La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima magistratura del país, solicitó estudios antropológicos y ambientales a una universidad pública y otra privada para determinar el daño a la naturaleza y la existencia de la etnia xinca en los municipios aledaños a la Mina San Rafael.
Fuente: Contacto Hoy
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En una conferencia de prensa, el secretario del Constitucional, Martín Guzmán, indicó que los magistrados aún no contaban con la resolución de si debe o no volver a operar mientras se realiza una consulta obligatoria a la población indígena xinca que presuntamente habita las comunidades alrededor del proyecto extractivo.
En 2012, los siete poblados alrededor del proyecto realizaron una consulta comunitaria “libre e informada” cuyo resultado fue un 98,2 por ciento en contra de la operación del proyecto El Escobal de la Minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, el cual no fue vinculante a nivel legal.
Guzmán dijo este miércoles que los magistrados solicitaron “más insumos” para resolver una decisión que calificó de “compleja”, por lo que pidió estudios antropológicos del municipio San Rafael Las Flores, en el oriental departamento suroriental de Santa Rosa, a las universidades de San Carlos (autónoma) y Del Valle (privada) para comprobar la existencia de los xincas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los gobiernos acerca de proyectos que tengan un impacto en su comunidad.
El Constitucional también requirió además una “opinión versada, en forma separada” a cada una de las dos universidades, sobre si las medidas de mitigación provistas por la entidad minera son “suficientes” para “evitar la contaminación de las aguas superficiales y del medio ambiente en general”, mencionó Guzmán.
Este jueves las partes del proceso, tanto como los centros de estudio, serán notificadas para que puedan cumplir con lo requerido “en un plazo prudente”.
El portavoz de Minera San Rafael, Andrés Dávila, lamentó la disposición del máximo tribunal, pues advirtió a la radio local Emisoras Unidas que “mucho de lo indicado hoy ya obra en los más de 700 folios del expediente, por lo que nos preocupa que esta solicitud atrase una decisión que le cuesta diariamente al país 5,1 millones de quetzales que dejan de entrar a la economía nacional”.
Por su parte, el asesor jurídico del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), Rafael Maldonado, dijo al mismo medio que era “adecuado” que se haya emitido dicho fallo, pues Minera San Rafael “tiene un proceso en la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente por contaminación industrial del agua desde el año 2012”.
La resolución del Constitucional también pide al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que remita al ente el “instrumento de evaluación ambiental aprobado por el ministerio, sobre el proyecto exploración solicitado por San Rafael”, mencionó el portavoz del tribunal, Santiago Palomo Vila.
El pasado mes de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender temporalmente las operaciones al no haber consulta previa, pero esa decisión fue apelada ante el tribunal Constitucional por la minera y la máxima instancia jurídica no ha resuelto el caso.
La Cámara de Industria de Guatemala presentó a principios de febrero un memorial pidiendo a los magistrados que emitan una sentencia por este caso.
Debido a esta situación de incertidumbre, la compañía rescindió el contrato a 250 trabajadores el mes pasado, con la intención de recontratarlos cuando se resuelva la situación.
Según información de Tahoe Resources, El Escobal es considerada una de las más grandes del mundo y cuenta con reservas por 23,7 millones de toneladas y unas 267,5 millones de onzas.
