La Compañía Guatemalteca de Níquel y sus propietarios, canadienses antes y rusos ahora, se aprestan a iniciar la explotación de la reserva de 41.4 millones de toneladas del mineral en Izabal, que a los precios de este año podría representar al menos US$500 mil millones de dólares en el próximo medio siglo. Si para eso tienen que desalojar a 15 comunidades q’eqchís con intimidaciones y artimañas legales o impedir que reporteros se acerquen a los campesinos bajo amenazas de AK47, será sólo parte del plan de expansión.
Fuente: Plaza Pública
21/09/2011. La carretera de acceso, cerrada. “Carretera privada”. “Ingresa bajo su cuenta y riesgo”. “Transitar por esta carretera no genera ningún derecho”. Estos son los lemas que cualquier persona que quiera visitar la Comunidad Las Nubes por su cuenta se encuentra a escasos centenares de metros de la planta de la CGN. El Estado no ha recibido un centavo de estas transacciones sobre sus recursos naturales que han oscilado entre US$170 y US$396 millones. Una reforma fiscal integral podría haber otorgado al fisco unos US$70 millones por concepto de IVA al 12 por ciento.
El “esparcid el verde y el amarillo” del maíz para la riqueza y el bienestar que fue lanzado por Miguel Ángel Asturias en tiempos de la Revolución de Octubre, parece tener un “esparzan el rojo” del níquel como contestación de la minera en El Estor, Izabal, desde el año 2004. Ese diciembre obtuvieron la concesión para explotación minera que estaba detenida por los bajos precios del níquel en los años 80. Empezaron a desalojar a los campesinos de las comunidades colindantes con la mina desde 2007.
Con la compra de la compañía este año por la empresa rusa Solway por US$170 millones, los precios de níquel elevados (US$20,000 la tonelada) por la demanda china para acero inoxidable y la construcción de teléfonos celulares, las acciones de la mina que eran propiedad del Estado vendidas casi en su totalidad a la empresa y la comunidad tragada por unos sospechosos cambios en los linderos de la propiedad de la transnacional, el asunto parece una carretera asfaltada a punto de ser inaugurada. Esto si el próximo gobierno no renegocia las simbólicas regalías de 1 por ciento que recibe el Estado de Guatemala y resuelve el entuerto de la propiedad de la tierra en el lugar.
El Fénix
Trasunto del mítico pájaro que renace de sus cenizas, el proyecto minero que mantiene físicamente encerrados a los habitantes de la comunidad Las Nubes y está a punto de expulsarles de sus tierras se llama Proyecto Fénix. Un proyecto que, como el mítico ave, se anuncia para detenerse, renacer y volverse a detener.
Su historia parece de otro tiempo. Concesiones oscuras, política, transnacionales, información privilegiada, propiedad de la tierra, mapas en entredicho, pobreza y violencia. En 1977 la Compañía Guatemalteca de Níquel construyó la planta de níquel de El Estor. Desembolsó entonces por ella US$238 millones de dólares. Apenas cuatro años más tarde, en 1981, la cerró. El bajo precio del mineral y el alto precio del combustible no hacía rentable su exploración.
El yacimiento de níquel de El Estor, en las orillas del Lago Izabal, acumula ya más de dos décadas de retrasos, anuncios, exploraciones y someras explotaciones. Convertido en moneda de cambio, importantes plusvalías mediante, para quienes negocian con él. Que no son pocos. Pero nunca campesinos. En este proyecto, como en tantos otros, el Estado guatemalteco ha obviado el proceso de consulta a los pueblos originarios que recoge el artículo 169 de la Convención de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas respecto a la tierras que habitan y de las que dependen para vivir.
En 2004, tras 24 años de inactividad, y mientras el gobierno de Óscar Berger renunciaba durante toda su legislatura a hacer efectiva la opción de compra de acciones y participación por parte del estado en el proyecto, paralizado, la compañía canadiense Skye Resources compró el Proyecto Fénix. Con él, la Compañía Guatemalteca de Níquel, que tiene licencia para explorar y explotar 248 km2 de terreno pertenecientes a la provincia de Izabal.
