Los trabajadores sentenciaron que la empresa minera Bacis ha estado contaminando los ríos por lo que la actividad pesquera se ha visto afectada. Pescadores del norte del país han denunciado desde hace más de un año que los ríos Los Remedios, en Durango, y San Lorenzo, en Sinaloa, están contaminados con tóxicos provenientes de la mina El Herrero, de Grupo Bacis.
Fuente: Sin Embargo
Además han denunciado la omisión de las autoridades locales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el caso por lo que adelantaron que emprenderán una demanda civil para que se repare el daño al ecosistema y al patrimonio de las familias. La Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, al igual que dirigentes de cooperativas de pescadores de la presa El Comedero, sentenciaron que la empresa minera Bacis ha estado contaminando los ríos por lo que la actividad pesquera se ha visto afectada y en consecuencia la situación económica de los vecinos de los arroyos.
Los pescadores criticaron que no han sido atendidos por las autoridades federales, por lo que emprenderán una demanda civil para que se repare el daño al ecosistema y al patrimonio de las familias. Hace más de un año que la mina Unidad “El Herrero”, perteneciente a Grupo Minero Bacis, propiedad de la familia Gutiérrez Núñez, y localizada en Las Barrancas, Durango, rompió su represa de jales vertiendo alrededor de 300 mil toneladas de residuos tóxicos en el Río Los Remedios, y posteriormente la contaminación llegó al Río San Lorenzo en el municipio de Cosalá, Sinaloa.
En la última década, el Grupo Bacis ha estado en constante crecimiento, según presume en su página de la Internet, y en “El Herrero” tiene una producción del orden de mil 500 toneladas diarias de concentrabo “BULK” (plata y oro”, el cual es enviado a la empresa fundidora MET-MET Peñoles, en la ciudad de Torreón, Coahuila, para su refinación y comercialización. El grupo opera más minas en Durango, Zacatecas y en Sinaloa.
En este caso, y de acuerdo con las denuncias, las comunidades afectadas por el derrame de tóxicos son Mezcaltitán, La Ilama, Higueras de Jacopa, El Ranchito y San José de Las Copas, todas ubicadas en Cosalá. Pedro Rafael Murguía Duarte, representante legal de las cooperativas pesqueras, en una conferencia de prensa ofrecida ayer, indicó que se trata de 300 pescadores que han visto mermada su actividad debido a la contaminación provocada por desechos tóxicos que son vertidos sobre ambos ríos. Los pescadores pidieron la ayuda de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se realizaran estudios para analizar la producción que estaban teniendo desde el año 2009; sin embargo funionarios de ambas dependencias no hicieron caso a su petición argumentado que no tenían los medios suficientes para hacer un estudio de esa magnitud.
“En el caso de Profepa en las delegaciones locales se nos dijo que no eran competentes, Profepa México dice que es caso cerrado, que ya en Durango se repararon los daños, pero el problema cruzó la frontera entre Sinaloa y Durango”, manifestó Murguía Duarte. Ante ello, los pescadores solicitaron el apoyo del Instituto de Ciencias del Mar, en conjunto con otros especialistas, y se llevó a cabo una investigación. En junio pasado se concluyó la segunda parte del estudio que se hizo con muestras de agua y peces que se llevaron al laboratorio, y se encontraron altos porcentajes de plomo, zinc y mercurio.
Pedro Murguía alerta que “fueron 300 mil toneladas con alto contenido tóxico y radioactivo que invadieron 40 mil hectáreas, que es el embalse de la presa Comedero, no fueron mil, no fueron dos mil, esto es algo grave”. Según el cálculo de los expertos, explicó el representante legal de los pescadores, el daño podría tardar entre 8 y 10 años para desparecer, puesto que el río San Lorenzo sigue arrastrando lodos donde se encuentran en exceso los materiales pesados como plomo, cobre y zinc. La contaminación, agregó, habría ocasionado que prácticamente se terminen las capturas que alcanzaban de mil a mil 500 toneladas de pescado cada año.
Los afectados denunciaron que la presa de jales sigue funcionando con un sistema nuevo, los residuos ya no son líquidos; se han estado desechando los materiales tóxicos en pasta lodosa; sin embargo sigue contaminando el agua de los ríos. Jorge Zazueta Urrea, integrante de una de las cinco cooperativas de pescadores, indicó que uno de los primeros síntomas de la contaminación que detectaron fue que bajó la capacidad de reproducirse de los peces, cayendo dramáticamente las capturas.
José Antonio Ríos Rojo enfatizó que se trata de un ecocidio lo que ha ocurrido en la presa Comedero, con la complicidad de las autoridades para proteger los intereses de una minera. Y manifestó que están preocupados ante la posibilidad del desarrollo de enfermedades derivadas de la alta toxicidad de las aguas de la presa El Comedero. El pasado 13 de agosto, otro derrame se registró en la entidad; la mina Proyecto Magistral que vertió 2 mil metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo La Cruz, en Durango, lo que afectó 400 metros cuadrados de suelo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó que debido a las fuertes lluvias registradas en Durango, se suscitó el derrame de la solución cianurada que se encontraba almacenada en la presa de demasías en dicha Planta. Ante ello, la delegación de la Profepa en la entidad acudió a la zona y ordenó cinco medidas de urgente aplicación para la reparación de los daños ambientales que hayan ocurrido, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra la empresa.
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