El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios pidió al gobernador Gabino Cué detenga los trabajos de introducción de manguera para conducción de agua a la minera Cuzcatlán, obra que se realiza en territorio de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso y acción que estuvo a punto de generar un enfrentamiento.
Fuente: Proceso
También exigió la «salida inmediata de la fuerza pública de Magdalena Ocotlán para evitar actos de confrontación y represión a la ciudadanía de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán».

Asimismo, se cancelen permisos y autorizaciones emitidas por el gobierno estatal y federal para la introducción de las mangueras en territorios de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso, toda vez que no hubo un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de ambas poblaciones.

El Colectivo solicitó además garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía y se garantice el derecho de los habitantes a la libre manifestación de sus inconformidades legítimas.

Además, exigieron a la Procuraduría estatal la debida administración de justicia en contra de los responsables del homicidio de Bernardo Méndez Vásquez y lesiones de muerte de Abigail Vásquez Sánchez, ocurridos el 18 de enero pasado, así como el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez y lesiones de muerte de Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, sucedidos el 15 de marzo anterior.

Los activistas también exigieron el castigo de Efraín Dionisio Cruz y su hijo Carlos Efraín Dionisio Pérez, detenidos el lunes 22, por portación de armas de fuego y amenazas de muerte.

Finalmente, responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán SA de CV, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; al edil de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y al propio mandatario Cué Monteagudo de cualquier agresión.

También responsabilizaron a los secretarios de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Nezahualcóyotl Salvatierra, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, por cualquier acto de represión y violencia que pueda suscitarse en los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

El lunes pasado, cerca de las 7:00, maquinaria y trabajadores de la minera Cuzcatlán iniciaron trabajos para introducir una manguera de 50 centímetros de diámetro para conducir agua tratada desde el municipio de Ocotlán de Morelos hasta las instalaciones de la empresa, en San José del Progreso.

Los trabajos se realizan con el resguardo de una centena de policías estatales y de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC), bajo las órdenes de Juan Martínez Cruz Rocha.

Sin embargo, unos 140 habitantes de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán se concentraron en el lugar para exigir la exhibición de permisos otorgados para la realización de los trabajos.

Ante la falta de información por parte de las autoridades estatales y federales, los inconformes exigieron la suspensión de los trabajos y la salida inmediata de la policía estatal hasta tener la certeza de las autorizaciones otorgadas.

La tensión estalló cuando los policías detuvieron a los trabajadores de la empresa minera ligados al alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y a su hijo Carlos Efraín Dionisio Pérez, quienes traían un arma de fuego y un cuchillo, con los cuales amenazaron de muerte a Ángel Vásquez y Leovigildo Vásquez Sánchez, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

En la trifulca, Ignacio Jesús Pérez fue lesionado en el tabique nasal y en el ojo izquierdo por parte de Juan Martínez Cruz Rocha, quien se identificó como inspector de la Dirección de Seguridad Regional de la Policía Estatal.

La realidad, sostuvieron los inconformes, es que «en ningún momento se consultó a la población de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso sobre la autorización de los trabajos».