En la comunidad indígena de Zacualpan se han roto los lazos comunitarios; el divisionismo lo trajo consigo una minera que pretendía explotar el oro de la región; también el cacicazgo y, ahora, la defensa del manantial que provee del vital líquido a más de 300 mil personas de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Aunque este territorio ya fue declarado “libre de minería” por la Semarnat, los pobladores se sienten en riesgo hasta que no esté clausurado definitivamente el proyecto vinculado a la empresa Gabfer. Éste es uno de los 34 conflictos registrados en el país por extractivismo, del que ya hay amenazas contra defensores del medio ambiente
Por: Érika Ramírez publicado en Contralínea
Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.
Aquí, enormes rocas interrumpen el paso, inamovibles al primer esfuerzo. Sólo un carril queda libre para el acceso limitado de los oriundos. También hay hombres y mujeres que dicen “no” a la entrada de la zona indígena, menos al ojo de agua y al parque recreativo que desde hace 3 meses no tiene acceso ni al turismo.
Éste es el resultado de lo que trajo consigo la exploración de una mina, de la que se pretendía explotar oro, plata, cobre y manganeso a cielo abierto. Y de la que algunos (a cambio del ofrecimiento de unos miles de pesos) dijeron que sí. Otros, en su mayoría, se opusieron, porque estaban en juego sus tierras, su salud y el manantial que abastece a más de 300 mil personas en Colima y Villa de Álvarez, dos de las grandes ciudades del estado.
Desde el 18 de noviembre pasado, los comuneros llevaron a cabo una reunión en el jardín principal de esta comunidad. La gente ya se había informado de los daños que ocasionaría la explotación de la mina –propiedad de Rigoberto Verduzco Rodríguez, vinculado a la empresa Gabfer, SA de CV–, pues solicitaron la asesoría legal y ambiental de la organización Bios Iguana, cuyos integrantes han sido amenazados desde que se involucraron el este caso.
A 2 años de haberse llevado sesiones informativas y que los lugareños tuvieron mayor conocimiento de lo que traería consigo la explotación de la mina, el 30 de noviembre fue depuesto Carlos Guzmán Teodoro, entonces presidente de Bienes Comunales. Pobladores acusan que se había acercado a ellos para ofrecer recursos económicos a cambio de que fuera aprobada a la instalación de la mina.
En su lugar, por decisión de la mayoría en asamblea, fue nombrado Taurino Rincón Lorenzo, quien comenta a Contralínea que no ha podido ejercer su cargo, pues desde que se depuso a Guzmán Teodoro “un grupo de personas allegadas a él mantienen tomada la entrada al ojo de agua y centro recreativo que hay aquí”.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice en entrevista: “sigue reproduciéndose el patrón de discriminación que persiste en nuestro país. Esta comunidad indígena ha apelado a las leyes, han apostado a hacer valer sus derechos por los recursos legales que hay sobre el agua y la tierra que tienen en común y han tenido que navegar a contracorriente. Primero, contra las autoridades federales, que son las que ocasionaron el conflicto por decisiones unilaterales y arbitrarias de dar concesiones a las mineras sin consultar a las comunidades indígenas”. Taurino y la defensa
Taurino y otros comuneros de la región iniciaron una batalla que no se agota. La exploración de sus tierras para la explotación del oro que hay en el subsuelo los movilizó y acudieron a solicitar la ayuda de defensores del medio ambiente.
Nadie les preguntó si aceptaban la presencia Gabfer. Ninguna autoridad consultó, pese al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas.
Dedicado al campo y a la construcción, Taurino ha descuidado el trabajo que le otorga el sustento económico a él y su familia para defender la tierra y el agua de su comunidad. Sabe que si no lo hace, el futuro de los suyos está en riesgo.
“Estamos en plan de lucha por diversas razones, nos obligaron –como habitantes de la comunidad y como representantes de ésta– a unirnos y oponernos a la gente que quiere que haya un desempeño diferente al que estaba acostumbrada la comunidad, al campo.
“El problema inició por una mina y por una mala disposición que tomó un representante que estaba a cargo de la comunidad, entonces Carlos Guzmán Teodoro. Pese, a que había acuerdos de que se iba a respetar nuestra decisión, de que no queremos minerales ni explotaciones de minas”, comenta.
En el discurso de los empresarios, dice, había ofrecimientos de mejoras a la comunidad, de construir un hospital, medicamentos, doctores, cosas que necesita el pueblo. Pero “nosotros queremos que se nos respeten nuestros derechos y las decisiones que tomamos; y ya decidimos que no queremos la explotación de la mina.
“Ahora el riesgo es que todavía hay concesiones vigentes, estamos a la expectativa, y esto provoca una situación muy tensa. El conflicto no ha terminado y eso nos tiene preocupados, porque ahora también hay que defender el manantial.”
Territorio libre de minería
Gilberto López y Rivas, investigador del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, dice en entrevista que en México hay una invasión permanente de las tierras y Colima es el estado más afectado, pues está concesionado un 44 por ciento de su territorio.
