Guanajuato, Guanajuato. México – 02/10/07.- El gobierno de Felipe Calderón maniobra ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA, por sus siglas en inglés) para que el organismo regional deseche impugnaciones de ambientalistas contra el proyecto de Minera San Xavier en San Luis Potosí. En un primer momento, el gobierno mexicano buscó justificar ante el ente regional la autorización otorgada a la Minera San Xavier para su proyecto a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, e incluso solicitó a este organismo suspender la investigación que efectúa en atención a una denuncia ciudadana.
Fuente: Agencia Proceso
Y no sólo eso, también pidió mantener bajo confidencialidad la información con que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió a la solicitud enviada por la CCA, como parte del procedimiento a cargo de su Unidad sobre Peticiones Ciudadanas
La respuesta se entregó el día 25 ante el secretariado de la CCA, que revisa desde febrero el caso de la operación de la Minera San Xavier (MSX) –filial de una empresa canadiense–, a petición de la organización Pro San Luis Ecológico.
Por ello los ambientalistas acusaron a las autoridades mexicanas en materia ambiental de incurrir en omisiones en la aplicación de la legislación, al autorizar el proyecto en el Cerro de San Pedro, mismo que estaría abatiendo peligrosamente el acuífero que abastece a San Luis.
En la petición, bajo el registro SEM-07-001, la organización Pro San Luis Ecológico argumentó que la Semarnat violó una sentencia judicial al otorgar la autorización en materia de impacto ambiental.
Además, abundó, el estudio sobre dicho impacto prevé consecuencias significativas en el Cerro de San Pedro y su entorno, por lo que Pro San Luis consideró que no se respetaron las restricciones previstas en la legislación ambiental.
Sin embargo, el gobierno federal respondió con varias negativas.
En principio, sostuvo ante la CCA que “un tribunal administrativo determinó que la autorización de la Semarnat cumplió con la sentencia judicial”, así como que el proyecto “cumple con las restricciones aplicables a su ubicación”, y que la Medición de Impacto Ambiental (MIA) “contiene cifras correctas sobre disponibilidad de agua y uso de explosivos”.
Aparte, el gobierno mexicano alegó que no le es obligatorio el principio precautorio respecto de este proyecto, porque éste no ha sido incorporado a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Pero más allá de eso, apeló al propio articulado del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte para solicitar a la CCA interrumpa el trámite por el que atendió a la petición ciudadana, pues “el asunto es materia de procedimientos judicial y administrativo pendientes de resolución”.
Y más aún, pide no se haga pública la información entregada en respuesta al requerimiento del organismo.
A través de su Unidad sobre Peticiones Ciudadanas, la CCA informó que analizará la respuesta enviada por el gobierno mexicano sobre este caso, y posteriormente notificará al Consejo si continúa con la integración del expediente de hechos –que podría derivar en una recomendación– y con una investigación más a fondo del organismo internacional.
