Representantes de los pueblos y comunidades afectados por la minería, reunidos en la comunidad indígena de Zacualpan, estado mexicano de Colima, demandaron a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, abstenerse de defender intereses de empresas mineras y promover acuerdos de «libre comercio» entre naciones.

Fuente: Servindi
El pedido lo hicieron a través de un pronunciamiento, en el marco del Foro Nacional contra la Minería 2014, el pasado 18 de febrero.

Las organizaciones que participaron del foro exigieron a los presidentes Enrique Peña Nieto, de México; Barack Obama, de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, centrarse en garantizar el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.

El documento firmado por organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero fue redactado en la víspera de una reunión entre los mandatarios norteamericanos que trató la «renovación y ajustes» de los TLC entre los tres países.

Rechazan «Libre Comercio»

Los firmantes argumentaron que el modelo económico basado en tratados de libre comercio (TLC) «tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos y está acabando con los bienes naturales de forma dramática».
Motivo por el cual pidieron a los gobernantes que dejen de promoverlos «haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos».

«Diplomacia económica»

Por otra parte, las organizaciones rechazaron el Plan de Acción sobre Mercados Global que implementará Canadá con el fin de respaldar al sector privado mediante la «diplomacia económica», para lo cual se canalizarán todos los bienes diplomático del Gobierno de Canadá.
Entre los países afectados por este plan estarían México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Adujeron que las empresas y gobiernos tienen múltiples formas de influencia diplomática para elaborar «leyes a modo» en los países con recursos minerales, las cuales junto a la la corrupción de funcionarios y la falta de aplicación de «leyes que todavía protegen a pueblos (…) son el soporte central de las empresas extractivas».

Por otra parte, indicaron que los pueblos que se oponen a los proyectos extractivos son víctimas de coacción en los procesos informativos, no se les consulta y son criminalizados cuando protestan, o son violentados mediante el asesinato de sus líderes.

«Consecuencias que están siempre presentes en los proyectos de empresas vinculadas al modelo extractivo minero depredador», añadieron.

Como ejemplo citaron una nueva ley minera en Honduras cuya elaboración, afirman, habría sido posible gracias a la asesoría técnica financiada por Canadá.

Según figura en el texto firmado el martes último «(La ley) levantó un moratorio minero instalado desde 2006, posibilitando la apertura del sector minero para nuevos proyectos e implementando un nuevo impuesto de seguridad para las empresas mineras que se destinará a las fuerzas de seguridad defiendan los intereses privados».
Para las cerca de treinta organizaciones, casos como el mencionado son recurrentes en «todos los países latinoamericanos».

En cuanto a México aseguraron que existe una tendencia a que los gobiernos «dejen de ser útiles a la sociedad y se vuelvan utilitarios de los intereses de empresas trasnacionales extranjeras y nacionales».
Asimismo, las organizaciones afirmaron que las naciones que toman acciones contra las empresas están en «total indefensión» cuando éstas recurren a tribunales internacionales de arbitraje en hay disputas por «bienes naturales».

Citaron el caso de la empresa canadiense Blackfire Exploration que amenazó a la autoridad ambiental de Chiapas con una demanda de 800 millones de dólares dos meses después de que la entidad cerró su mina «Revancha».