Incumplen medidas para paliar ecocidio provocado por minera Buenavista del Cobre, del Grupo México. Ni plantas tratadoras de agua ni hospital para las comunidades cercanas al río Sonora. Niegan apoyo a municipios perjudicados por derrame hace casi un año. Señalan presuntas anomalías en manejo de fideicomiso. La CFE anuncia cortes de energía a pozos de bombeo.

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Fuente: Jornada

A una semana de que se cumpla un año del peor desastre ecológico relacionado con la minería en la historia del país, el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, y los gobiernos federal y estatal no han cumplido su promesa de instalar una sola de las 15 plantas tratadoras de agua en la región ni han construido una clínica de especialidades para atender a los afectados por la contaminación, acusó Pedro Armando Lugo López, presidente municipal de Aconchi.

El alcalde habló con la prensa ayer en el palacio de gobierno estatal, adonde acudió para pedir apoyo económico urgente, junto con los otros ediles de la región del río Sonora, sin que obtuvieran respuesta positiva.

El 5 de agosto de 2014 la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, con sede en Cananea, contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora con 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado que corrieron a través de siete municipios hasta llegar a la presa El Molinito, en el oriente de Hermosillo. Las alcaldías afectadas son Arizpe, Banámichi, Huépac, Ures, Baviácora, San Felipe y Aconchi.

A finales de 2014 Buenavista del Cobre y las autoridades federales asumieron compromisos que no han cumplido, entre ellos el pago de compensaciones a ganaderos, agricultores, comerciantes y jornaleros agrícolas, así como invertir en infraestructura hidráulica para garantizar agua de calidad a los más de 25 mil habitantes de la región.

Para ello se creó el Fideicomiso Río Sonora, con 2 mil millones de pesos, de los cuales, según el edil, no se ha ejercido correctamente ni la mitad.

Según las autoridades federales ya se han hecho más de 10 mil pagos de compensaciones a habitantes de la región por daños a la salud, a la producción agrícola y ganadera y al comercio, pero Lugo López señala que no todos los afectados han sido atendidos y hay decenas de casos en que los recursos llegaron a personas que ni siquiera viven en la región, pero tienen influencias políticas.

No se remedió el río mediante la extracción de desechos tóxicos del lecho, y para colmo tampoco se cumplió la promesa de no cortar la luz a los habitantes que pasaran por penurias económicas: la Comisión Federal de Electricidad ya avisó a los ediles que cortará la energía en decenas de pozos de los siete municipios, por falta de pago, como ya lo ha hecho en decenas de hogares.

Los costos de operación del sistema de agua potable se elevaron mucho a raíz de la contingencia, porque se tuvieron que perforar pozos alejados del río (lo que implicó un aumento en el gasto de energía eléctrica que se factura al municipio). Además, fue necesario contratar pipas que llevan agua a varias comunidades. Todo eso lo pagábamos con participaciones federales que llegan a través del gobierno estatal, pero desde hace meses nos quitan hasta 50 por ciento de ese dinero, dijo Lugo López.

Autoridades y empresa tampoco han construido una clínica de especialidades para los afectados por la contaminación con metales pesados (más de 230, según las autoridades; cerca de 500, según los alcaldes).

Lo más preocupante, consideró, es que no se instaló una sola planta tratadora de agua para separar metales pesados.

Ahora, dijo, la situación es peor que al inicio de la contingencia, en agosto del año pasado, pues los ayuntamientos fueron abandonados a su suerte, la población ha visto mermado su poder adquisitivo por el daño que el derrame causó, y el riesgo de un estallido social es aún mayor.

Sostuvo que cuando se corte la energía eléctrica en los pozos y la gente se quede sin agua serán inevitables las protestas, los cierres de carreteras y la toma de oficinas públicas por pobladores que van a estar enardecidos por un año de mentiras y muy pocas acciones.

Además, mientras organizaciones no gubernamentales señalan que hay pruebas de que habitantes de la región tienen altas concentraciones de metales pesados en la sangre y no reciben atención médica adecuada, el gobierno federal sostiene que no hay evidencias científicas de ello, pero está abierto a recibirlas y analizarlas.

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