Pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, miembros de la Resistencia Pacífica La Puya, denunciaron hoy que ese proyecto minero continúa funcionando pese a la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.

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Fuente: Prensa Latina
Campesinos organizados en esos municipios del departamento de Guatemala agradecieron la decisión unánime de los magistrados contra la operadora Exploraciones Mineras S.A., filial de la estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA), más reclamaron una acción contundente para evitar que esta siga explotando el oro de la zona.

La CC amparó la reclamación de la organización civil Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas) en rechazo a los recursos contrarios presentados por la empresa y el Estado, y ordenó detener temporalmente la actividad extractiva en el área, que por años suscitó las protestas de los campesinos y hasta el establecimiento de campamentos improvisados frente a la sede del Ministerio de Energías y Minas (MEM).

Desde el 11 de noviembre de la licencia de actividad fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero el programa extractivo se mantuvo y ello llevó a la acción de protesta en medio de la cual presentó su renuncia el titular de esa cartera de Gobierno Juan Pelayo Castañón.

El funcionario, quien adujo problemas de salud para salir del cargo, devino el segundo de los miembros del equipo de Jimmy Morales que dimite tras la exministra por 11 días del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sherry Ordoñez.

Acorde con lo resuelto este viernes por la CC de Guatemala la revocación de la suspensión está supeditada a los resultados de la consulta que debe hacerse a los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

«El Estado de Guatemala, por medio del MEM, podrá hacer recobrar la vigencia de la licencia de explotación minera en el momento en que realice y concluya, a la brevedad posible, el procedimiento de consulta previa e informada», especifica la resolución.

El secretario de la CC, Martin Guzmán, declaró a periodistas que este proceso deberá realizarse en un tiempo prudencial, en apego a lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, consideró un avance la suspensión temporal de la licencia para la explotación de la mina de La Puya pero pidió al MEM «el cumplimiento estricto de lo resuelto por la Corte».

A su vez llamó a respetar «la integridad personal y la vida de todas las personas que en ejercicio de sus libertades y derechos defienden su territorio» en Guatemala, donde existen unas 51 empresas de exploración y 292 de explotación de metales minerales, no minerales y de construcción, según el lma/MEM.