Faltando apenas tres semanas para las elecciones presidenciales en Guatemala, los candidatos punteros se niegan a hablar en profundidad sobre la minería, tema que en el país ha dividido comunidades e inducido a la violencia.
Por Tjarda Muller publicado por Oxfam
21/09/2011. Faltando apenas tres semanas para las elecciones presidenciales en Guatemala, los candidatos punteros se niegan a hablar en profundidad sobre la minería —tema que en el país ha dividido comunidades e inducido a la violencia— en un foro presidencial dedicado exclusivamente a la minería y la extracción de petróleo.
Un día antes del debate del pasado 23 de agosto, en un foro general, se tocó el tema brevemente. En ese debate, los tres punteros en la carrera hacia la casa presidencial (Otto Pérez del partido PATRIOTA, Manuel Baldizón de LÍDER y Eduardo Suger de CREO) no llegaron más allá de afirmar que las regalías que las empresas mineras pagan al estado por la extracción de minerales —actualmente apenas un uno por ciento (1%)— debieran aumentar; mencionando los diferentes candidatos porcentajes de 35, 40 y 50 porciento. Los tres opinan que la minería es una opción para el desarrollo del país, siempre y cuando se haga de una manera correcta controlando algunas variables, especialmente las ambientales y las sociales. El Sr. Baldizón enfatizó que la minería podría darse en Guatemala siempre y cuando se prohíba el uso de técnicas peligrosas como el uso de cianuro y se manifestó en contra de la minería química de metales.
Mientras un porcentaje más alto en regalías sería un paso en la dirección correcta y la prohibición del uso de cianuro sería aún mejor, en el debate sobre minería organizado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), su Director General Yuri Melini argumentó que en realidad se trata de una democracia participativa; el derecho a saber y el derecho a decidir de la población.
Hasta la fecha, se organizaron consultas populares en 58 municipios en territorios con proyectos de exploración o explotación minera en sus territorios. 98% de esa población, más de 840,000 personas, se expresó en contra de la minería. El gobierno actual sin embargo, no ha reconocido estas consultas y, al parecer, los candidatos actuales tampoco tienen la intención de hacerlo.
Harold Caballeros del partido VIVA, único candidato presidencial que asistió al debate, hizo un llamado al diálogo para que “todos los guatemaltecos decidamos” sobre si debe desarrollarse la minería o no en el país. Sin embargo al poner sobre la mesa el tema de las consultas populares, se niega a aceptarlas argumentando que hace falta mejor reglamentación, ya que la Constitución da un texto y la normativa internacional, por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, da otro.
Monseñor Ramazzini, obispo de San Marcos, departamento donde se ubica la controversial mina Marlin, comparte la visión de que no hay que crear un estado dentro del estado, pero es de la opinión de que cada gobierno y cada candidato presidencial debería tratar el tema de la autonomía de los pueblos indígenas. “Porque es un tema que viene… Viene un posible conflicto…” afirma Ramazzini. “Se han hecho ya 58 consultas. Lo lógico para mi es que hagan caso a esas consultas comunitarias y punto. Para mí, no hay vuelta de hoja… La única manera de callar a esas voces es a través de la fuerza, pero eso lo único que genera es más resentimiento.”
Caballeros afirma que en Guatemala rige un clima de corrupción y diputados vendidos, reconoce la herencia cultural del país y la necesidad de resolver el tema de la tierra, que ha traído mucha conflictividad a la sociedad. Según Caballeros, Guatemala necesita una nueva apuesta social. Para ello menciona ideas como una empresa privada pública, del cual se vendería acciones de tal forma que los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) y comunidades podrían tener acceso, crear cooperativas para tratar el tema de la tierra y la necesidad hacer reformas al sistema electoral.
Mientras tanto, la mina Marlin sigue operando a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2010; y las comunidades siguen siendo divididas y plagadas de violencia y los pueblos indígenas sin ser tomados en cuenta.
Días después del foro, Yuri Melini, moderador del evento y Director General del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), recibió una amenaza de muerte.