El cable estadounidense 04GUATEMALA3211, del 17 de diciembre de 2004, clasificado como confidencial y filtrado por WikiLeaks a Plaza Pública, deja entrever ciertos arreglos fuera del público entre el gobierno de Berger y la minera canadiense. “Con la atención anti-minería enfocada en el Occidente y en San Marcos, la canadiense Skye Resources anunció en Vancouver el 14 de diciembre que había ganado la concesión de níquel de la empresa Exploraciones y explotaciones mineras en Izabal (Exmíbal). Skye aparentemente se robó la salida: (Carolina) Roca (viceministra de Energía y Minas entonces) nos contó que el anuncio local sería el 16 de diciembre.
Skye Resources ubicó su sede en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal del Caribe, beneficiándose de una importante exención de impuestos -no pagan IVA- y en Guatemala pudo aprovechar la modificación de regalías –que cobra el Estado por explotar un recurso natural– de a penas 1 por ciento de las ganancias, el más bajo del planeta. El gobierno de Berger, pese a sus esfuerzos públicos, nunca aterrizó en una reforma a la ley de minería.
La tasa promedio de regalías mineras en Canadá, país de origen de las empresas que trabajan en Izabal, es del 12 por ciento. Para nada son las más altas. Una comparativa realizada para el Ministerio de Economía de Perú por el académico James Otto en 2002 muestra tasas de regalías que van desde el 26 por ciento que aplica Suecia hasta el 63 por ciento de la provincia canadiense de Ontario.
Cuatro años más tarde, en 2008, la empresa Hudway, canadiense, la compró por US$396 millones. Que a su vez, el pasado 5 de agosto, anunciaba la venta del Proyecto Fénix a la empresa rusa Solway por $170 millones de dólares tras haber realizado, según informan, una inversión en el mismo de $212 millones.
Compañía Guatemalteca de Minas, Skye Resources, Hudway y ahora Solway. Cuatro propietarios en 34 años, para un área de 248 km cuadrados registrados. Según la página de la CGN, paga anualmente Q123 mil desde 2004 por canon de superficie. Sumado al Impuesto Único Sobre Inmueble.
Según el anuario estadístico minero guatemalteco de la Dirección General de Minas, la producción de níquel en el año 2010 es inexistente. Cero. Igual que en 2009. Y así hasta el 2006. El país no ha exportado ni un gramo de níquel en los últimos cinco años. Y por lo tanto el Estado no ha recibido un centavo de estas transacciones sobre sus recursos naturales que han oscilado entre US$170 y US$396 millones. Una reforma fiscal integral que incluya impuestos sobre transacciones de bienes guatemaltecos en el extranjero podría haber otorgado al fisco unos US$70 millones por concepto de IVA de 12 por ciento.
La tierra y el proyecto se compran con comunidades incluidas
A mediados de 1999, cuando el proyecto llevaba ya 19 años paralizado por falta de rendimiento económico, un grupo de familias q’eqchís de El Estor se instalaron en la tierra roja y fundaron la comunidad Las Nubes. Emprendieron camino montaña arriba, “buscando comida” según explica Marcos R., el secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo local. “En el Estor, el que vive sin tierra ni dinero, pasa hambre. Aquí, por lo menos, podemos plantar maíz”. En pequeñas cantidades. Quien más tiene, no llega a cinco manzanas.
Quince comunidades q’eqchís se ubicaron en tierras que según el estudio del Registro de Información Catastral (RIC) pertenecen al Estado. Aunque parecen más estar enjaulados por la minera. La Compañía Guatemalteca de Níquel hace lo que puede para evitar que los habitantes de Las Nubes reciban visitas. Nos lo presentaban fiero e incluso peligroso. Ya se sabe, en Guatemala, dependiendo de a quien se le pregunte, los campesinos son el auténtico problema. Por el contrario, Marcos R., una vez que conseguimos llegar hasta él, lo describe de la siguiente manera: “somos prácticamente prisioneros de La Compañía, pidiendo permisos, con el paso a la comunidad cerrado cuando ellos deciden, teniendo que acceder siempre por caminos traseros, intransitables, peligrosos, que se cierran cuando llueve y nos dejan encerrados”.