El politólogo y antropólogo, integrante de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan, dice que la situación que viven los indígenas nahuas de esta comunidad “constata la incapacidad política, la falta de oficio y las complicidades del gobierno del estado con el grupo partidario del establecimiento de la mina, y así conservar los recursos económicos y la hegemonía en la comunidad. Estamos viendo lo que podría ser el enfrentamiento no entre dos grupos comunitarios, sino entre toda la comunidad y un enquistamiento de extracción priísta que está profundamente violentada porque ha perdido la hegemonía”.
Zacualpan fue declarado “libre de minería”, de acuerdo con el oficio 1562/ 14, firmado por José Ernesto Pasarín Tapia, delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fechado el 3 de julio de 2014, el documento dice que: “El 27 de junio de 2014, el Tribunal Unitario Agrario determinó que la Asamblea que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2014 celebrada por los miembros de la comunidad [de Zacualpan] cumplió con los lineamientos de la Ley Agraria para declararse válida, en cuya acta de asamblea se decide por unanimidad rechazar el proyecto minero que pretendía instalar Roberto Verduzco Rodríguez, señalando que en dicha asamblea se declara el territorio de la Comunidad, como libre de minería” (sic).
La determinación –de la cual Contralínea posee copia– está dirigida a Guadalupe Carpio Rincón, presidente de la comunidad indígena de Zacualpan, y agrega que la comunicación es “para informar a cualquier inversionista que pretenda ingresar para su evaluación ante esta dependencia algún proyecto minero a realizarse en esta comunidad indígena, que la propia comunidad ha declarado su territorio libre de la actividad minera, a efecto de preservar sus recursos naturales, por lo que dicho proyecto se estaría negando por no contar con la aprobación de la comunidad indígena” (sic).
Tejido social, roto
El documento Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México indica que una vez que se instrumentan estos proyectos “es común que el gobierno vulnere los derechos de las comunidades locales a participar en el proceso de planificación del proyecto y a obtener información acerca de éste y de su impacto.
“Debido a la destrucción ambiental y social que pueden causar los megaproyectos, es también común que los residentes de las áreas donde se planea llevarlos a cabo se organicen para resistir ante las iniciativas del gobierno por imponer los proyectos sin contar con su consentimiento ni consultarlos previamente. De esta forma, se transforman en defensores del medioambiente y de los derechos humanos, exigiendo que se escuchen sus voces y se respeten sus derechos. Como respuesta, han sufrido amenazas, hostigamientos, ataques e incluso asesinatos. Tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades de la República Mexicana han promovido una cultura de violencia e impunidad, omitiendo investigar y castigar debidamente estos ataques, y poniendo de manifiesto su indiferencia ante las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas”, documenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina en el Fondo para las Derechos Humanos Mundiales, comenta: “Es una situación muy preocupante. Esto es lo pasa cuando quiere entrar una empresa minera sin consulta. Ya existen varias comunidades en México y América Latina donde no se les respeta su derecho a ser informados, a ser consultados de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto es lo que comienza muchos de los conflictos porque no se respeta, se impone la concesión y la comunidad se entera mucho después.
Conflicto vigente
Opositora a la presencia de la mina en su comunidad, Olivia Teodoro Aranda habla de la tensión en la que vive su gente: “Ya es demasiado tiempo viviendo en esta situación, el gobierno no le entra, se hace a un lado, no quiere ver las cosas que están pasando en Zacualpan y las personas que estamos sufriendo somos gente de la comunidad”.
Enérgica en su hablar, la mujer nahua resume la división provocada en esta comunidad: “La vida en Zacualpan se ha convertido en gritos, dimes y diretes”. Dedicada al comercio y esposa de un campesino, Olivia dedica la mayor parte de su tiempo a la defensa de su territorio, y es una de las que promueve, también, el resguardo del manantial.
Lo hace porque, dice, “aún hay riesgo, hasta que no se cancele definitivamente el proyecto vamos a estar tranquilos. Es importante hacerlo porque nos querían instalar la mina a güevo; decían: ‘quieran o no, la mina se va a instalar’. Ya vimos lo que afecta a una comunidad y yo no quiero ver a mis hijos en ese problema”.
Zacualpan es uno de 34 casos de conflictividad minera registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). La concesión minera 201872 abarca una superficie de 100 hectáreas del predio Heliotropo, cerca del poblado indígena de Zacualpan y de un manantial que suministra 1 mil litros de agua potable por segundo a la zona conurbada de la capital del estado.
El OCMAL indica en la ficha técnica de este conflicto que las acciones directas violan el derecho a la propiedad, a la seguridad e integridad personal, el derecho a un medio ambiente saludable, así como el derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales.
Zacualpan, pobres con recursos explotables
El agua y los minerales de esta tierra indígena son codiciados por propios y extraños; caciques y empresarios. La oposición está entre los mismos lugareños, como Guadalupe Laureano, quien dice: “Los señores no tienen nada que hacer aquí, estamos al borde de solucionar ya esta situación. En ningún momento voy a estar de acuerdo con que entren”.
