La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.
Fuente: Excelsior
En entrevista, el titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que los habitantes de la región tienen todo el derecho de reclamar atención a sus enfermedades, por lo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados con la contaminación de sulfato de cobre y continúan con el tratamiento a los afectados.
“La obligación del que contaminó es pagar, y los vamos a obligar a pagar”, aseguró Arriola, quien informó que hasta el momento se ha detectado a 270 personas con síntomas relacionados con la tragedia ambiental.
Excélsior ha documentado desde el pasado martes las afectaciones causadas por el derrame de desechos tóxicos en el río Sonora y el riesgo de que exista un estallido social como consecuencia en la entidad si no se resuelve la inconformidad de los afectados.
Obligarán a minera a pagar a afectados
Mikel Arriola, titular de la Cofepris, dijo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados con la contaminación del río Sonora; advierte que la empresa deberá resarcir los daños.
Ante la ola de protestas en las comunidades del río Sonora, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que habrá cero tolerancia para Grupo México en su obligación de indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame en la mina Buenavista del Cobre.
El titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, reconoció que los habitantes de la región tienen todo el derecho de reclamar atención a sus enfermedades, por lo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados a la contaminación de sulfato de cobre y continúan con el tratamiento a los afectados.
“De lo que se trata es de localizar, resarcir y dar seguimiento a los daños en salud. La obligación del que contaminó es pagar, y los vamos a obligar a pagar, porque no vamos a tolerar que algún afectado en su salud quede sin resarcimiento”, aseguró.
Arriola Peñalosa dio a conocer que hasta el momento se tienen detectadas 270 personas con síntomas relacionados con la tragedia ambiental ocurrida el pasado 6 de agosto, quienes han recibido en promedio dos consultas médicas.
Se trata de 136 hombres y 134 mujeres, de ellos, 84 son menores de edad (1 a 17 años) y 89 adultos mayores (60 a 89 años).
El titular de la Cofepris destacó que en la primera fase de la emergencia se atendió y pagó entre 15 mil y 35 mil pesos a 37 personas, siendo el caso más grave el de un hombre de 42 años, del municipio de Baviácora, que ingirió agua del río Sonora y tuvo que ser hospitalizado por intoxicación aguda.
“De los exámenes de sangre que nosotros tenemos, de los primeros 37, no hay uno que exceda el plomo en sangre que establece la norma”, señaló.
Explicó que en la segunda fase del operativo epidemiológico instrumentado en el estado, que cuesta a Grupo México tres millones de pesos al mes, se han encontrado otras 233 personas con problemas de la piel, gastrointestinales, oftalmológicos y fuertes dolores de cabeza, que tienen pendiente su pago por parte del Fideicomiso Río Sonora.
Detalló que los enfermos de esta segunda fase se encuentran concentrados en los municipios de Aconchi (65), Arizpe (49) Baviácora (47), Ures (45) Huépac (19) y San Felipe (6), así como dos migrantes sin domicilio conocido.
“La parte de la vigilancia le cuesta al fideicomiso alrededor de 24 millones de pesos”, precisó el titular de la Cofrepris.
Mikel Arriola Peñalosa agregó que en mayo se presentará el proyecto ejecutivo para la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA), que tendrá que financiar la empresa de Germán Larrea, para dar seguimiento a las enfermedades ocasionadas por el derrame minero durante los próximos 15 años.
Indicó que el inmueble estará listo para el segundo semestre de 2015, pero todavía no se define la ubicación, ya que tiene que verse la conveniencia en términos geográficos, de transporte y comodidad para la población afectada, aunque en un principio se dijo que sería abierto en el municipio de Ures.
“Si la lógica y la técnica nos dice que tiene que ser en otro lugar lo vamos a establecer en otro municipio”, adelantó.
Compromisos
En respuesta a los reportajes publicados por Excélsior, el titular de la Cofepris se comprometió a atender personalmente las demandas de la población por la contaminación generada en la mina Buenavista del Cobre.
Mikel Arriola Peñalosa invitó a los habitantes de comunidades que se encuentran a la vera del río Sonora y en la zona rural de Hermosillo, como El Molino, de Camou, Topahue y San José de Gracia, a acudir a las instalaciones provisionales de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA) para recibir atención médica.
“Cualquier reclamo, cualquier derecho de resarcimiento en salud que no se haya cubierto, yo, personalmente, me hago responsable para que eso pase”, manifestó.
Descartó que la llamada “veda electoral” se aplique a los servicios de salud, por lo que dijo que verificará que sean atendidos todos los pacientes en la UVEA, con domicilio en Mariano Jiménez número 8, colonia Alamedas, entre García Morales y Doctor Terán, en el municipio de Ures.
Sobre la probable contaminación en los pozos cercanos a la presa El Molinito, prometió que a partir de esta semana se revisará la calidad del agua y en caso de tener niveles de metales pesados por arriba de la norma se actuará en consecuencia.
“Yo, con todo gusto, lo haré esta semana para que se incluyan los resultados en el monitoreo y los publiquemos periódicamente, y obviamente si tienen algún problema en el rebase de metales pesados contemplados en la norma tomaríamos la medida precautoria de cerrarlos”, resaltó el titular del organismo.
Arriola Peñalosa se comprometió, además, a realizar monitoreos adicionales a los pozos en el Ojo de Agua de Arvayo, en el municipio de Cananea, donde existen denuncias de presencia de tóxicos por las filtraciones y lagrimeos en la zona sur de la presa de Jales, de la minera propiedad de Grupo México.
“En esa zona no hemos tenido nosotros monitores o resultados atípicos, pero podemos redoblar ahí la vigilancia si es el caso”, concluyó.
Proyecto
La Cofepris presentará en mayo el proyecto ejecutivo para la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA), que tendrá que financiar Grupo México, para dar seguimiento a las enfermedades ocasionadas por el derrame minero durante los próximos 15 años.
Desastre ambiental
El daño ecológico en Sonora por derrame de tóxicos es considerado el peor desastre ambiental en el estado:
El 6 de agosto fueron derramados 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora.
Los contaminantes detectados en revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
Autoridades federales confirmaron que hay 270 personas afectadas a consecuencia del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre hacia el caudal del río Sonora, que atraviesa siete municipios con 22 mil habitantes.
El 23 de semptiembre, los pobladores de la cuenca del río Sonora recibieron los primeros pagos para resarcir los daños provocados por el derrame de tóxicos.