El hostigamiento no termina aquí. “Nos sacan fotos, nos denuncian continuamente y nos acusan de invasión. Nos crean muchos problemas”. Efectivamente, según fuentes de la Compañía Guatemalteca de Níquel, la que pretende extraer el níquel de las tierras rojas de Izabal, existen 2,100 denuncias interpuestas por la empresa contra los habitantes de las comunidades. Casi todas por robo de madera.
No adelantemos acontecimientos. Pedimos indicaciones en El Estor para llegar a la Comunidad de las Nubes. “No habla castellano”, nos responden por la calle antes de localizar la sede de las dos únicas organizaciones que trabajan en una zona con un 90 por ciento de población q’eqchí.
En Raxché, la primera de ellas, comienza la maniobra de la dilación. Varias pegatinas que rezan “orgulloso de ser minero” sacan de dudas. Se trata de una Fundación dedicada a impulsar la autogestión de las comunidades creada por la propia empresa minera. Que distribuye en sus oficinas los folletos de sensibilización realizados por la ONG. Facilitar la comunicación con las comunidades afectadas no parece ser parte de la autogestión de las mismas para esta ONG.
“Queremos visitar la Comunidad de Las Nubes”, solicitamos allí. “Buscamos a alguien que pueda acompañarnos”, añadimos. “Eso no es posible”, responden. Y aclaran “sólo se puede acceder allí a través del Departamento de Relaciones Comunitarias de la CGN. Deben ir a informar de su presencia en El Estor”.
Rubén Ora, responsable de este Departamento, que nos cita en su despacho a través de la seguridad de la compañía con el objetivo de gestionar nuestra visita, sale de su oficina apenas cinco minutos después de convocarnos. “Tardará horas en regresar”, indica amablemente su secretaria. Imposible obtener la versión de la minera, con excepción de la del jefe de seguridad.
“Transitar por esta carretera no genera ningún derecho”
La carretera de acceso, cerrada. “Carretera privada”. “Ingresa bajo su cuenta y riesgo”. “Transitar por esta carretera no genera ningún derecho”. Estos son los lemas que cualquier persona que quiera visitar la Comunidad Las Nubes por su cuenta se encuentra a escasos centenares de metros de la planta de la CGN. Una garita de seguridad, un guardia, una valla y carteles que, por si alguien no sabe leer son inmediatamente explicados por tres hombres que se bajan de un picop y antes de presentarse o identificarse, solicitan la documentación de los periodistas para fotografiarla. “Pidan permiso, no más”. Parece simple, aunque ya hayan fracasado los dos primeros intentos. “Acompáñennos”.
Hasta la entrada de la factoría de níquel. Allí, Otto Ríos, su responsable de seguridad de la CGN, amable pero firme, continúa con la dilación. “Habría que rellenar esta solicitud y enviarla a la capital. Mientras tanto, no pueden ustedes pasar”. Lo que, en vista de que cada persona se inventa un nuevo requisito a cumplimentar para visitar la Comunidad de Las Nubes, viene a significar algo así como “no van a entrar”. Leer el documento impresiona: “La persona que use este camino (…) será el único responsable de las lesiones que pudieran ocasionarse (incluida la muerte)”.
-Señor Ríos, entendiendo que la tierra y la carretera que lleva a Las Nubes son, aparentemente, de la Compañía, y usted tendría acceso a restringir el acceso. Pero si pasamos caminando con el objetivo de llegar a la comunidad, bajo nuestra responsabilidad, tampoco puede impedírnoslo, le decimos al presentarnos como periodistas.
