Los pobladores se oponen al proyecto de Ricardo Salimas por las consecuencias del impacto ambiental
MÉXICO – A Ricardo Salinas Pliego, uno de los mexicanos más ricos del mundo, le gusta la minería. Ya tiene una llamada Cobre del mayo en Sonora y desde hace al menos tres años se le metió entre ceja y ceja explotar una de oro a tajo abierto en Baja California Sur a pesar de la oposición de pobladores por las previsiones de desastre ambiental en un área natural protegida.
Pero Salinas –quien además es dueño de TV Azteca, bancos y tiendas para pobres que pagan a plazos- es perseverante.
Primero convenció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que le otorgara el permiso en julio de 2014 a pesar de que el gobierno del estado había rechazado un año antes un proyecto de impacto ambiental que presentó Desarrollo Zepal, su empresa para esta minera que pretende llevar el nombre de Los Cardones.
Luego el proceso se complicó – o enturbió- cuando dos regidores y el secretario del Ayuntamiento de La Paz montaron una sesión falsa de cabildo -poco antes de dejar el cargo- en una sede alterna para autorizar el uso de suelo. “Falsificaron documentos”, apunta Ariel Ruíz, de la Asociación Agua Vale más que Oro.
Toro para que se diera luz verde a la mina que se pretende establecer en medio de una reserva de la biósfera, justo en la Sierra La Laguna, el principal centro de abastecimiento de agua de la región.
Frente a tales irregularidades, el gobernador del estado, Carlos Mendoz,a detuvo en el diario oficial la publicación de ese cambio de uso de suelo, pero ya Salinas (y su equipo) tenían otro as bajo la manga, dice José Farah de Anda, promotor de una iniciativa en la organización Change.org en contra del proyecto que lleva recabadas en los últimos día más de 2,000 firmas que se suman a las 75,000 del rechazo registrado en una consulta ciudadana.
“La Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales propuso agregar al Plan Estatal de Desarrollo el punto de “Desarrollo Minero Sustentable”, observa. “Esto daría a las autoridades pretextos para otorgar permisos de explotación minera tóxica”.
En esas discusiones se encuentra actualmente el estado, entre protestas y un empresario tozudo, discreto –sólo habla del caso a través de sus abogados en tribunales- y que en el último año ha perdido alrededor de 5,900 millones de dólares en otras inversiones no tan lucrativas como el oro.
