El 23 de abril pasado finalizó plazo para presentar denuncias civiles. Esto da paso a la finalización de trabajos en el Tajo I. siete años transcurrieron desde el inicio de operaciones a cielo abierto de la Mina Marlin, en los cuales se extrajeron metales como oro y plata en un terreno de 2.5 kilómetros cuadrados.

Foto: planta de cianuración y dique de colas de Mina Marlin

Fuente: diario Siglo 21

24/04/2012. De ahora en adelante, será responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) vigilar porque la empresa Montana Exploradora, propietaria de la mina, cumpla con los requerimientos para restablecer el entorno natural.

No obstante, si este ministerio tiene la tarea de vigilar que Montana haga bien su trabajo y deje el terreno más o menos como lo encontró, los grupos ambientalistas estarán sobre las autoridades a fin de fiscalizar que obliguen a la minera a cumplir con los compromisos ambientales.

La cartera ya inició el proceso de consulta popular y recepción de argumentaciones de la sociedad civil, para dar inicio a la revisión del programa de finalización de la fase a cielo abierto, llamado: Plan de Cierre de la Escombrera y del Tajo Marlin (lea: Las argumentaciones).

A criterio de la titular de la cartera, Roxana Sobenes, después de la recepción de las quejas técnicas y jurídicas de grupos civiles y ambientalistas, procederán a analizar el instrumento de evaluación de cierre.

Según la ministra, «no es sólo un estudio sobre actividades que afectan en gran medida al medio ambiente o de tipo A, sino que se requiere de un documento para proceder al cierre, que contiene compromisos específicos como medidas de mitigación, compromisos ambientales, requerimientos y fianzas por parte de Montana, aparte de los que presentaron en el requerimiento del estudio de impacto ambiental para iniciar operaciones».

Ahora, dice Sobenes, el equipo multidisciplinario del MARN realiza las evaluaciones y al finalizarla redactará un documento, que al confrontarlo con el plan de cierre de Montana, se deberá concluir en las medidas que este ministerio impondrá y los tiempos en que se deben ejecutar.

Se trata de «un esfuerzo conjunto para cambiar la perspectiva sobre la extracción minera al momento en que las buenas prácticas se ejecuten, y los daños sean menores», aseveró .

Tiempos y procedimientos

De acuerdo con el jefe del Departamento de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Rosal, la operación a cielo abierto, más correctamente llamada a tajo abierto de la Mina Marlin I, es sólo una parte de sus operaciones. En este caso, la Ley de Minería en el Artículo 31 inciso J señala que en caso de suspensión temporal o definitiva de operaciones, la empresa debe presentar informe y planos del estado en que se quedan las obras mineras, advirtió.

El funcionario agregó: «Dado que se trata de una restauración ambiental, la entidad responsable de supervisarla es el MARN, bajo los tiempos que ellos impongan, ya que la ley no establece tiempos específicos».

La ministra aseguró, que los tiempos en que se realicen los trabajos de recuperación del área afectada no se pueden establecer hasta que se conozca la propuesta de Montana y de que el MARN imponga las medidas y condicionen. Estas van desde «términos de referencia para un estudio de impacto ambiental y costos de inversión de recuperación, además de incluir una ponderación sobre cuáles son las medidas de mitigación que ayuden a calcular de cuánto es la fianza de cumplimiento», sostuvo.

Montana y sus acciones

Según información de la Oficina de Comunicación de Montana Exploradora de Guatemala, la empresa ha invertido $12 millones desde el inicio de las operaciones del cierre progresivo y en el monitoreo ambiental del Tajo Marlin. El plan contempla acciones ambientales de cierre con una inversión anual de $5 millones.

El comunicado apuntó que «desde 2003, Montana obtuvo la licencia de explotación minera y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social, el cual incluye el Plan de manejo de abandono del área y restauración de ecosistemas afectados, a fin de reducir al mínimo o eliminar los peligros a la seguridad pública».

