Organizaciones indígenas amenazan con iniciar una serie de recursos legales y movilizaciones si el presidente Ávaro Colom no cumple con la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de suspender las actividades mineras en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y en San Juan Sacatepéquez.

 

Fuente: diario Prensa Libre
14/04/2010. Carlos Loarca, de la Asociación de Abogados Mayas, señaló que la OIT exigió el martes al Gobierno que se suspendan las operaciones mineras mientras se efectúa un nuevo estudio de impacto ambiental, en el cual se incluya la opinión de las comunidades y a la vez se modifique la Ley de Minería.

Loarca señaló que el 2 de marzo pasado la organizaciones indígenas, a través de Convergencia Maya, hicieron llegar al mandatario, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, una petición formal y si para el viernes de este semana no hay un pronunciamiento del Presidente, la semana próxima empezarán las acciones legales y de hecho.

Carlos Poyón, del Movimiento de Jóvenes Mayas, agregó que al otorgar licencias de explotación minera sin consultar a los pueblos indígenas se les está discriminando y por tanto es un acto de racismo.

Juana Batzibal, de Convergencia Maya, destacó que al haber ratificado Guatemala el Convenio 169 de la OIT se comprometió a respetar sus disposiciones.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, consultada al respecto, indicó que se desconoce el proceso de la solicitud planteada por las agrupaciones indígenas.

Entre tanto, Jorge Mario Sandoval, asesor jurídico de Montana Exploradora, S.A., propietaria de la mina Marlín en San Miguel Ixtahuacán, comentó: “Consideramos que el derecho de petición de estas agrupaciones se encuentra estipulado en la Constitución; sin embargo, no se puede exigir aspectos que se encuentren fuera del marco de la ley nacional y que vayan en contra de derechos adquiridos legítimamente por los inversionistas, mientras no se regule de manera adecuada los procedimientos y alcances que tendrá el Convenio 169 para Guatemala”.

“Montana reitera su compromiso de ser respetuoso con lo que estipulen las leyes, y sobre todo valoramos especialmente los derechos de los pueblos indígenas; Montana desde el inicio de sus operaciones en Guatemala ha expresado su genuino interés en realizar su labor empresarial en el marco de la productividad, la generación de empleo y el absoluto respeto a los derechos humanos, laborales y ambientales”, agregó.