Varios empresarios mineros de Centroamérica y de otras partes del mundo se reunieron en agosto pasado en San Pedro Sula, Honduras. Un cónclave que preocupa a ambientalistas salvadoreños, pues consideran una “arremetida” por parte de estas empresas, entre quienes participan algunas denunciadas y condenadas mundialmente por su recurrente práctica de graves violaciones a los Derechos Humanos.
Fuente: Gato Encerrado
Una reunión clandestina de empresarios mineros desarrollada en Honduras genera preocupación e incertidumbre en organizaciones ambientalistas en dicho país y también en El Salvador, quienes denunciaron el hecho y consideran que es el inicio de una embestida de las compañías mineras en la región centroamericana.
Ante el Primer Cónclave Mundial de Minería que se realizó en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, desarrollado los días 12 y 13 de agosto del presente año, organizaciones ambientalistas salvadoreñas revelaron que muchas de las empresas mineras participantes en dicho encuentro han sido denunciadas y condenadas mundialmente por su recurrente práctica de graves violaciones a los Derechos Humanos. Así lo denunció la ambientalista Vidalina Morales de la comunidad de Sensuntepeque, Cabañas.
“Muchos empresarios de todo el mundo se han reunido para negociar nuestros bienes naturales de nuestros países, fue un evento a puerta cerrada de empresarios de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y de todos los países del mundo”, concluyó Morales.
Al parecer una de las empresas mineras participantes en dicho cónclave fue la compañía australiana Oceana Gold que tiene interés de desarrollar la explotación minera en El Salvador y por ello ha incrementado su actividad de incidencia en las comunidades de Cabañas a través de su Fundación El Dorado, advirtió Héctor Berrios representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
“Hay una doble moral de la empresa (Oceana Gold) por un lado está demandando al Estado (salvadoreño) por 301 millón de dólares y por otro lado está usando una estrategia de responsabilidad social para engañar a la población”, señaló Berrios.
Ese rechazo de la población afectada por la minería es prácticamente generalizada según una encuesta de opinión pública, y como lo destacan las opiniones de Esperanza Ortega y Ana Dubón pobladoras de comunidades de Arcatao y Guarjila de Chalatenango.
“Cuando vinieron las maquinas (a Arcatao) nos hemos visto obligados a irnos a ponernos en la calle para que no pasarán, porque si no hubiera sido así ya hubieran roto los cerros para buscar el oro”, acotó Ortega.
“La mejor forma de luchar es informándose y sabiendo que consecuencias van a traer las empresas mineras, la gente opta por defender su territorio y la mejor forma que lo han defendido ha sido Arcatao que en el pasado no permitieron el ingreso de las empresas mineras”, manifestó Dubón.
Por su parte las autoridades del gobierno salvadoreño han manifestado su posición de no permitir la explotación de la minería metálica en El Salvador, como destacó el Viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Ángel Ibarra.
Sin embargo, esta prohibición gubernamental solo es de hecho con una promesa verbal que no trasciende a una prohibición por decreto Ejecutivo o una legislación, ocasionando que la empresa minera Oceana Gold pudiera demandar al Estado salvadoreño ante un tribunal internacional, que se especula en este momento se esté dando una negociación bajo la mesa entre las partes involucradas sin consentimiento, y con el riesgo de dañar los intereses de la población salvadoreña.
