frente estatal contra este tipo de megaproyectos a los que han denominado “proyectos de muerte”.
