Tras la alarma inicial por el presunto secuestro del líder nahua Gaudencio Mancilla, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía despejó las dudas al anunciar que el líder indígena fue detenido por agentes policiales por portar armas ilegalmente. El dirigente, liberado tras pagar una fianza, denunció que fue golpeado por agentes para inculparse.
Fuente: Servindi
La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Al instante, la noticia se difundió causando alarma y preocupación por los antecedentes de secuestros y asesinatos que en las últimas décadas han afrontado los indígenas en el marco de conflictos con empresas mineras y extractores de madera.
De acuerdo a la fiscalía, el día de la detención los agentes fueron notificados de que había en el lugar hombres armados, por eso acudieron al predio donde vive Mancilla.
Según el testimonio de los oficiales, tras no encontrar lo que buscaban, un hombre salió de su domicilio con una pistola, por lo que allanaron su vivienda y en ella encontraron propaganda relacionada a la creación de “policías comunitarias”.
Sin embargo, los familiares de Mantilla aseguran que fue detenido en un allanamiento y cateo ilegal de su domicilio.
Gaudencio Mancilla fue conducido al ministerio público federal adscrito en Autlán de Navarro, Jalisco. Fue liberado al día siguiente en la madrugada, tras pagar una fianza.
Ya en libertad, el líder denunció que durante su detención fue golpeado por la policía para que confesara que pretendía la creación de una “policía comunitaria” armada.
Cabe recordar que en los meses de noviembre y diciembre de 2012, la comunidad de Ayotitlán realizó reuniones públicas y con participación de autoridades locales para evaluar la posibilidad de conformar policías comunitarias para defenderse de la permanente hostilización, asesinatos y secuestros.
El dirigente fue detenido a los pocos días de haber participado en un evento, donde expresó su postura contra iniciativas mineras en su localidad y denunció los hostigamientos a los que vienen sido sometidos los miembros de su comunidad (Ayotitlán) por parte de empresas mineras legales e ilegales, así como de industrias madereras.
“Antes teníamos una empresa maderera, la comunidad los tuvo que sacar. Y entra, la empresa Peña Colorada, una minera que se está llevando el recurso sin autorización de la comunidad”, afirmó en su presentación en la Cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”.
“¿Qué están haciendo estas gentes? Están acabando con el agua, con los recursos naturales que es la madera, y con todo, y a la fuerza”, aseguró.
Del mismo modo advirtió que la comunidad eventualmente detendría las actividades de los mineros.
El caso de Celedonio Monroy
En octubre del año pasado, otro líder nativo defensor de los derechos indígenas, Celendonio Monroy Prudencio, fue raptado en su domicilio, la comunidad Loma Colorada, municipio de Cuautitlán por un grupo de desconocidos fuertemente armados.
La esposa de Monroy, golpeada y encañonada en el incidente, afirmó que el dirigente fue intervenido por ocho hombres con uniforme militar que se movilizaban en camionetas y que decían estar buscando armas.
Desde entonces los familiares de Monroy han recurrido a diferentes instancias del gobierno local, organizaciones de derechos humanos y a las fuerzas armadas indagando sin resultados por su paradero.
Monroy Prudencio ocupó en 2009 el cargo de director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, puesto desde el cual defendió los derechos de los pueblos indígenas y se involucró en la defensa de la Reserva de la Biósfera de Manantlán y en la promoción de la Ley Estatal Indígena.
Peña Colorada
Peña Colorada es una de las empresas mineras que han originado conflictos con comunidades nahuas y otomíes en los estados de Jalisco y Colima. Desde hace 44 años, la empresa opera sin el consentimiento de las comunidades indígenas.
En el tajo abierto de la minera se extraen miles de toneladas de hierro por día que se transporta por una tubería de 46 kilómetros hasta el puerto de Manzanillo.
La operación conlleva enormes costos ambientales por la destrucción de cerros y contaminación de miles de metros cúbicos de agua para el transporte del material.
Los indígenas denuncian que la compañía ha corrompido a las autoridades a todo nivel y que cuenta con la complicidad de la policía.
El año pasado, la minera fue denunciada por indígenas de Cuautitlán y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) por haber provocado un derrame de lodos tóxicos que inundó campos de cultivo y casas de nueve comunidades indígenas y, finalmente, llegó al río Marabasco.