El hombre es ya mayor, calza huaraches y sus manos reflejan el trabajo de campo que, dice, ha hecho en México y los campos estadunidenses. Se niega a profundizar en el tema de por qué impedir la entrada, simplemente dice que es un asunto que está “a punto” de resolverse entre ellos. La humildad también le viste, como a las mujeres y hombres que le rodean, y contundente dice: “Ésta es un área autónoma, no estamos en contra de nadie que nos visite, pero estamos en conflicto”.
Datos de la Secretaría de Desarrollo Social indican que Zacualpan es una comunidad de más de 1 mil 900 habitantes, con un índice de marginación “medio”, de población “activa” en el ámbito rural. En tanto, el Consejo Nacional de Población lo coloca en el 188 a nivel estatal, de las 296 localidades existentes.
Misión reprueba autoridades
El informe preliminar de la Misión indica que se constataron “las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada [sic] por el gobierno federal, que de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país, y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada”.
Entre los entrevistados se encontraban Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaría de Gobernación; José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; Rogelio Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno del estado de Colima; Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico; Roberto Chapula, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Braulio Arreguín Acevedo, presidente Municipal de Comala y el cabildo.
La Misión resolvió que “lamentablemente, todas las instituciones de gobierno vinculadas a permisos o actos administrativos relacionados con la actividad minera tienen un gran desconocimiento, tanto de la misma en su propio estado, como también sobre las irregularidades que entre una dependencia y otra se gestan por descoordinación y falta de visión integral. Percibimos la existencia de un claro contubernio de algunos operadores políticos en este y otros casos mineros en el estado.
“La reflexión inmediata nos lleva a la siguiente pregunta: ¿A quién o quiénes conviene que exista un proceso de hechos que abonen a la confrontación interna y la destrucción del tejido social en Zacualpan, para con ello debilitar la estructura agraria que en este país es una fuerza real para impedir el despojo del territorio y sus bienes naturales?”
La Misión estuvo integrada por representantes de Greenpeace; Fund for Global Human Rights; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Environmental Defender Law Center; Defensa y Derecho al Agua, América Latina; y Peace Action; así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, así como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Amenazas a defensores
Una de las preocupaciones que hay entre los defensores de derechos humanos y ambientalistas son las amenazas en contra de los integrantes de la organización Bios Iguana.
La queja fue interpuesta ante Michael Forst, relator especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de la Organización Ambientalista Bios Iguana, AC, y Epitacia Zamora Teodoro, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (fallecida en febrero pasado).
La queja, que llegó a instancias internacionales, indica que ha habido ataques a la “libertad personal y daños ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias, como Bios Iguana, y a nuestro pueblo indígena ancestral nahua propietario y usufructuario de la riqueza de la comunidad de Zacualpan, amenazas de muerte, abusos, actos de hostigamiento, intimidación y ataques a nuestras libertades fundamentales. Daños que consideramos delictivos y violatorios de nuestras garantías y derechos fundamentales, además de constituir un ataque a nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos y periodistas” (sic).
En la lista enviada al relator se encuentran los integrantes de Bios Iguana: Esperanza Salazar Zenil, Alejandro Bueno, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi, Giovanna Jazmín Ramírez Pimentel, Jonatan Fernando Ochoa Hernández, María Vanessa Gómez Pizano, Ana Monserath Cárdenas Rojas, José García Zepeda, Monserrath Virgen Galindo.
Además, los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan: Epitacia Zamora Teodoro, Dilva Uliceth Peña Velázquez, Jesús Santos Quirino, Olivia Teodoro Aranda, Francisco Santos Quirino, José Martín Peña, Gabriel Santos Peña, Francisca Quirino Guzmán, Paula Alonzo Máximo y Rosalío Martínez Carpio, entre otros.
A la lista se suman los periodistas: Óscar Adrián Galindo Luna, director del medio perriodismo.com.mx; Monserrath Palacios Ramírez, colaboradora del mismo medio, y Jonathan Núñez Campos, colaborador de Revolución 3.0, en Colima.
El Comala lejano de Páramo
Inmortalizado en el libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo, Comala es el municipio al que pertenece la comunidad indígena nahua de Zacualpan. Éste fue declarado un pueblo mágico desde finales de la década de 1980.
En 1988 fue declarado Zona de Monumentos Históricos y en 2002 fue elegido para formar parte del programa nacional Pueblos Mágicos de México. Comala significa “lugar donde se hacen comales” o “lugar de comales”, del náhuatl comalli.
Aquí, su presidente municipal, Braulio Arreguín Acevedo, parece alejado de sus habitantes. Lo expresa en el trato con frases como: “Yo no vivo aquí” o “yo no estuve”. Esto, luego de que el acceso fuera cerrado por completo el domingo 1 de marzo a los integrantes de la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan quienes intentaron llegar al salón de usos múltiples de la comunidad.
Al respecto, otro de los que parece no involucrarse en la mediación del tema es el ombudsman local, ya que sin representación en la comunidad, donde el riesgo de violencia es latente, Roberto Chapula dice a los integrantes de la Misión: “Estamos al pendiente, no hay necesidad de estar ahí”.
Se solicitó entrevista con el gobernador Mario Anguiano Moreno; así como con el secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, a través de la coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, encabezada por René González Chávez. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