-Los comunitarios, los depredadores de la tierra de la Compañía, son peligrosos. Alguien podría dispararles con AK47 mientras caminan. Es muy peligroso. Yo le advierto, responde el jefe de seguridad.
-¿Se trata de una amenaza?
-No confunda mis palabras. Mi ética me lo impediría. Sólo les estoy advirtiendo de lo que puede suceder porque ya ha sucedido. Yo que ustedes no iría. Regresaría a la capital y coordinaría a visita con la compañía, responde el jefe de seguridad de CGN.
Los reporteros de Plaza Pública emprenden camino. Hacia Las Nubes. Por supuesto, nadie nos disparó. Según Juan Guillermo Tzub, director de la Asociación Estoreña para el Desarrollo (AEADI) y acostumbrado a trabajar con las comunidades de la zona, “para algunas personas, específicamente para los líderes campesinos, las amenazas son algo habitual”. Añade que la violencia por parte de los comunitarios es un argumento falso. “La empresa siempre trata de que la culpabilidad recaiga en el pobre, en la víctima”.
Mapas y tierras que se estiran hasta ser parte de la minera
Las Nubes es sólo la más cercana de las 15 comunidades q’eqchís de la zona. Aquella a la que se puede llegar en picop tras casi una hora de asenso. Al resto sólo se puede acceder tras caminatas de varias horas. Las Nubes se sitúa, según los mapas de la compañía, directamente sobre los mantos 1 y 2 de níquel. Y su propiedad depende de la información del Registro de Información Catastral, una información que debe ser validada por la justicia. Según un informe elaborado por la embajada noruega en 2008, “cada vez que el RIC encuentra una discrepancia sobre el terreno, éste se queda sin registrar, esperando una decisión judicial que raramente ocurre”.
Así es como cada parte implicada, campesinos y compañías, continúa anclada en la controversia. Mientras los campesinos de Las Nubes le reclaman al Fondo de Tierras la inscripción de los lotes que trabajan, sólo reciben el silencio por respuesta. No es extraño. “Los propietarios a gran escala aceptan el statu quo porque su propiedad se cuestionaría si se investigase como se adquirió, entrando en cuestiones morales más profundas”, según la versión del informe encargado por la embajada noruega.
En una improvisada reunión, ya en la Comunidad, tras explicarnos las lamentables condiciones en las que se viven sin ningún servicio básico y con problemas alimenticios, Marcos R. y sus compañeros ratifican la versión tanto del informe noruego como del realizado por el RIC. “Las familias se establecieron en el lugar que conocemos como La Brecha que, de ninguna manera la ha pertenecido nunca a nadie diferente del Estado guatemalteco. Posteriormente fuimos plantando algunas manzanas de maíz siguiendo el río. Necesitábamos agua. Ahí surgió el conflicto”.
La comunidad se encuentra en tierras que aparecen registradas a nombre del Estado. Que dependen del Fondo de Tierras. A partir de aquí, la realidad del país se impone. “Los técnicos enviados por la empresa mueven los lindes a su gusto. pagan ingenieros, modifican planos, imponen sus puntos de vista y generan la confusión” explica Marcos R. “La tierra no es hule, no se mueve ni se estira, nosotros llegamos aquí por un acuerdo con el Fondo de Tierras y ahora viene alguien, pone el dinero encima de la mesa y lo modifica, dejándonos indefensos”.
Los informes del RIC añaden un concepto técnico que corrobora la explicación del campesino. “Excesos de registro”. Esto es, fincas que aparecen registradas en una superficie que supera hasta en un 36 por ciento su extensión física real. Folios de inscripción desparecidos de los libros registrales, fincas con propiedades duplicadas, o fincas cuyos mapas en controversia tienen miles de metros de distancia entre sí. Uno de los conceptos más interesantes que se descubren es el de “diferencia entre la ubicación física y la ubicación registral”. Lo que Juan Tzub denomina irónicamente “que la tierra se movió para que los mapas se adaptasen al níquel”.
*Este artículo fue publicado en simultáneo por Publico.es en España.
