Carrizalillo se sitúa a sólo 600 metros del primer depósito de residuos tóxicos de la mina de Gold Corp; donde hace unos 15 años había encinos frondosos y animales pastando, ahora hay desde metales duros y ácidos que podrían matar juntos a los 1.100 habitantes.”El agua que usábmos para tomar, bañarnos, lavar la ropa contiene 20 partes por millón de arsénico, cuando la norma dice que no debe llegar ni a uno”. “Nuestras tierras quedan muertas, los cuatro manantiales que había quedaron muertos. Antes no teníamos agua potable, pero teníamos la natural, la que usaron nuestros abuelos. Si se ve la destrucción del cerro del Bermejal, que ahora es llamado tajo Bermejal; los encinos muertos, no hay animales, los pocos que hay también mueren por los contaminantes.
El Universal
El panteón de esta comunidad de la que desde hace seis años la minera transnacional GoldCorp extrae oro, plata, zinc y cobre parece no sólo tener cuerpos enterrados, sino las causas por las que murieron. Tan sólo el año pasado hubo 10 nuevas tumbas, la mayoría de niños.
Pocos se atreven a decir por qué motivos se han muerto con más frecuencia los habitantes, en cuyo ejido Los Filos-El Bermejal se explota uno de los yacimientos más importantes de oro en América Latina, a cielo abierto, sistema prohibido en varios países, pues se remueve el terreno con explosivos y para extraer el metal de las piedras se utilizan y generan químicos como cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo, así como otros metales pesados. Por ello, aquí hay malformaciones en niños, problemas en la piel, afecciones de oídos, de garganta y ojos irritados, como lo reportan ONG.
Carrizalillo se sitúa a sólo 600 metros del primer depósito de residuos tóxicos de la mina, tajo Bermejal; donde hace unos 15 años había encinos frondosos y animales pastando, ahora hay desde metales duros y ácidos que podrían matar juntos a los mil 100 habitantes.
Sin embargo, la mayoría de los pobladores están de acuerdo con la actividad minera, sobre todo los 179 ejidatarios, porque pese a las afectaciones de salud, el pago de la renta por sus mil 200 hectáreas, más otras 600 de pequeñas propiedades, les deja al año 2.5 onzas de oro por hectárea.
Quizá por eso en ninguna dependencia del Consejo de Minería encabezado por la Secretaría de Desarrollo Económico local, aseguran, hay denuncias que alerten sobre los impactos negativos de la actividad, mucho menos de cuántos muertos relacionados con la misma hay.
En contraste, las 14 organizaciones que integran la Red de Afectados por la Minería (Rema), a través de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP), han realizado un recuento de los daños desde que en 2007 GoldCorp inició la explotación de minerales en la comunidad.
La organización alerta que 27% de la población padece náuseas, diarreas y parasitosis; dolor de cabeza, agotamiento, somnolencia, irritabilidad, desánimo, 39%; dolor, irritación, ronquera, inflamación o anginas, 45%.
Mientras que las enfermedades respiratorias son las más evidentes: gripa, tos, bronquitis, asma o pulmonía es padecida por 57% de la población, desde adultos hasta niños. De acuerdo con el informe de la organización, realizado con la ayuda de voluntarias de la misma comunidad, los principales males se dan a causa del polvo que contiene metales pesados, del cianuro de sodio y del drenaje ácido utilizado para extraer los minerales.
Hay polvo las 24 horas al día, el cual se genera en grandes cantidades al dinamitar las rocas y al repartirlas en los patios de lixiviados (lugares de depósito de desechos tóxicos) y tepetateras (donde se concentra la tierra contaminada). Ese polvo tiene metales pesados; los más dañinos son: mercurio, cadmio, arsénico y plomo. Dicen que todo el año hay polvo, pero en tiempo de secas la situación es más grave.
En los patios de lixiviados riegan con cianuro de sodio, agua y cal para sacar el oro. Con el calor se evapora y forma ácido cianhídrico, lo que ha provocado también un indefinido número de casos de enfermedades de la piel.
Una víctima más
Es lunes 31 de marzo. Antes de llegar al centro de cómputo, donde se hace la mayoría de las reuniones con los empresarios de GoldCorp, un grupo de unas 50 personas —algunas con flores en las manos— se dirigen hacia el panteón. Se cumplieron ocho días de la muerte de una nena, de la que casi no quieren hablar en la comunidad del Carrizalillo. La niña nació con un riñón, dos soplos en el corazón y los dedos pegados del pie izquierdo.
Las voluntarias detallan que hay gente que tiene rencor contra la GoldCorp, pero son más los que quieren a la minera. En el panteón hay dos cruces juntas que llaman la atención, están decoradas con flores rosas: son de dos hermanos que hace unos meses también fallecieron.
Cerca del panteón vive con sus abuelos y su mamá un niño con el oído afectado desde el exterior y el interior a quien tienen que llevar a terapias cada semana a Chilpancingo. Su abuelo es ejidatario, pero la mayor parte de lo que recibe por sus rentas la paga en el tratamiento que será de por vida.
Otro caso es el de una mujer que vive a la orilla del pueblo. No quiere hablar más del tema. Lo prefiere olvidar. Es una joven de poco más de 20 años que llegó hasta los ocho meses de embarazo, pero perdió su bebé. El informe de PIAP señala que en 2012 hubo 25 partos prematuros.
En casos que tienen que ver con la peligrosidad de trabajar en la mina, PIAP documenta que desde 2007 a 2012 ha habido por lo menos 11 muertos vinculados a las operaciones mineras.