Los mineros hicieron ver que los resultados del cierre progresivo puestos en práctica en el Tajo son evidentes y demostrables, ya que la recuperación ambiental se realiza de manera gradual durante la vida operativa de la mina. A ello agregaron que no han esperado hasta el final de la extracción para recuperar el área, ya que los sitios en los que se ha trabajdo en un año son recuperados al año siguiente con proyectos de revegetación, práctica conocida a nivel internacional como Recuperación Ambiental Progresiva.

El cierre técnico y la recuperación ambiental incluye, además de rescatar los sitios que estuvieron sujetos a extracción y procesamiento de minerales, una planificación para que estos queden en condiciones adecuadas para ser utilizados en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas, recreativas o de conservación.

De esa cuenta, el MARN realizará monitoreos en las operaciones de recuperación, y de comprobar que se incumple con lo establecido o si se reciben denuncias, la Dirección General de Cumplimiento Legal de la cartera iniciará una vía incidental, y de ser comprobada la falta se procederá a multar y sancionar a Montana. Si el efecto es mayor se podría cancelar la licencia de trabajo del área en que continúa la extracción de minerales de forma subterránea.

Así lo dijo

«Las repercusiones de la mina se presentarán a 40, 50 ó 60 años como mínimo y como está planteado el plan de cierre carece de un programa de monitoreo de cierre de largo plazo».

— Yuri Milini, director Calas

«Aunque las comunidades reconocen que se generó trabajo y mejoras en sus pueblos, sus condiciones de vida son iguales y su entorno natural fue severamente dañado».

— Rolando Yoc, de la PDH

En Cifras

52

CONSULTAS

se han llevado a cabo en torno al tema minero, dice la PDH.

2.5

KILÓMETROS CUADRADOS

fue el área en la que Montana Exploradora extrajo oro y plata a cielo abierto.

Recuadros

Noticias Sigloxxi Guatemala

Garantías de las comunidades

El jefe de la Oficina de Incidencia en Políticas Públicas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Rolando Yoc, destacó que el tiempo establecido para recibir las argumentaciones fue demasiado corto, ya que las comunidades no pudieron revisar las situaciones lesivas en el entorno del área, por lo que se considera necesario pronunciarse para solicitar más tiempo en la consulta.

Yoc dijo: «Hay que ser claros en que los tratados internacionales firmados por el país son una norma superior en lo convenido en nuestra Constitución, porque se trata de la conservación de la vida y de los recursos naturales; por lo tanto, basados en esas normas, las comunidades deben tener el tiempo necesario para investigar».

Anotó que en el tiempo de consulta, la PDH no recibió solicitudes de acompañamiento, aunque resaltó que la entidad acompañó las 52 consultas mineras, y que dan fe de que los pobladores están en desacuerdo con la actividad.

«Aunque en las comunidades se reconoce que hubo generación de trabajo y mejoras en sus pueblos, sus condiciones de vida son iguales y su entorno natural fue severamente dañado», remarcó el funcionario.

Las argumentaciones

El Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), por medio de su director Yuri Melini, informó a Siglo.21 que esa entidad presentará argumentaciones jurídicas en las últimas horas de este lunes, pues consideran que el plan de cierre presentado por Montana pasa por alto la responsabilidad en el largo plazo.

«Las repercusiones de la mina se presentarán a 40, 50 ó 60 años mínimo y como está planteado no se incluye un plan de monitoreo de cierre que cubra esos períodos», puntualizó Melini.

Añadió que también exigirán la adquisición de una fianza de largo plazo, como una garantía de fondo para que si, años después, aparecen personas río abajo con cáncer o enfermedades causadas por el drenaje ácido de la mina, se sepa quiénes pagarán los daños.

«Los pasivos mineros se hacen evidentes en el largo plazo, y no dos o tres años después; por lo tanto buscaremos garantizar esos derechos de las poblaciones», subrayó el activista.

Desde su punto de vista, «se supone que cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental debería llevar el plan de finalización y cierre de la mina; sin embargo, por alguna situación fragmentaron el estudio y resulta que no fue así, y aunque presentaron un plan de cierre consideramos que no cuenta con suficientes requisitos».