“El modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales”, destaca El estudio realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Orden de los Jesuitas (católica) de la ciudad de El Progreso, en el norte del país.
Fuente: AFP
“La minería no solo afecta por el impacto ambiental sino por violaciones a derechos humanos, amenazas, asesinatos” y porque “ha dividido a las comunidades entre los que están a favor y en contra” de las explotaciones, dijo a la AFP Elvin Hernández, uno de los investigadores.
Esa división se da incluso entre las familias, como consecuencia de una estrategia de las industrias mineras que favorecen económicamente a ciertas personas para hacerlas defensoras de las explotaciones.
El estudio detalló que “en 2015, había más de 837 proyectos mineros que estaban a punto de ser concesionados sin cumplir siquiera con los requisitos ambientales. En términos geográficos, esto significa casi el 35% del territorio nacional” de 112.492 km2.
“A lo anterior se suma un nuevo ingrediente: la tendencia a la militarización y a fortalecer las políticas de seguridad que acentúan las medidas coercitivas por encima de las políticas preventivas”, sentenció el informe.
“El gobierno cada vez más está convocando a congresos para promocionar la venta del territorio nacional”, lo cual tendrá un “impacto ambiental terrible”, lamentó Hernández.
La industria minera aporta a Honduras entre 100 y 150 millones de dólares al año.