No obstante, durante dos años consecutivos Los Filos/GoldCorp obtuvo el premio de seguridad Casco Plateado, que otorga la Cámara Mexicana de Minería por su “excelente” registro en materia de seguridad; además, el certificado de industria limpia por la calidad del aire, entregado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a las empresas que cumplen con todos los reglamentos ambientales pertinentes.
La vida por una onza-oro
Julio Peña Celso, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Los Filos-El Bermejal, explica que el convenio que firmaron con GoldCorp por cinco años, desde 2009, terminó el 1 de abril y reconvendrán entre las cláusulas en este nuevo contrato una que tenga que ver con los daños de la minería a cielo abierto; anteriormente lo que más les preocupaba eran las onzas que la empresa les daba por la renta de cada hectárea.
A los 179 ejidatarios les tocan anualmente 2.5 onzas por hectárea, que equivalen de acuerdo con la cotización del oro, ayer lunes, a unos 43 mil pesos por hectárea. Es decir, que sin trabajar un ejidatario de Carrizalillo puede recibir hasta más de 600 mil pesos anuales, sólo por la renta de sus terrenos, además de bonos anuales, algunas concesiones de taxis y trabajos directos para los ejidatarios, sus hijos o sus nietos, que a lo menos que pueden aspirar a la semana es a ganar 2 mil 800 pesos más prestaciones, seguro de vida y vacaciones.
Sin embargo, los ejidatarios quieren cambiar el convenio, y aumentar a cuatro la cantidad de onzas por hectárea; además, entrar en la producción de la minera. Por ello, llevan en paro desde el 1 de abril.
“Este año echaremos a andar una cláusula que tenemos con ellos a partir de 2009, donde se pactó un sistema de monitoreo ambiental. El año pasado dejamos un fondo económico para echar a andar eso: monitoreo de aire, de agua, estudios de sangre para personas que vemos un poco enfermos”, dice.
Lamenta que la GoldCorp nunca les ha dicho cuánto explota de plata ni de zinc ni de cobre, sólo el oro, que cada año ha sido variable su producción. Iniciaron con poco más de 200 mil onzas por año en 2007 y en 2013 cerraron su producción con 332 mil onzas.
Julio acepta que sí saben de los riesgos de la minería a cielo abierto, pero trata de minimizarlos cuando señala que “a esta altura lo que tenemos es una renta, una vida digna, que no teníamos. Si la minera se va nos afectaría más ese cierre, porque cuando hay actividad el control de riesgos lo lleva la empresa; si se va nos contaminaríamos más de lo que estamos”.
No obstante, acaba por admitir que la gente está molesta porque GoldCorp no ha cumplido un convenio que denominaron “Agua segura por agua segura, pues por sacrificar nuestro manantial, cerca de un patio de lixiviados, nos darían agua limpia”.
La empresa hizo tres pozos el año pasado a las orillas del pueblo, de allí sustraen el agua que les mandan. Aunque la gente les pidió estudios para saber de qué calidad era esa agua, no los hicieron, por lo que tuvieron que enviar una muestra a Italia. Los resultados dicen que “el agua que usábamos para tomar, bañarnos, lavar la ropa contiene 20 partes por millón de arsénico, cuando la norma dice que no debe llegar ni a uno”.
El arsénico provoca cáncer y otras enfermedades. “Lo peor es que hay personas que hierven esa agua supuestamente para matar bacterias, cuando el arsénico se concentra aún más así”.
Roberto Guzmán Montiel, presidente del comisariado ejidal, secunda en su opinión a Julio y acepta que no ve pronto un proyecto de cierre.
—¿Cómo ve el deterioro de su comunidad a casi 10 años de la actividad minera?
—No podemos negar que cambia uno la forma de vivir. Antes trabajábamos el campo, lo cual nunca ha sido negocio. Servía para ir pasándola, para ir malviviendo. Llega la minería y cambia todo para los ejidatarios, para la gente que tiene la necesidad de trabajar, los jóvenes de estudiar, ya reciben apoyo de los padres que tienen anualmente su rentita por sus tierras, unos más que otros.
—Pero esos beneficios, ¿no los están pagando con sus vidas?, aquí se ve un fuerte deterioro.
—Pues… es algo que no se te da así nomás; por ejemplo, nuestras tierras quedan muertas, los manantiales que había, unos cuatro me acuerdo, quedaron muertos. Antes no teníamos agua potable, pero teníamos la natural, la que usaron nuestros abuelos. Si se ve la destrucción del cerro del Bermejal, que ahora es llamado tajo Bermejal; los encinos muertos, no hay animales, los pocos que hay también mueren por los contaminantes.
“Empleos y desarrollo”
El delegado de la Secretaría de Economía en Guerrero, Álvaro Burgos, asegura que el Consejo de Minería local, que integran secretarías como la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y la del Trabajo y Previsión Social, entre otras, señala que no hay ninguna denuncia por parte de los ejidatarios de Carrizalillo respecto de estas afectaciones, “porque hay varias instancias que revisan el tema, como la misma Secretaría de Salud”, que al igual que Tulio Estrada Apátiga, titular de la Semaren, prometió ir esta semana a esa comunidad, para corroborar algunas de las “versiones”.
Burgos y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Éric Catalán, aseguran que el conflicto actual es más por la renta de las tierras que por las afectaciones a la salud. Catalán incluso lamentó que los ejidatarios peleen por el dinero, cuando “allá todo funciona bien, hay empleos, hay desarrollo”.
